Un proyecto que buscaba adecuar a los tiempos la antigua ley que reglamenta los centros de cuidado de ancianos está entre las medidas que se quedaron guindando en la Cámara de Representantes.

José Luis Romero, ex presidente de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, dijo que el tranque principal se debió al periodo de otorgamiento de las licencias.

Denunció una falta de interés de agencias vitales, como el Departamento de la Familia, que “ nunca se expresó sobre el proyecto de ley” que se radicó en febrero de 2012. Le pidió al gobernador Luis Fortuño que incluyera la pieza legislativa en una sesión extraordinaria.

Romero dijo que la medida va dirigida a corregir “defectos” de la Ley 94 de 1977 y a evitar los centros clandestinos, que no cumplen con los requisitos mínimos de bienestar, seguridad, supervisión y calidad de vida de nuestros viejos.

La medida, de la autoría de los senadores Carmelo Ríos y Ángel “Chayanne” Martínez, propone que las licencias sean otorgadas cada cuatro años, pero, según Romero, un sector en la Cámara quería que el término fuera de dos años.

El proyecto lo aprobó el Senado el pasado 25 de junio y la Cámara lo enmendó, por lo que fue a un comité de conferencia, pero el informe no se llevó a votación en la Cámara.

La presidenta de la Cámara, Jenniffer González, dijo que el informe no llegó a tiempo para que se aprobara. No obstante, dijo que si el Gobernador lo incluye en una extraordinaria lo aprobará. “Me imagino que el Gobernador lo incluirá en una extraordinaria porque habrá otra en agosto o septiembre”, sostuvo la líder cameral.

“Estuvimos todo el sábado apoyando el proyecto. El Senado concurrió con las enmiendas de la Cámara, pero en la Cámara no lo pusieron en calendario. Después de tanto correcorre los esfuerzos fueron infructuosos”, dijo el portavoz de la Asociación.

Romero explicó que se reunió personalmente con la presidenta de la Comisión de Asuntos de Familia, Elizabeth Casado, para armonizar los puntos en controversia que según explicó, eran cuatro.

“Yo me senté personalmente a negociar con Casado y llegamos a un acuerdo en tres”, sostuvo Romero.

Además del término de las licencias, otros puntos en desacuerdo eran en torno a la presentación de querellas. La medida decía que había que acompañarlas con una declaración jurada y el liderato cameral impulsaba que también fueran quejas anónimas.

Además, la medida proponía que la renovación de licencias fuera automática en los casos en que el Departamento de la Familia no actuara en un periodo de 45 días después de que venciera la misma.

También el proyecto de ley buscaba que las visitas del DF fueran una o dos veces al año y la Cámara quería que fueran cuatro.

“Nosotros estuvimos de acuerdo en todos los puntos, excepto en que las licencias fueran otorgadas cada cuatro años porque la burocracia no da tiempo para preparar toda la documentación que se requiere en dos años. Hay documentos que se vencen cada seis meses y eso no está en discusión. Nosotros vamos a cumplir, pero el periodo debe ser más extendido para que podamos cumplir con todos los requisitos de ley”, dijo Romero.

Indicó que la ley actual les exige una licencia sanitaria, una certificación del Cuerpo de Bomberos, una certificación de antecedentes penales y de la Ley 300 de Depredadores Sexuales. Además, un certificado de salud personal, adiestramientos al personal, seis horas al año, sobre el manejo de personas de la tercera edad, un plan de emergencia operacional, y tener un empleado por cada 7 a 8, envejecientes.