El representante Denis Márquez le ha pedido en tres ocasiones a la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Tania Vázquez, información sobre los recientes depósitos de cenizas de carbón en el vertedero Peñuelas Valley Landfill (PVL), pero al momento no ha recibido respuesta.

El legislador del Partido Independentista Puertorriqueño le ha cursado tres cartas a la jefa de la agencia reguladora que tiene la competencia para fiscalizar este proceso.

El 12 de julio, Márquez pidió la evidencia del horario de operación aprobado para EC Waste (empresa operadora de PVL), incluyendo enmiendas si alguna, debido a que el depósito se hizo de madrugada. También requirió en ese momento la cantidad de cenizas de carbón de Applied Energy Systems (AES) que entraron al vertedero y la certificación de si el proceso fue supervisado por algún inspector de la JCA.

Márquez reiteró la petición el 2 de agosto y el jueves amplió el requerimiento para incluir los demás días en que se depositaron cenizas en PVL hasta el 3 de agosto. Le dio cinco días para entregar los documentos.

Por otra parte, el senador novoprogresista Nelson Cruz Santiago presentó una querella ante la JCA relacionada a este tema y no ha sido atendida.

“El 23 de enero radiqué una querella formal y al día de hoy no he recibido nada de la secretaria”, dijo Cruz Santiago, quien demandó a AES y a EC Waste para intentar detener el depósito de cenizas.

Entretanto, el senador independentista Juan Dalmau pidió a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, que le certificara cuánto costaron los operativos que permitieron la entrada de camiones al vertedero, de 11 al 13 de julio, pero todavía no le responden.

“La respuesta que me dio fue que delegó el asunto en el secretario de Seguridad, Héctor Pesquera, pero esa respuesta yo no la he recibido todavía”, indicó Dalmau a este medio.

Los operativos han incluido la movilización de cientos de efectivos de Tránsito, Unidad Motorizada, Operaciones Tácticas, SWAT y otros; el uso del helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción; y escolta a los camiones desde Guayama hasta Peñuelas. 

Sobre este tema, Pesquera sí respondió una petición del senador popular Cirilo Tirado, negándosela con el argumento de que esa información compromete la seguridad nacional.

“Eso no tiene fundamento jurídico alguno. Los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico asignados a agencias del gobierno, los legisladores tenemos facultad de conocer su utilización como parte de un deber ministerial de fiscalización”, evaluó Dalmau.

“Otra cosa es que se esté pidiendo la divulgación de estrategias de manejo de seguridad y no es eso lo que se está pidiendo, sino cuánto costó el operativo luego que se hizo”, agregó.

Dalmau opinó que “no quieren divulgar la información porque saben que se gastaron millones de dólares en esta movilización para proteger los intereses económicos de una empresa privada”.

Primera Hora ha solicitado información sobre el costo de los operativos, tanto a través de los portavoces de la Policía como directamente a Pesquera. 

En una conferencia telefónica efectuada el 12 de julio, Pesquera respondió a este medio que “en este momento no te lo puedo decir por qué no se ha cuantificado”. Sobre la cantidad de policías dijo que se activaron “aquellos que eran necesarios según el plan” y del helicóptero comentó que “tiene un costo por hora, ahora no lo sé”.

Al momento, se espera por una respuesta escrita a una petición hecha a la Policía y al Departamento de Seguridad.