Se trata de dos establecimientos en Carolina y Caguas de Terrassa Concrete Industries y de la tienda Blas Auto, en Manatí. Ambas compañías tenían deudas aproximadas de $4.6 millones y de $352,671, informó el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, en comunicado de prensa.

Blas Auto, además, recibió una multa de $5,000 por no tener la licencia de Rentas Internas para la venta de piezas, se indicó.

“Entre todas las violaciones, Hacienda dejó de recibir $4.9 millones aproximadamente”, dijo el secretario.

Explicó que “como parte de las investigaciones que estamos realizando, iniciamos también gestiones de cobro a propietarios o dueños de corporaciones que cierran y abren con otra entidad jurídica. Así, continuamos con nuestra ofensiva contra los evasores contributivos y aquellos que no pagan los impuestos y contribuciones que retienen a nombre del Estado, utilizando todas las herramientas que nos da la ley”.

El titular ha establecido que los embargos y cierres de localidades tienen carácter preventivo y se efectúan con el propósito de garantizar el cobro de la deuda con el Estado Libre Asociado. Advirtió que transcurridos 30 días a partir de la fecha de notificación, el embargo será ejecutado si no se ha cancelado la deuda en su totalidad, ya sea mediante pago o con evidencia de haberlo realizado.

El Departamento de Hacienda había comenzado este tipo de acción el año pasado en busca de una opción para mejorar la captación del IVU. 

La agencia retomó los operativos de embargos este mes, cuando el pasado 8 de enero embargó cinco restaurantes de comida rápida.