Guillermo Martínez está frustrado con el gobierno luego que lo incluyeran entre el grupo de las 1,169 personas a las que el Departamento de Hacienda le interceptó los $1,200 de estímulo federal por la emergencia del COVID-19 pues se le acusa de tener una deuda de pensión alimentaria con la Administración del Sustento de Menores (ASUME), aun cuando un par de meses tratando de demostrar que ha pagado como corresponde la manutención de su hijo de 10 años.

La semana pasada cuando muchos celebraban que se les había depositado el pago de Impacto Económico, Guillermo revisó su cuenta bancaria. En efecto, era uno de los beneficiarios, pero en lugar de $1,200 recibió sólo $310. Confundido entró al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) de Hacienda en el que se detallaba que parte de la ayuda económica ($890) había sido interceptada por concepto de una deuda con ASUME.

“El nene no tiene culpa ni la mamá tampoco. Amo a mi hijo, siempre he sido un padre responsable, quiero seguir pagando la pensión como siempre he hecho, pero esto es injusto y el problema es el sistema y la inacción de las agencias cuando se hace el reclamo y han pasado dos meses y no resuelven la situación” -Guillermo Martínez

-

A Guillermo se le adjudican deudas de las mensualidades de manutención ($330 por cada mes) correspondientes a enero y febrero, para un total de $660; y un balance pendiente de abril ($230) cuando al estar desempleado abonó solo $100 a la cuenta donde llega el dinero de alimentos para su hijo.

El hombre -que fue cesanteado temporalmente como empleado del restaurante Doña Ana, en Bayamón, a causa de la crisis suscitada por la pandemia del coronavirus- presentó evidencia a Primera Hora de haber pagado mediante depósito a una cuenta de cheques de la madre de su niño los $660 que le está cobrando ASUME. También mostró el pago abonado de $100 que hizo en abril, cuando dejó pendiente un balance de $230 que se disponía a pagar con el dinero que recibiría del reintegro de planillas de contribuciones.

Pero fue ahí que surgió su primera pesadilla cuando en abril recibió una alerta de que el dinero correspondiente a su reintegro había sido depositado con un descuento de $660 por la deuda que ya había sido reclamada el 27 de febrero en la oficina regional de ASUME, adscrita al Departamento de la Familia, en Bayamón. En lugar de $1,122 al hombre se le pagó un reintegro de $462. Inmediatamente, hizo un reclamo a la agencia a través de correo electrónico pues ya el gobierno estaba bajo las órdenes de un toque de queda.

“Ni siquiera pasa un mes de lo del reintegro y, por segunda ocasión, vuelven a descontarme esa misma deuda inexistente de $660 más los $230 del balance pendiente de abril pero de la ayuda federal (provenientes de la Ley CARES Act). En el peor de los escenarios, dándoles el beneficio de que quieran cobrar el balance pendiente, puedo decir que por culpa de ASUME yo no he recibido $1,320 que me corresponden como contribuyente y que necesito con urgencia para atender esta emergencia pues estoy desempleado”, expresó frustrado.

Como parte de sus denuncias, Guillermo ha emitido 11 correos electrónicos reclamando a la agencia que corrijan el error. Las 11 ocasiones ha recibido la misma respuesta en un mensaje automatizado que lee de la siguiente forma: “Estimado ciudadano: Desde el 15 de marzo de 2020, por Orden Ejecutiva la Gobernadora decretó el Toque de Queda y la suspensión de los servicios no esenciales. La ASUME no está brindando servicios completos desde el 16 de marzo de 2020. El 24 de marzo de 2020, se estableció el proceso para un trabajo limitado a través de accesos remotos. En la situación que usted indica, se necesita acceso al sistema mecanizado para poder verificar la información y en estos momentos no lo tenemos disponible. Su referido será atendido tan pronto se reanuden las labores presenciales”.

“El nene no tiene culpa ni la mamá tampoco. Amo a mi hijo, siempre he sido un padre responsable, quiero seguir pagando la pensión como siempre he hecho, pero esto es injusto y el problema es el sistema y la inacción de las agencias cuando se hace el reclamo y han pasado dos meses y no resuelven la situación”, sostuvo.

Guillermo explica que expone su caso públicamente porque entiende que deben haber otros padres o madres pasando su mismo problema.

“Estoy desempleado, desesperado, de brazos cruzados porque tengo que seguir comprando alimentos, pagando renta y cumpliendo con mis responsabilidades y el gobierno retiene un dinero que me corresponde y puede ayudarme en esta emergencia… entiendo que deber haber otras personas como yo, pasando lo mismo y de verdad me parece injusto”, manifestó.

Reacciona la subadministradora de ASUME

Cuestionada sobre el tema la subadministradora de ASUME, Stephanie García, aclaró en primera instancia que la determinación de tener del estímulo económico federal del CARES Act las deudas provenientes de pensiones alimentarias no es del Departamento de Hacienda ni del Departamento de la Familia, sino del Tesoro Federal cuando aprobó la ley. Indicó, incluso, que el DF recibió unas ordenes administrativas federales que establecen que “ninguna jurisdicción tiene la discreción de no retener ese dinero del estímulo federal.

La Administración tiene actualmente 206,383 casos de pensiones alimentarias. García dijo que no todos los deudores son contribuyentes que pudieran verse afectados con el pago de estímulo federal. Ese cálculo es impreciso, al momento.

Sobre las denuncias de Guillermo dijo que el mismo se evaluaría y se comprometía a que mañana (hoy) antes de las 9:30 de la mañana algún oficial de la agencia se comunicaría con el padre no custodio para indagar sobre el caso.

De hecho, sugirió que cualquier reclamación similar se debe hacer a través de la plataforma de servicios personalizados accediendo www.asume.pr.gov. Allí, los participantes deben registrarse y realizar solicitudes que van desde objeciones hasta solicitar balance de duda, solicitar estatus de un caso o llenar formularios para solicitar planes de pago o revisiones de pensión.

“La instrucción es que se le tiene que proveer la respuesta más adecuada y certera a cualquier referido que se haga a través de la plataforma… voy a instruir a que se verifico el caso específico del caballero. Pero aclaro que hay instancias que por la naturaleza de la solicitud necesitamos darle seguimiento una vez tengamos las operaciones de manera presencial… esperamos que eso sea ya próximamente”, sostuvo.

Señaló que las reclamaciones deben ser verificadas con el expediente del caso y en caso de que se adjudique que hubo una retención errónea “tendría que hacerse un acercamiento con la persona no custodia que recibió (el dinero de la pensión alimentaria)”. “Pero primero hay que establecer el debido proceso de ley y establecerse que sí hubo error”, agregó.

Aseveró que desde enero- mes que se implementó la plataforma de ASUME- se han recibido 9,327 referidos y de estos al 86% se les ha provisto respuesta. Aseguró que muchas de las solicitudes se han atendido de manera virtual desde que comenzó la cuarentena impuesta por el gobierno el 16 de marzo. Se precisó que la administración ha recibido 956 referidos similares a las que ha realizado Guillermo a través de la plataforma “con alegaciones de que la deuda existente es incorrecta”. Las razones varían e incluyen casos “en que se han realizado pagos directamente a la persona custodia y no se había notificado a la ASUME con anterioridad, cambios de custodia física y modificaciones realizadas en otras jurisdicciones donde la ASUME no figuraba como parte del caso”.

La funcionaria dijo que en términos generales las personas no custodias, es decir los que deben pasar pensión alimentaria, cumplen con su responsabilidad de pagos.

“Tenemos muchos que sí cumplen aun con estas situaciones de crisis económica que estamos atravesando. Pudiera decir que tenemos un porciento de padres y madres que sí son responsables y cumplen con su responsabilidad”, dijo.

Aun así recordó que paralelo a la crisis de salud pública se ha desarrollado una crisis económica que pudiera estar afectando a algunas personas no custodias. A estos los instó a que consulten la situación en la plataforma de ASUME donde pueden pedir una modificación de pensión o un plan de pago. Expresó, además, que medidas discrecionales que se utilizan para impulsar el cumplimiento de pagos de alimentos a menores fueron suspendidas por 90 días. Entre estas se incluye referir casos a la Administración de Tribunales y las vistas de desacato “quedaron suspendidas”. Al momento, 30 personas no custodias han solicitado plan de pago a ASUME a través de su plataforma.

La ASUME fue adscrita al Departamento de la Familia en virtud del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995 y la Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994. Su misión, según se desprende del portal de la agencia, es promover la justicia social, asegurando que los padres, madres y personas legalmente responsables cumplan con su obligación de proveer sustento a los menores de 21 años.

Hacienda intercepta del incentivo federal cerca de $1 millón a deudores de ASUME

El Departamento de Hacienda ha interceptado los $1,200 del incentivo de estímulo federal por la emergencia de la COVID-19 a unas 1,169 personas que, aparentemente, tienen una deuda de pensión alimentaria con la Administración.

De los pagos de Impacto Económico que se comenzaron a desembolsar desde la semana pasada, Hacienda ha retenido “cerca de $1 millón” por concepto de deudas con la ASUME, confirmó a Primera Hora Vilmar Trinta, portavoz de prensa de la agencia. La cantidad de dinero exacto que ha sido interceptado es de $901.585.69.

El paquete de estímulo económico incluido en la Ley CARES incluye un incentivo de $1,200 para personas que devenguen $75,000 o menos al año y $2,400 para matrimonios que ganen $175,000 o menos al año. Además, incluye $500 por cada menor de edad dependiente.

“Hasta el momento, se han desembolsado $558 millones, aproximadamente para 338,000 familias”, agregó Trinta. En estos primeros pagos se incluyen a los contribuyentes que llenaron planillas en 2019 y que habían provisto a la agencia la información sobre sus cuentas bancarias.