Amparándose en su interpretación sobre sus facultades bajo la ley federal PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobará hoy un plan fiscal para el gobierno de Puerto Rico que elimina el Bono de Navidad a los empleados públicos, entre otras ayudas.

La JSF indica en una carta de cuatro páginas con fecha de hoy que conoce que la legislatura se apresta a aprobar un presupuesto para antes de mañana 30 de junio, pero advierte que debe cumplir con los parámetros del Plan Fiscal.

“Si la JSF determina, a su sola discreción, que el presupuesto de la legislatura someta antes del 30 de junio no cumple con el plan fiscal, como se certificará el 29 de junio, la JSDF certificará su propio presupuesto”, reza la misiva.

El presupuesto que se propone hoy aprobar la legislatura es de $8,709 millones, pero la JSF exige en su carta que, conforme al plan fiscal, sea de $8,458 millones.

Además de eliminar el bono de Navidad, el plan fiscal que la JSF aprobará hoy elimina un fondo municipal de $50 millones, una ayuda anual de $25 millones para la Universidad de Puerto Rico, yy un paquete de ayudas adicional de $345 millones.

Asimismo, el presupuesto de la Rama Legislativa y Judicial será ajustada a un tamaño correcto.

Sin embargo, los reclamos de las entidades fiscalizadoras como la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental, que advertían que los recortes afectaban mucho su capacidad para luchar contra irregularidades en el gobierno sí fueron escuchados por la JSF, y sus presupuestos se mantendrán igual al que disfrutaron en los pasados meses.

También se mantiene que los policías menores de 40 años pueden comenzar a aportar al seguro social.

No queda claro de la misiva si, como se había dicho anteriormente, se elimina la ley que hace obligatorio el pago del Bono de Navidad en el sector privado, y si se reducirán los días de vacaciones y por enfermedad.

La JSF dijo que tomó estas medidas “porque la legislatura no cumplió” con la propuesta anterior de plan fiscal, en alusión al que se envió luego de un acuerdo con el gobernador Ricardo Rosselló. “La legislatura falló en aprobar el componente importante de un paquete de reforma laboral –la eliminación de la ley 80 para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de trabajo a voluntad”, dijo el ente fiscal.

La carta al gobernador y a los presidentes legislativos se hizo pública junto a un comunicado de prensa.

“El Nuevo Plan Fiscal incluye un plan de reformas estructurales y medidas fiscales que, de implementarse, brindarían a los puertorriqueños lo que necesitan y se merecen: una economía en crecimiento con más y mejores empleos, una infraestructura resistente y un sector público efectivo y eficiente,” dijo José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión. “Aunque las reformas estructurales siguen siendo esenciales para frenar la pérdida de empleos y negocios en la Isla y superar la crisis financiera a largo plazo de Puerto Rico, sin una reforma laboral abarcadora, el camino se hace más difícil.” 

En WKAQ, el representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino, dijo que este anuncio de la carta no es algo sorpresivo, y que responde a “lo que pasó en el Senado”.

El senado decidió, a pesar de la intervención en persona del gobernador reuniéndose con ellos en el Capitolio, que no eliminaría las protecciones de la Ley 80 a favor de los trabajadores.

Sobrino aseguró que fue por la intervención del gobernador "anoche" que se mantuvieron los presupuestos de OEG y la Contraloría, así como el seguro social a los policías.

Desde la legislatura, ya se han comenzado a levantar voces censurando esta misiva, como la del portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, que en declaraciones a Radio Isla advierte que esta controversia en los tribunales.

“Vamos a descargar nuestra responsabilidad constitucional”, dijo Rodríguez Aguiló. “No puede la junta es obligarnos a cumplir con sus caprichos… no voy a responder a las amenazas”, añadió.

En Radio Isla también, el portavoz en el senado, Carmelo Ríos, dijo que el presupuesto de las cámaras legislativas que se aprobará hoy es responsable, cumple con números recomendados anteriormente por la propia JSF y que mantiene ayudas a entidades como Centros de Diagnóstico y Tratamiento y deben responder cuál es la insistencia en eliminar las protecciones de la Ley 80.

“No hay argumento del señor Carrión, de su ganga, que puedan sostenerlo”, dijo Ríos.