Las redes sociales vuelven a revolucionarse con una advertencia directa del secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, quien en esta ocasión lanzó la flecha hacia posibles evasores contributivos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en Puerto Rico que acostumbran a comprar propiedades inmuebles “cash” o con testaferros.

“No le sirvo bien a Puerto Rico si desde el Departamento de Hacienda no tomo acción contra el crimen organizado... sepan los testaferros que están retratados y que pasaremos factura”, lanzó a través de diversos mensajes en Twitter el secretario de Hacienda.

Las publicaciones fueron acompañadas de un mapa de la isla y miles de marcas rojas encima de los 78 municipios. “Les comparto la geolocalización de las transacciones identificadas por el Departamento de Hacienda de compraventa en ‘cash’ de propiedad inmueble. Las palabras sobran, nuestras acciones conducirán a favor de un sistema contributivo más equitativo. Se los prometo. No vamos a fantasmear”, tuiteó Parés provocando decenas de reacciones.

En entrevista con Primera Hora, el funcionario explicó que sus expresiones se desprenden de los hallazgos de información que se recopiló a través de una herramienta tecnológica que le permite al gobierno vincular la compra de propiedades inmuebles en la isla con la información que proveyeron los individuos en el negocio (comprador y vendedor) en sus planillas de contribución sobre ingresos. La información bajo la lupa de Hacienda en una primera fase se obtuvo de la compra/venta de inmuebles en Puerto Rico durante el 2021 y parte del 2022.

“Se utiliza información pública, como el número de catastro y propiedad inmueble, y la vinculamos con esos contribuyentes que compraron o vendieron... el cruce de datos nos lleva a ver el mecanismo que utilizó de pago (si fue cheque, ‘cash’ o permuta, que lo más común en esto último es el cambio de criptomonedas) hasta saber dónde se vendió esa propiedad. Esto nos permite evaluar dos cosas: si el que vende lo reporta en la planilla de contribución sobre ingresos; y nos permite indagar si esa persona que compró reportó al Estado en sus planillas la cantidad de recursos suficientes y equivalentes al valor de la propiedad”, puntualizó.

A modo de ejemplo mencionó que si una persona compra “cash” una propiedad en $600,000 y sus planillas de “income tax” reflejan que gana ingresos en niveles de pobreza “pues hay algo que no cuadra y debe ser evaluado por el Departamento de Hacienda”.

“Lo que pretende la agencia es descifrar patrones de consumo y compararlo con lo que reporta ese contribuyente en las planillas. De haber una carencia o si algo anda raro, eso nos permitiría iniciar unas auditorías y enviar unas notificaciones a modo de orientación... en otros extremos podrían haber referidos al Departamento de Justicia o a las autoridades federales, como la DEA (Administración de Control de Drogas) y el FBI (Buró Federal de Investigaciones)”, acotó al agregar que estas entidades tienen conocimiento de las gestiones que realiza el Departamento de Hacienda.

Un testaferro es una persona que presta su identidad para figurar como titular de algún negocio, o en la firma de un contrato (incluyendo compra de un inmueble) que, en realidad, pertenece a otro individuo. La figura del testaferro no es ilegal, a menos que surja para cometer algún fraude.

¿Han surgido referidos al FBI o la DEA sobre estos casos de testaferros que menciona?, se le inquirió.

“No voy a entrar en detalles, pero sí hemos compartido inteligencia, información valiosa para esas instrumentalidades”, se limitó a responder.

A través de la geolocalización ya se han identificado 54,000 transacciones vinculadas. “Esto significa que ya sabemos quién compró, quién vendió y el mecanismo de pago que se utilizó”, aseguró Parés al aclarar que, aunque la agencia lleva meses hilvanando información, aun queda “muchísimo por investigar, analizar y adjudicar”.

Sostuvo que de esas 54,000 transacciones se identificó que en un 9% (4,860) el negocio se concretó con pagos en efectivo. En promedio se trata de propiedades cuyo precio de venta fue de más de $200,000. Sin embargo, el secretario aclaró que también hay inmuebles de hasta $4 millones que se pagaron “cash”.

“No quiero decir que gran parte de ese 9% esté vinculado a una irregularidad porque, probablemente, no es así. Además, no se criminaliza a los que tengan capital, cumplen con la ley y pueden hacer pagos en efectivo, y no quiero que se perciba eso. Pero también sabemos que vamos a descifrar personas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico”, insistió al mencionar que se utilizarán este y otros mecanismos para crear conciencia en contra del lavado de dinero y el narcotráfico, y como estas prácticas delictivas afectan la economía de la isla y se alejan de un sistema contributivo más equitativo.

¿Qué más reveló el estudio?

Otro hallazgo en la primera fase del estudio determinó que un 15% de las transacciones se dieron a modo de permuta (intercambio entre comprador y vendedor por otras propiedades), a cambio de promesas de pago o a cambio de criptomonedas.

“También es importante este sistema, porque nos da visibilidad a potenciales testaferros creados por el crimen organizado... por gente que quiere volar bajo el radar y se dedica al lavado de dinero o al narcotráfico. Esto ayudará a fiscalizar para disuadir esas actividades ilícitas y, aunque en Puerto Rico no se sabe a ciencia cierta cuánto de la economía surge de la actividad subterránea, coincidimos en que es una cantidad significativa”, manifestó Parés al indicar que, aunque los evasores detrás de este esquema pueden ser pocos, “la evasión puede ser significativa”.