Unas 1,340 personas han sido multadas en Puerto Rico durante las pasadas cinco semanas por no cumplir con la orden de llevar puestas mascarillas -uno de los métodos de prevención impuestos por el gobierno para frenar el repunte de casos de COVID-19-, y del total de sanciones el Departamento de Hacienda había cobrado hasta ayer unas 240 que totalizan un recaudo de $36,900.

Los datos fueron provistos a petición de Primera Hora por personal del Negociado de la Policía, agencia encargada de emitir las multas; y por el Departamento de Hacienda, entidad donde los multados deben emitir sus pagos a través de las colecturías localizadas alrededor de la isla. La policía informó que en el mismo periodo se han multado 131 negocios.

En entrevista con este diario, Jesús Hernández, director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, resaltó que las autoridades mantienen un plan interagencial para emitir penalidades por violaciones a las últimas órdenes ejecutivas firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, donde se dispone que no se permitirán desfiles, caravanas, actividades análogas que promuevan el aglomeramiento de personas y en las que se estipula el uso obligatorio de mascarillas.

“El dinero recaudado a través de las multas es cobrado por Hacienda pero se utilizará para invertir en la misma iniciativa. Para mandar a hacer las libretas de boletos, entre otras cosas”, explicó.

Estas disposiciones están cubiertas en el Reglamento 9210 que fue firmado por González el pasado 21 de agosto, pero que entró en función entre la primera y segunda semana de septiembre, pues hubo que afinar unos aspectos legales sobre el procesamiento de las multas y la emisión de pagos.

El reglamento impone que toda persona que incumpla con las medidas requeridas -incluido el uso de mascarillas en espacios libres o cerrados- incurrirá en una falta administrativa y será sancionado con una multa de $100. En caso de no pagar la penalidad en un periodo de 72 horas, el monto aumenta a $200. Asimismo, los comercios que promuevan la aglomeración de personas recibirán multas de $500.

Hernández sostuvo que mediante las inspecciones que realiza el Departamento de Salud se ha observado mayor cooperación de la ciudadanía respecto a la utilización del cubrebocas y nariz.

“Es un porcentaje bien mínimo el que no lo está utilizando, pero hay que seguir educando”, dijo.

Explicó que donde más infractores se han percibido han sido en aquellos negocios donde tampoco se cumple con la directriz de mantener distanciamiento físico y evitar aglomeraciones.

“Hace poco hicimos un operativo en un negocio que se llama Sabrina operaba mediante clandestinaje… aparentaba estar cerrado en la parte frontal y en la parte posterior tenían casi una discoteca. Aparte que estaban operando a la 1:00 de la mañana lo que implica que estaba fuera del horario decretado de toque de queda (10:00 de la noche), estaban vendiendo bebidas alcohólicas fuera de horas permitidas y permitieron aglomeración de gente que no tenían mascarilla puestas. En sitios así es que vemos la problemática… la gente después de dos cervezas no guardan distancia y con cinco cervezas se quitan mascarillas y se abrazan”, expresó Hernández sobre el lugar ubicado en la calle Loíza, en Santurce. Ese mismo día se ordenó el cierre de Kantares por operar fuera de horas permitidas.

Agregó que sobre el uso de mascarillas también son orientados los turistas que arriban al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“Muchos llegan sin ella puesta y el personal que hay ubicado en el aeropuerto los orienta. A los extranjeros les damos la oportunidad de orientación porque muchas veces no conocen las regulaciones. Pero debo decir que son bien receptivos cuando les explicamos”, indicó.

Manifestó que las estrategias de intervención continuarán mientras el país esté en emergencia por COVID-19.

“Estamos trabajando 18 horas diarias los siete días de la semana. Estamos llegando a cualquier momento a los negocios. Somos un grupo interagencial trabajando en el esfuerzo que busca que los comercios cumplan con las regulaciones de sanidad y que se lleven a cabo los protocolos de salud y seguridad para que no se ponga en riesgo la vida de la ciudadanía”, reiteró.

Invitó a la población a realizar denuncias sobre cualquier situación que entiendan que ponen en riesgo a los ciudadanos a través de mensajes confidenciales en el correo electrónico investigaciones@salud.pr.gov

“Toda la información es revisada y en muchas instancias canalizamos ayuda con los epidemiólogos de los municipios a través del esfuerzo que lleva a cabo la epidemióloga Fabiola Cruz”, expuso.