El Senado aprobó por descargue y sin discusión este martes, un proyecto que propone enmendar la Ley 25-1992 que permite la excarcelación de confinados con enfermedades en etapa terminal para requerir que, en los casos de convicciones por delitos de violencia de género, asesinato, agresión sexual, pornografía infantil o maltrato de menores sea obligatorio que se les coloque un dispositivo de supervisión electrónica.

La pieza legislativa recibió 22 votos a favor y cuatro en contra, de los novoprogresistas, Thomas Rivera Schatz, Migdalia Padilla, Juan Oscar Morales y Wanda Soto Tolentino.

La medida surgió a raíz del notorio caso del convicto Hermes Ávila Ayala, quien fue excarcelado en 2023 mediante la Ley 25, mientras fingía paraplejia y otras condiciones de salud y, estando en la libre comunidad, se alega que cometió el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, cuyo cuerpo degollado y con heridas en la cabeza fue encontrado en una carretera cercana a la playa Los Tubos en Manatí, el pasado 21 de abril.

El Proyecto del Senado 1467, de la senadora Migdalia González Arroyo, busca enmendar la “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otra enfermedades en su etapa terminal, confinados en las instituciones penales o internados en instituciones juveniles, a los efectos de requerir que toda persona mayor de edad convicta por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, por los Artículos 92, 130, 131 y 133 del Código Penal o por el Artículo 53 de la “Ley para Prevención del Maltrato de Menores”, tenga que cumplir su pase extendido utilizando un dispositivo de supervisión electrónica mediante el Sistema de Posicionamiento Global conocido por sus siglas en inglés como GPS, o cualquier otra tecnología que cumpla con esos fines.

“Lo que busca la medida es que cuando salgan estas personas bajo el Pase Extendido de la Ley 25 se les instale lo que conocemos como un grillete o cualquier otro tipo de dispositivo que funcione como GPS. No puedo suceder en otro momento lo que sucedió con este caso tan trágico para Puerto Rico”, expresó la senadora González Arroyo.

Dijo que espera que la medida reciba el aval de la Cámara de Representantes y que el gobernador Pedro Pierluisi, la convierta en ley. “No creo que nadie pueda oponerse a una medida como esta”, sostuvo la senadora por el distrito de Mayagüez–Aguadilla y presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres.

La legisladora indicó que la medida, radicada el 4 de mayo, no se llevó a votación antes para dar paso a las vistas públicas que realiza la Comisión de Iniciativas Comunitarias y Salud Mental, que preside el senador José Vargas Vidot, sobre las irregularidades que rodean la excarcelación del convicto Ávila Ayala. “Vimos cómo se manejó todo este proceso y decidimos hoy sacar la medida de asuntos pendientes para llevarla a votación y no creo que haya ningún problema para que sea aprobada en la Cámara”, sostuvo González Arroyo.

Indicó que la medida no fue llevada a vistas públicas porque “no había forma de nadie se opusiera y se trata de una medida preventiva para no vuelva a suceder un caso como ese”. La legisladora agregó que la medida será de aplicación prospectiva y recordó que tras el asesinato de Meléndez Vega, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), emitió un orden administrativa para imponer grilletes a más de una veintena de convictos que actualmente se benefician de la Ley 25.

También el Senado aprobó a viva voz, un proyecto de enmiendas a la Ley de Política Energética dePuerto Rico (Ley 17-2019) para incluir los albergues que proveen servicios a las víctimas de violencia doméstica en la definición de las instalaciones de servicios indispensables del sistema eléctrico y viabilizar la continuidad de operaciones durante el período de emergencia ocasionado por un desastre natural. Esta medida es de la senadora, María de Lourdes Santiago Negrón.

Además, recibió el aval senatorial a viva voz, un proyecto de la senadora Elizbeth Rosa Vélez, que enmienda la Ley contra el maltrato de menores a fin de ampliar la definición de negligencia para disponer como un tipo de maltrato cuando una persona, padre, madre, tutor o encargada exponga a un menor dispositivos o medios electrónicos y de comunicación sin tomar medidas tecnológicas automáticas o mecánicas para evitar que el menor sea controlado, manipulado, monitoreado o acosado cibernéticamente.

Igualmente, el Senado dio paso, a viva voz, a un proyecto de la senadora Santiago Negrón para requerir a las compañías proveedoras de servicios de Internet que otorguen a sus clientes un crédito automático en la factura mensual cuando han confrontado interrupciones en el servicio y el tiempo de interrupción excede los 60 minutos en el ciclo de facturación.