La designada a dirigir la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Suzanne Roig Fuertes, ambiciona que la agencia no solo brinde servicios sino que logre apoyar organizaciones comunitarias y municipales que trabajen situaciones similares a las suyas para aumentar el impacto de la dependencia gubernamental.

La socióloga y trabajadora social sostuvo que visualiza a Assmca como una entidad que crea alianzas para subsanar las limitaciones que tiene el Estado, lo que se ha agravado con la crisis fiscal y económica. “Una de las estrategias es tocar las puertas de todas las entidades de las comunidades y los programas que tienen los municipios... Tal vez lo que le falta a ellos yo se lo puedo dar como gobierno”, dijo. 

Mencionó, por ejemplo, asesoría técnica o identificación de fondos federales. “Una red de servicios que esté intercalada tanto por el sector privado sin fines de lucro, municipios y el Estado”, agregó.

Actualmente Assmca trabaja con algunas de estas organizaciones, pero solo como custodio de fondos asignados por el Estado, precisó. “En las áreas de salud mental ha habido reducción en los servicios por distintas razones que no voy a debatir y son áreas que queremos fortalecer un poco no necesariamente nosotros dando el servicio directo sino a través de alianzas”, apuntó.

De otro lado, Roig Fuertes identificó la prevención como una de las áreas que requiere atención inmediata. “La prevención es un área que fortalecer sin lugar a duda. Si tuviera que hablar de un área más debilitada en esta administración, tendría que hablar de la prevención. Tenemos que apostar por mayor prevención”, señaló.

La prevención y el tratamiento de sustancia y salud mental son las dos grandes áreas que tiene la agencia, dijo. Sin embargo, un análisis solicitado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto reveló que los números no muestran bajas en el uso de drogas y cigarrillos entre los jóvenes, pese a los programas de prevención, según un informe de prensa. 

Roig Fuertes reconoció la deficiencia y apuntó a la necesidad de implantar prácticas basadas en evidencia, lo que entiende ya existe, pero solo en programas específicos. “Vamos a hacer esto, ¿cómo lo vamos a medir?”, apuntó sobre su acercamiento al tema de la prevención. 

De otro lado, la designada reconoció la necesidad de hacer reducciones en el presupuesto sin afectar los servicios ambulatorios, de hospitalizaciones, de las unidades de prevención en las adicciones, los tratamientos con medicación para sustancias como metadona, y los tratamiento residenciales y de salud mental a menores y adultos, entre otros.

 Además de valerse de alianzas, Roig Fuertes ve en la propuesta de empleador único del gobernador Ricardo Rosselló Nevares una “gran oportunidad” para resolver la “reducción significativa de empleados” que ha sufrido Assmca en áreas claves como recursos humanos, licenciamiento y calidad. Mencionó que actualmente Assmca tiene alrededor de 1,200 empleados y que no está entre las agencias impactadas directamente por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aunque eso no la excluirá de su impacto, señaló.

En otros temas, señaló la accesibilidad a los programas de metadona como una de las áreas a mejorar, otro asunto planteado en el análisis antes mencionado en el que se informa que esos servicios muestran una alta tasa de abandono, principalmente por falta de transportación. “Gran parte del problema es cuán difícil se le hace a una persona, que no tiene la fortaleza para levantarse, lle-gar a un centro de trata-miento”, dijo. 

Por ello buscarán “identificar nuevas estrategias, modelos basados en la evidencia, donde se llegue a la comunidad y se trabaje desde la comunidad, pues es una de las metas que tenemos y que vamos a estar implementando”. 

Otras de sus prioridades incluyen las unidades hospitalarias –Hospital Psiquiátrico y los hospitales forenses de Ponce y San Juan– ya que las primeras dos son estructuras antiguas que requieren muchos gastos de mantenimiento; la atención a los programas de prevención y tratamiento de menores de edad porque “han ido disminuyendo significativamente”; atacar el tema de la marihuana sintética e introducir un programa especializado de trauma para todas las poblaciones.

Un reto la salud mental en la Isla

A juicio de Roig Fuertes, el problema de salud mental supera a los otros retos sociales que enfrenta la Isla. 

“El problema de salud mental, me atrevo a decir, que es el principal problema que tiene el País porque está inmerso en todas las otras problemáticas: criminalidad, violencia familiar, violencia en términos generales, la intolerancia en que vivimos, la desesperanza”, dijo la trabajadora social.

Mencionó que la situación social es evidenciada, por ejemplo, con las estadísticas de criminalidad, suicidios y hospitalizaciones. “¿Eliminar el problema de salud mental? Me encantaría decirte que sí, que voy a apostar por eso... Vamos a dar otra mirada y vamos a estar introduciendo nuevas estrategias y nuevos focos para atender lo que identificamos es prioritario”, apuntó. 

En Puerto Rico, unas 310,000 personas, entre los 18 y 64 años de edad, tienen criterios de trastorno mental leve, moderado o severo y se estimó que 159,550 de los adultos bajo el nivel de pobreza reportaron trastornos mentales que interfirieron con su funcionamiento, según el estudio Salud Mental de Puerto Rico del Departamento de Salud, publicado durante la pasada administración. 

Algunas condiciones de salud mental son esquizofrenia, trastornos afectivos, de ansiedad, de posicional desafiante y de ansiedad por separación; depresión mayor y trastornos relacionados al uso de sustancias.