El Departamento de Hacienda ha interceptado $14.6 millones de los $1,200 del incentivo de estímulo federal por la emergencia de la COVID-19 a unas 12,651 personas que, aparentemente, tienen una deuda de pensión alimentaria con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

“La cantidad interceptada de los pagos de impacto económico por deudas con ASUME al día de hoy asciende a $14,660,040 a 12,651 personas”, indicó a Primera Hora la portavoz de prensa de la agencia, Vilmar Trinta.

El paquete de estímulo económico incluido en la Ley CARES incluye un incentivo de $1,200 para personas que devenguen $75,000 o menos al año y $2,400 para matrimonios que ganen $175,000 o menos al año. Además, incluye $500 por cada menor de edad dependiente.

Hasta el momento Hacienda ha desembolsado $1,128,771,396 ($1.1 billones) a cerca de 700,000 personas, agregó Trinta. Desde el viernes 2 de mayo se comenzaron a enviar los pagos a los contribuyentes que llenaron planillas en 2019 y que habían provisto a la agencia la información sobre sus cuentas bancarias. Hoy se anunció que unos 33,183 contribuyentes de 2018 recibieron el incentivo sin tener que entrar su información bancaria. El total de fondos desembolsados esta tarde fue de $47,789,008.

Ante las retenciones de Hacienda a alegados deudores de ASUME surgieron denuncias de ciudadanos que alegan ilegalidad en la intercepción. Sostienen, además, que han hecho reclamaciones a la administración -adscrita al Departamento de la Familia- pero las mismas no son respondidas.

Recientemente Primera Hora cuestionó sobre el tema la subadministradora de ASUME, Stephanie García, quien aclaró en primera instancia que la determinación de tener del estímulo económico federal del CARES Act las deudas provenientes de pensiones alimentarias no es del Departamento de Hacienda ni del Departamento de la Familia, sino del Tesoro Federal cuando aprobó la ley. Indicó, incluso, que el DF recibió unas ordenes administrativas federales que establecen que “ninguna jurisdicción tiene la discreción de no retener ese dinero del estímulo federal.

La Administración tiene actualmente 206,383 casos de pensiones alimentarias. García dijo que no todos los deudores son contribuyentes que pudieran verse afectados con el pago de estímulo federal. Ese cálculo es impreciso, al momento.

La funcionaria sugirió que cualquier reclamación se debe hacer a través de la plataforma de servicios personalizados accediendo www.asume.pr.gov. Allí, los participantes deben registrarse y realizar solicitudes que van desde objeciones hasta solicitar balance de duda, solicitar estatus de un caso o llenar formularios para solicitar planes de pago o revisiones de pensión.

Señaló que las reclamaciones deben ser verificadas con el expediente del caso y en caso de que se adjudique que hubo una retención errónea “tendría que hacerse un acercamiento con la persona no custodia que recibió (el dinero de la pensión alimentaria)”. “Pero primero hay que establecer el debido proceso de ley y establecerse que sí hubo error”, agregó.

Aseveró que desde enero- mes que se implementó la plataforma de ASUME- se han recibido 9,327 referidos y de estos al 86% se les ha provisto respuesta. Aseguró que muchas de las solicitudes se han atendido de manera virtual desde que comenzó la cuarentena impuesta por el gobierno el 16 de marzo. Se precisó que la administración ha recibido 956 referidos similares a las que ha realizado Guillermo a través de la plataforma “con alegaciones de que la deuda existente es incorrecta”. Las razones varían e incluyen casos “en que se han realizado pagos directamente a la persona custodia y no se había notificado a la ASUME con anterioridad, cambios de custodia física y modificaciones realizadas en otras jurisdicciones donde la ASUME no figuraba como parte del caso”.

La funcionaria dijo que en términos generales las personas no custodias, es decir los que deben pasar pensión alimentaria, cumplen con su responsabilidad de pagos.

“Tenemos muchos que sí cumplen aun con estas situaciones de crisis económica que estamos atravesando. Pudiera decir que tenemos un porciento de padres y madres que sí son responsables y cumplen con su responsabilidad”, dijo.

Aun así recordó que paralelo a la crisis de salud pública se ha desarrollado una crisis económica que pudiera estar afectando a algunas personas no custodias. A estos los instó a que consulten la situación en la plataforma de ASUME donde pueden pedir una modificación de pensión o un plan de pago. Expresó, además, que medidas discrecionales que se utilizan para impulsar el cumplimiento de pagos de alimentos a menores fueron suspendidas por 90 días. Entre estas se incluye referir casos a la Administración de Tribunales y las vistas de desacato “quedaron suspendidas”. Al momento, 30 personas no custodias han solicitado plan de pago a ASUME a través de su plataforma.

La ASUME fue adscrita al Departamento de la Familia en virtud del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995 y la Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994. Su misión, según se desprende del portal de la agencia, es promover la justicia social, asegurando que los padres, madres y personas legalmente responsables cumplan con su obligación de proveer sustento a los menores de 21 años.