El suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, autorizó a la directora de finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrade, a transferir $9.8 millones hacia una cuenta de inversiones con base en Nueva York.

Así se desprende del testimonio de Wanda J. Said Pérez, funcionaria de la Oficina del Contralor, durante la continuación de la vista preliminar contra Rodríguez Rodríguez y Valentín Andrade, imputados de conspiración y malversación de fondos públicos, realizada en el Centro Judicial de Mayagüez ante el juez Héctor López Sánchez.

El dinero estaba destinado, única y exclusivamente para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez, según la resolución conjunta de la Legislatura Estatal que asignó los fondos para la obra, que serviría a una población de 500,000 residentes en la zona oeste.

Durante su testimonio, Said Pérez examinó varios documentos presentados por la fiscal Leticia Pabón, con los que validó algunas incidencias relacionadas al entramado que, supuestamente, se hizo con el aval del alcalde, que era el presidente de la Junta de Directores de Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), entidad creada dos años antes de la escandalosa transferencia.

“¿Cuántas minutas o de resoluciones usted ha visto de la junta de MEDI autorizando a Yahaira Valentín a abrir una cuenta?”, preguntó la representante del Ministerio Público.

“MEDI es objeto de toda esta investigación. Esa corporación se creó a través de una ordenanza municipal del Municipio de Mayagüez, en 2014. Cuando se hace la inversión de los $9 millones, la corporación estaba creada”, expuso la testigo quien fue admitida por el tribunal como perito en auditorías y fraude.

La testigo aseguró que, nunca vio “ninguna resolución de MEDI autorizando a Yahaira Valentín a abrir una cuenta bancaria. Según el reglamento, eso se le impone al alcalde como presidente de la junta; abrir, cerrar o modificar cuentas bancarias o realizar todo tipo de operaciones en estas”.

“El 29 de marzo de 2016, Yahaira Valentín solicitó la transferencia de $9 millones de la cuenta municipal en el Banco Popular. No hay documentos que autorizaran la transferencia electrónica para la inversión de $9 millones”, apuntó.

Al preguntarle quién autorizó la transferencia, la testigo insistió en que fue “el señor alcalde”. Mencionó que la información está contenida en una carta remitida por Rodríguez Rodríguez a la directora de Finanzas, el 12 de agosto de 2021.

“Es por una citación de la fiscal Sonia Martínez a Yahaira Valentín en 2021, solicitando copia certificada por el municipio de Mayagüez o del alcalde para realizar el comprobante de pago para transferir $9 millones a J.P. Morgan con base en Nueva York”, reveló.

La misiva dirigida a la ahora coimputada, “indica en el párrafo 5 que, no existe documento escrito con esas instrucciones. En el párrafo 7, dice que: ‘Se les encomendó a los asesores para realizar la inversión, según los términos establecidos y según la Ley de Municipios Autónomos’”.

“El dinero no estaba disponible porque era de uso restringido para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma”, denunció al mencionar que tampoco vio “ningún documento de la junta de MEDI, autorizando al alcalde a hacer esa inversión de $9 millones de fondos públicos municipales”, expuso.

Por su parte, la fiscal insistió en preguntarle: “Según la documentación que usted examinó, ¿quién era la persona responsable y autorizada para supervisar las actividades de inversiones del municipio?”.

“La directora de finanzas. Según la Ley de Municipios Autónomos establecía que, era la unidad administrativa de finanzas y en el caso de la directora de finanzas, estaba encargada de supervisar actividades financieras del ayuntamiento”, manifestó Said Pérez al señalar que la inversión no fue consultada con el Banco Gubernamental de Fomento, como expone la ley.

“¿Qué pasó con el dinero?”, inquirió la fiscal.

“Hubo una pérdida aproximada de $7.2 millones. La diferencia en fondos son alegados intereses que recibió a mediados de 2016, de $1.8 millones. Surge de la información evaluada, que eso era parte de la inversión original y no de los intereses”, sentenció.

“¿El municipio cumplió con lo requerido?”, insistió la representante del Ministerio Público.

“No. La directora de finanzas, que era la responsable y el alcalde que debía supervisar a la directora y también era el presidente de la junta de directores. No cumplieron con la intención que tuvieron los legisladores al asignar esos fondos”, esbozó.

“De los $9 millones usted nos dijo que se perdieron $7.2, ¿qué gestiones -si alguna- se hizo para recuperar ese dinero?”, cuestionó la fiscal Pabón.

Según la testigo, para recuperar la suma millonaria, el ayuntamiento entabló sendas demandas contra las casas de corretaje.

Mientras tanto, el juez ordenó un receso hasta el próximo viernes a las 10:00 de la mañana, para continuar con el interrogatorio a la tercera testigo de cargo.

De otra parte, la fiscal no considera traer otros testigos en esta etapa.

“La intención criminal está en el incumplimiento del deber de ambos funcionarios. La ley le impone, a cada uno, velar por los fondos públicos, manejarlos adecuadamente, que no se inviertan esos en particular porque tenían un uso restringido. No es una negligencia sino un incumplimiento total, se perdieron $7.2 millones”, dijo a la prensa.

“No eran intereses porque ninguna casa de corretaje, banco o nada, ninguna paga $1.8 millones en tres meses de la inversión y, por adelantado. Fue para hacer ver que la inversión estaba produciendo intereses, pero la devolución fue de la inversión principal”, agregó.

Mientras que el abogado del alcalde, Harry Padilla, discrepó “totalmente de la posición de la compañera del Ministerio Público; ella no ha aportado ni un ápice de prueba relacionado con intención criminal. El Municipio recuperó con creces la inversión antes de someter este caso”.

Asimismo, mencionó que, “LLP Financial devolvió $4,118,176 y, Union Bank $4,000,100. Además de $1.8 (millones) en intereses. A sus arcas (del municipio) llegaron los $10,018,876; uno fue el 17 de junio de 2021, otro fue el 17 de marzo de 2022 y el otro fue 19 de julio de 2016″.

“Ese dinero está en las arcas del municipio porque cuando se recupera, va a una cuenta de resoluciones conjuntas y esa resolución, que el juez tomó conocimiento judicial hoy era para devolver los $9 millones que se recibieron del Departamento de Salud, al Departamento de Salud, pero el gobernador (Pedro Pierluisi) vetó la resolución”, concluyó.