Un  llamado al Gobernador.

El desmantelamiento de la Oficina de las Comunidades Especiales (OCEP) representa  un retroceso para 686 comunidades  que  recibieron capacitación y adiestramiento para resolver sus problemas y necesidades colectivas,  provocando la ayuda de las agencias gubernamentales.

La destrucción del proyecto, a juicio de investigadores sociales, desmoraliza  a los sectores de la población más empobrecidos.

Un nutrido grupo de sociólogos, trabajadores sociales, coordinadores comunitarios y abogados,  incluyendo a empleados cesanteados de la Oficina de Comunidades Especiales, hicieron un llamado al gobernador Luis Fortuño para que medite sobre la importante función que cumplía la agencia para la organización y capacitación de las comunidades pobres en Puerto Rico.

La socióloga e investigadora Marcia Rivera llamó la atención al hecho de  que este  proyecto que ha tenido gran reconocimiento internacional y  fue reconocido por la Unesco como uno de los  proyectos de política pública  más interesantes a nivel internacional.

“Los que evaluaron el proyecto quedaron fascinados con el modelo. Se busca apostar a la capacidad plena de las personas para que ellos busquen su propuesta de desarrollo”, indicó Rivera, en una rueda de prensa efectuada  frente  a la OCEP.

Allí   se levanta el campamento César Vallejo,  en el que se mantiene en huelga de hambre el organizador comunitario cesanteado Emil Rivera.

“El desarrollo sólo es positivo si logra tocar al ser humano para que sus talentos se desarrollen”, agregó la científica.

“Lamento que este modelo tan valioso esté hoy en un cuestionamiento. Ese proceso incipiente de aprender a participar y dejar oír su voz es un proceso colectivo y eso ha sido cuestionado”, repudió.

Es así que se le hizo “un pedido de buena fe” al Gobernador, al plantear la posibilidad de que no esté bien informado de lo que es el programa.

Rivera le solicitó al Gobernador que lo estudie.

“Es un modelo de trabajo para encarar la pobreza del país”, dijo.

No apoyan procuraduría

La socióloga y profesora de la Universidad de Puerto Rico, Nilsa Medina Rivera, quien contribuyó a capacitar las comunidades para su apoderamiento,  destacó que incorporar a OCEP en una procuraduría   es contrario al modelo trabajado, que es uno donde se hace el acercamiento a la comunidad, contrario al concepto de procuraduría, que se limita a dar servicios

“Una procuraduría se refiere a servicios y rompe con el programa, que tiene como eje particular el principio de la autogestión, el apoderamiento y la participación.

La ex directora de OCEP, Linda Colón, señaló  que  al inicio se encontraron  con 686 comunidades que tenían necesidades de infraestructura y social.

Relató que esas comunidades no tenían alcantarillados, servicios sanitario, ni pluvial. Había ausencia de aceras, eran unos cunetones, y no tenían ni agua, ni luz ,ni electricidad.

La autogestión, dijo, se trata de que ellos entiendan que tienen derechos como ciudadanos y el Estado tiene que cumplir con ellos.