Bonistas del Patio representa a sobre 60,000 puertorriqueños a los cuales el gobierno adeuda más de $15,000 millones del total de la deuda pública. El grupo afirma que serán los que menos representación legal tendrán durante la restructuración que será negociada en el Tribunal Federal, “debido a los altos costos que este foro supone para poder defender sus intereses”.

El presidente de la junta de directores de Bonistas del Patio, Rafael Rojo, lamentó la decisión anunciada hoy por el gobernador de acogerse a la quiebra. “La solicitud para Título III hecha hoy por el gobernador Ricardo Rosselló, es un resultado que se pudo haber evitado si la Junta de Supervisión Fiscal no hubiera ahorcado las negociaciones, al destinar un pago ínfimo a los acreedores de $787 millones o sólo el 24% de lo que se debe en promedio anual, y no querer ordenar el mismo de acuerdo a la jerarquía legal de cada emisor. Al hacer esto, la Junta Fiscal sabía que provocaría la lluvia de demandas que estamos viendo y el Titulo III resultaría inevitable”, dijo Rojo.

Rojo agregó que la vía de la quiebra “es altamente desventajosa para los bonistas locales más vulnerables y las cooperativas de la Isla”, y reclamó “una solución que haga justicia y mitigue el impacto severo de las pérdidas” que sufrirán los miles de puertorriqueños que invirtieron en los bonos del Gobierno de Puerto Rico. Añadió que esa “justicia al bonista local” había sido prometida por el gobernador y los presidentes de Cámara y Senado, y que confiaba en que “honrarán sus palabras”.