Por entender que no se ajusta a la necesidad real, ejecutivos del Departamento de Hacienda (DH) reiteraron este jueves su rechazo a un proyecto de ley que le añadiría a su plantilla, al menos, mil empleados de otras agencias para que se desempeñen en las labores de fiscalización y cobro del Impuesto sobre las Venta y Uso (IVU) y otros gravámenes. 

Juan Vaquer, asesor legislativo y municipal del DH, y Víctor Pizarro, secretario auxiliar de Rentas Internas, reconocieron ante la Comisión cameral de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro que la agencia necesita reforzar su personal, pero advirtieron que esa carencia no puede suplirse fácilmente, pues requieren empleados altamente especializados. 

“Ciertamente, lo que le hace falta al departamento, en términos de recursos humanos, quizás añadir algún personal, pero personal altamente técnico, no personal que, quizás, sea transferido de otra entidad que no tenga pericia en el Código de Rentas Internas”, indicó Pizarro durante una vista pública en la que también estuvo acompañado por Vivian Donato, secretaria auxiliar de Recursos Humanos.

El secretario auxiliar de Rentas Internas indicó que la mayoría de los auditores que laboran actualmente en el DH son nivel 1, lo que significa que son de reciente contratación y que tienen menos experiencia. Algunos puestos, como los agentes de rentas internas adscritos al Negociado de Impuesto al Consumo (NIC) tienen clasificaciones entre el 1 al 7. 

El funcionario estimó que, si el proyecto se convierte en ley, los empleados que sean transferidos desde otras instrumentalidades públicas tendrían que ocupar esas posiciones, en las que al presente no existe necesidad. 

“Si nos referimos a empleados de los más altos niveles de capacitación, tuviésemos que buscar en la industria gente que se haya dedicado a administrar el Código de Rentas Internas y que haya tenido una experiencia profesional previa en estos asuntos. En estos momentos específicos, la necesidad imperante de personal es ese personal altamente técnico, que lo perdimos por las leyes de retiro temprano y por la Ley 7” de emergencia fiscal, indicó Pizarro a preguntas del representante Jesús Santa, presidente de la comisión cameral.

Vaquer, por su parte, reconoció que el DH tiene problemas para retener personal y para atraer empleados del sector privado debido a las escalas salariales de sus ejecutivos.

“Se puede reclutar, pero una vez van aprendiendo, o se van a la empresa privada o a otras agencias o corporaciones públicas”, subrayó el asesor.

El Proyecto de la Cámara 1159, de la autoría del representante José Rodríguez Quiles, ordenaría a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) a adiestrar a los cerca de 1,000 empleados del gobierno central y municipal que sean transferidos. 

Los ejecutivos del DH puntualizaron que es esa agencia, y no la OCALARH, la que debería realizar los adiestramientos debido a la naturaleza especializada de sus funciones. Igualmente, recomendaron que no se fije una cifra específica de funcionarios a ser transferidos, sino que se establezca que el número será a base de la necesidad real. 

Vaquer destacó también que el personal tendría que encargarse únicamente de la fiscalización del impuesto al consumo, pues aclaró que no es el DH, sino el fideicomisario de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) la que cobra esa contribución.

Vaquer también recomendó a la comisión legislativa que detenga cualquier movida de personal al amparo de esa pieza legislativa o de otro mecanismo similar hasta que la Oficina de Gerencia y Presupuesto culmine el plan de traslados entre agencias que elabora según dispuesto por la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66-2014).

El DH ya se había expresado en contra de la medida legislativa mediante una ponencia presentada en agosto de 2013.