La totalidad de los fondos que recibió el Fideicomiso de Niños entre el 2016 a 2021, que se supone estuvieran destinados para evitar la publicidad de las tabacaleras dirigida a niños y jóvenes, así como para ofrecerles tratamientos relacionados a enfermedades del tabaquismo, fueron utilizados por el gobierno “para pagar el servicio de la deuda”, según denunció este jueves la contralora Yesmín Valdivieso.

El hallazgo salió a relucir en un informe de auditoría, que expone cómo millones de dólares recibidas por el gobierno tras demandar a las tabacaleras se desviaron para otros fines que no están relacionadas a atender el problema del tabaquismo y cómo ni si quiera la ley que se desarrolló para estipular su uso cumple con el Acuerdo de Transacción Global que se estipuló en medio de la demanda contra las tabacaleras en el 1999.

Primera Hora intenta conseguir una reacción del secretario de Estado, Omar Marrero, quien fue presidente de la Junta de Directores del Fideicomiso en parte del periodo auditado. De inmediato, no ha habido respuesta.

La auditoría del Fideicomiso de Niños corresponde al periodo que comprende del 1 de julio de 2015 al 13 de diciembre de 2021.

No obstante, los hallazgos mencionan que desde el 2000 el dinero con el que contaba el Fideicomiso ya se utilizaba para otros fines.

“Durante los años fiscales del 2000-01 al 2020-21, el Fideicomiso desembolsó $1,362,359,270 correspondientes a los servicios de ayuda para proyectos o programas educativos, recreativos y de salud para niños y jóvenes, y para pago de servicio de bonos y cubrir déficit de entidades gubernamentales, entre otras cosas, otorgados a 69 entidades beneficiadas”, detalla el informe de auditoría.

Según se expone, del 2000 al 2008 hubo dinero del Fideicomiso destinado a entidades encargadas de proveer servicios para niños y jóvenes. Más, sin embargo, desde esta época se inició con la práctica de destinar partidas para “refinanciar bonos; pagar deudas de emisiones de bonos y gastos de capital de otras corporaciones públicas; y pagar gastos operacionales del gobierno”, surge del informe de auditoría.

La situación fue tal que, “de acuerdo con los informes financieros del Fideicomiso, para los años fiscales del 2015-16 al 2020-21, el 100% de los ingresos provenientes del Acuerdo se utilizó para pagar el servicio de la deuda”, añade la auditoría.

Se expone que “el tener comprometidos, desde el año fiscal 2015-16, todos los ingresos recibidos del Acuerdo y los activos aplicables de varias cuentas del Fideicomiso para el pago de la deuda; no permite el desarrollo de programas e iniciativas dirigidos a minimizar el impacto que ha tenido la promoción del uso del tabaco, y sus efectos dañinos a la salud de niños y jóvenes; y de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral del ciudadano puertorriqueño”.

Pero, no sólo el gobierno comprometió todos los fondos ganados a base de la demanda contra las tabacaleras, sino que llevó al Fideicomiso al déficit.

La contralora estipuló en su explicación del informe emitido que “la auditoría comenta que el Fideicomiso tenía déficits acumulados por $22,682,973 en los estados financieros del 2016 al 2021. Esta situación puede ocasionar que no se cumpla con los compromisos contraídos”.

La situación económica surge, en parte, porque “las emisiones de bonos para el 2002, 2005 y 2008 no fueron incluidas en la quiebra del Gobierno. La fuente de repago de dichas emisiones es el 100% de todo el ingreso recibido bajo el Acuerdo y las ganancias de algunas de las inversiones”, se informó.

Pero, se precisa en el informe que “se atribuye (el déficit), principalmente, al aumento en los gastos relacionados con las operaciones del Fideicomiso. Esto, como resultado de las pérdidas en el valor de los depósitos bancarios y por los intereses pagados de las deudas a largo plazo. A pesar de que en algunos de dichos años fiscales hubo un aumento en el ingreso de los fondos del Acuerdo, los gastos han sido mayores que los ingresos. Además, en algunos de los años fiscales, hubo una disminución en el ingreso de los fondos recibidos por el Acuerdo”.

Otro de los señalamientos trascendentales de la auditoría es que la propia ley que se creó para cumplir con el Acuerdo de Transacción Global que el gobierno logró con las tabacaleras ni si quiera cumple con la misión que debe tener el Fideicomiso. Se señaló que fueron unas enmiendas sometidas a la ley entre el 2000 al 2002 las que se alejaron de los cumplimientos.

“Se amplió la definición de los proyectos que podrían ser evaluados y aprobados por la Junta de Directores del Fideicomiso, para asignar fondos a toda dependencia gubernamental que beneficie directa o indirectamente a los jóvenes y al público en general. También se eliminó la restricción establecida en cuanto a la facultad del Fideicomiso para disponer de los fondos recibidos en cualquier año, con el fin de aprovechar al máximo los beneficios que recibirá el pueblo de Puerto Rico en virtud del Acuerdo, de manera que estén disponibles para el desarrollo integral de nuestra ciudadanía y su calidad de vida. Sin embargo, dichas enmiendas no cumplen con el propósito principal del Acuerdo con las compañías tabacaleras. El mismo era para la concesión de remedios para el cese de la publicidad y el mercadeo de la industria tabacalera dirigida a los niños y jóvenes, y para el rembolso de dinero incurrido en el tratamiento público de enfermedades y condiciones causadas por el consumo de tabaco, males que aún enfrentamos”, enfatiza la auditoría.