Grupos religiosos y comunitarios cuestionan construcción de gasoducto en Bahía de San Juan
Piden a Comisión Federal Reguladora de Energía una asamblea pública con los vecinos afectados por el terminal de importación de gas natural de la compañía New Fortress
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 meses.
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Grupos religiosos, civiles y ambientalistas cuestionaron hoy la construcción de un gasoducto de 220 pies de la compañía suplidora de gas natural New Fortress Energy (NFE) en la Bahía de San Juan y reclamaron que la propuesta aleja a Puerto Rico de la transición a fuentes de energía renovable.
Según los líderes comunitarios, con el propuesto gasoducto la empresa busca ampliar su capacidad por lo que entienden que el suplido de gas no es una operación temporera.
Dijeron que la construcción del gasoducto, que abarcaría desde la zona de puertos en San Juan hasta la planta operada por Genera PR en Palo Seco, subsidiaria de NFE, mantiene “a las comunidades muy preocupadas” y solicitaron mediante carta a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) una asamblea pública (public meeting) en Puerto Rico, con traductores y con las comunidades y vecinos afectados.
“El tránsito de embarcaciones que contienen grandes cantidades de gas líquido y las operaciones en la cercanía de zonas residenciales y comerciales de la compañía NFE ya están afectando a los residentes de San Juan, Guaynabo, Cataño y Toa Baja. Este escenario podría empeorar con la construcción de un gasoducto”, denunció el pastor Carlos Negrón Sánchez, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, portavoz del grupo No a New Fortress.
En conferencia de prensa desde el frente marítimo de Cataño, Negrón sostuvo que las actividades y movimientos que se generan alrededor del manejo del componente metano, tanto en su forma líquida como gasificada, pueden causar serios daños a la salud, al ambiente y al ecosistema que rodea la zona.
Lo acompañaban Lissette Avilés Ríos, de las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz de Cataño; la pastora de la Iglesia Luterana de Cataño, Diana Ceballos González; el abogado especializado en temas ambientales, Pedro Saadé Llorens y la trabajadora social retirada, Rita Córdova Campos, entre otros.
La pastora Ceballos dijo que el propuesto gasoducto en el terminal de NFE “corre muy cercano a zonas residenciales y comerciales en nuestras comunidades, aumentando las probabilidades de accidentes catastróficos” en dichas localidades. Añadió que la construcción fue endosada en julio de 2023 por la FERC, “mediante una confusa, escueta e incompetente decisión”.
El reverendo Negrón indicó por su parte, que NFE tiene pendiente asuntos procesales ante la FERC, como una declaración de impacto ambiental para sus operaciones, un plan de desalojo en caso de emergencia en la zona comercial y residencial y que tampoco ha sido certificado para su funcionamiento. Agregó el religioso que en el expediente de solicitud de permiso de NFE ante la FERC, los mapas de zona de peligro indican la extensión de los daños potenciales a residentes, bienes históricos, escuelas, negocios y otras actividades en los alrededores de la Bahía de San Juan.
“Las distancias indicadas se basan en estudios del gobierno federal, experiencias y proyecciones a partir de las características peligrosas del gas natural líquido, que es como se transporta ese producto fósil en tanquero de NFE a todo lo largo de la bahía. Esas características son la explosividad, generación de fuegos, altas temperaturas y otras, aún a distancias considerables del lugar del accidente. Se trata de un riesgo constante debido al tráfico frecuente de dichos tanqueros”, sostuvo Negrón. Dijo que según estimados de la propia compañía son unos 124 viajes al año.
“Nos parece que las zonas de peligro están subestimadas puesto que se calculan desde la premisa de eventos con tanqueros individuales de gas natural licuado, ignorándose situaciones catastróficas en que se tomen en cuenta incidentes con los otros tanqueros que con frecuencia se encuentran cercanos a los de gas natural licuado de New Fortress como los de la compañía de gasolina PUMA”, agregó.
De acuerdo con los líderes religiosos, las acciones y propuestas de NFE y Genera PR no responden al Plan de Recursos Integrados de la Comisión de Energía propuesto por el gobierno para hacer una transición necesaria hacia el uso de energía limpia y renovable en Puerto Rico.
“Se supone que (el contrato con New Fortress) fuera como un plan de emergencia, o algo temporero, pero ya sabemos que están con fechas de 2025 y cuándo se hace ese tipo de movida, sabemos que va a demorar mucho más tiempo y lo que tememos es que se haga permanente, indicó Avilés.
Ante la pregunta de qué opciones habrían para transportar el gas natural a la central Palo Seco, Negrón dijo que el consenso del grupo es que no se utilice ese tipo de fósil. “Es una medida transitoria, pero las acciones que estamos viendo no tienen nada de transitorias porque cambiar prácticamente toda la infraestructura de las plantas para poder manejar gas y además de la clientela que ahora tienen el Genera y otras clientelas privadas que deben de tener. Nos parece que la intención no es transitoria”, sostuvo el reverendo.
Primera Hora intentó obtener una reacción por parte de New Fortress Energy, pero las llamadas telefónicas y los mensajes enviados no fueron respondidos.
Alegan que falta fiscalización de agencias
Los grupos comunitarios denunciaron también que las ramas y agencias del gobierno correspondientes han ignorado sus reclamos que para que se fiscalicen y detengan las operaciones del transporte de gas, al menos hasta que se haya completado y revisado el cumplimiento de requisitos exigidos por las leyes locales y federales.
“Hemos hecho los esfuerzos con la Legislatura, particularmente la Comisión de Recursos Naturales (de la Cámara de Representantes), se le han llevado los documentos, pero realmente no ha habido apoyo al reclamo como esperábamos que fuera”, indicó el reverendo Negrón.
Avilés relató a su vez, que después que hicieron una manifestación frente al Capitolio en 2021, la comisión legislativa, bajo el liderato del representante Edgardo Feliciano, realizó una vista pública en, pero no se ha radicado un informe de la resolución investigativa que fue suscrita por todos los partidos políticos. “New Fortress nunca contestó las preguntas y esperamos dos años y todavía no los han convocado”, sostuvo la líder religiosa.