Una vista de naturaleza civil en la que intervendría un juez se llevará a cabo esta tarde en la comandancia de la Policía en Caguas, en la que se podría decidir si el Departamento de la Familia continúa con la custodia de Nazareth, la niña de dos años que removió del hogar de la madre Lisha Ramón Mejías en Cayey.

Tanto Ramón Mejías como el padre de la menor, Miguel Torres, fueron citados a la comandancia de Caguas.

El abogado de la madre, Ramón Rivera Grau, dijo que no ha tenido acceso a la investigación que condujo Familia sobre el caso y que ya no hay una orden de protección al amparo de la Ley 54 en contra de su clienta, debido a que la jueza municipal de Caguas Evyanne Mártir Hernández ordenó su archivo ayer. El abogado sostuvo que Torres, el peticionario, desistió de la orden de protección el pasado 23 de diciembre.

“El Departamento de la Familia tiene unas prerrogativas dentro de su investigación a la que yo no he tenido acceso por el momento, todavía es un proceso confidencial”, dijo Rivera Grau a este medio.

El letrado indicó que Familia “tendrá que pedir los remedios al tribunal y presentar la evidencia de que la remoción de la menor fue conforme a la Ley 246, que a nuestro juicio no estaban los elementos para el proceso”.

Rivera Grau dijo que la madre de 21 años no está imputada de algún delito. “No existe ningún tipo de orden de protección vigente, aquí hubo una investigación que surgió a raíz de una orden de protección y lo que hubo en su momento fue una orden ex parte que fue desistida por la propia parte peticionaria”.

Este caso ha generado gran presión pública al punto que vecinos se unieron ayer a Ramón Mejías en la carretera PR-1, en Cayey, en apoyo a la joven madre. En el lugar Ramón Mejías vende jugos naturales a diario como parte de su sustento económico.

Familia alega que removió a la menor porque sus padres no cumplieron con una orden de protección por un incidente de Ley 54 que aparentemente no llegó a corte.

Mientras transcurría la protesta en Cayey, la administradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Gerena, dijo que la agencia tiene la custodia de emergencia de la niña por un período de 72 horas.

En tanto, la senadora por el distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, quien es trabajadora social, se sumó hoy a las críticas por el manejo del caso y le hizo un llamado de sensibilidad a Familia al momento de manejar estos referidos.

También hizo un llamado al gobernador Pedro Pierluisi a que convierta en ley la Resolución Conjunta del Senado 190 que ordena establecer un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en Puerto Rico en 60 días y que está pendiente en su despacho en La Fortaleza. Según el portal de la Oficina de Servicios Legislativo, la medida fue firmada por los presidentes de Cámara y Senado el pasado 18 de noviembre, y el pasado 14 de diciembre fue recibida en Fortaleza.

“Una vez más el Departamento de la Familia ocupa la atención pública debido a la forma y manera en que manejan los referidos que llegan a la agencia. Hoy, es una familia con una menor de dos años de edad que fue removida bajo circunstancias cuestionables y que ponen en entredicho si en efecto el caso se trabaja de forma objetiva y en beneficio de la menor de edad”, denunció Rosa Vélez, del Partido Popular Democrático.

“Como trabajadora social conozco la complejidad y los múltiples factores que ocurren en los hogares por lo cual cada caso se tiene que trabajar de forma particular y debe atenderse con la urgencia así como la seriedad que ameritan siempre velando y salvaguardando el beneficio de ese niño o niña”, sostuvo la legisladora.

Según Rosa Vélez, la agencia responsable en velar y preservar la familia carece de credibilidad ante la ciudadanía y recordó que la agencia reconoció que ha fallado en atender unos 10,000 referidos.

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“Admitir que el departamento tiene sobre 10,000 referidos de maltrato o abuso sin atender es alarmante, preocupante e inexplicable. A esto se suman casos discutidos en la palestra pública que incluyen una menor de tres meses que la madre dejó en la casa del padre en Santurce y ahora este caso. Se trata de la vida de seres humanos, en particular de menores de edad que son removidos de sus hogares para llevarlos a hogares sustitutos. Es un asunto delicado y serio por esto mi llamado a la sensibilidad en el manejo de cada caso”, sostuvo la senadora.

Dijo que la Resolución Conjunta del Senado 190 ordena establecer un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en Puerto Rico en 60 días a los departamentos de la Familia, Educación y Salud, así como la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción y la Policía de Puerto Rico.

“Estoy esperanzada en que el gobernador acogerá la resolución y la convertirá en ley. Con ello las agencias tendrían que establecer un plan de emergencia para combatir el abuso contra menores. Esto redundaría en salvaguardar, proteger y garantizar los derechos de los menores”, explicó Rosa Vélez.

“El personal del Departamento de la Familia debe aclarar lo ocurrido en el caso de la familia de Cayey para despejar cualquier duda que pueda surgir sobre la forma en cómo manejaron este caso particular. Además, deben proveer las herramientas necesarias a la familia para atender la situación. Para esto deben ser sensibles y empáticos”, expresó.