El presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), Jaime Lafuente, informó este jueves que las tarifas de acareo impuestas en diciembre pasado de forma temporal se mantendrán hasta tanto la Junta de Supervisión Fiscal apruebe el nuevo Código de Reglamentos.

“Continuaremos trabajando para lograr un consenso que beneficie a todas las partes involucradas”, prometió el funcionario, en medio de un ambiente de amenaza de protesta de parte de los camioneros.

La decisión de Lafente representa un reto a la Junta, que mediante una carta de su directora, Natalie Jaresko, ordenó detener el pasado 26 de marzo la imposición de las tarifas.

Tras una petición de Primera Hora, el funcionario emitió unas declaraciones escritas en la que se adjudica estar a cargo de regular y fiscalizar las tarifas de acarreo que cobran los camioneros, grueros y otros transportistas.

“El NTSP se encuentra en la espera de la aprobación del nuevo Código de Reglamentos por parte de la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera. El mismo pasó por un proceso de vistas públicas, en las cuales la JSAF tuvo la oportunidad para someter sus comentarios. En cambio, no acudieron a las vistas y solicitaron la traducción del documento. Ante esta situación, el pasado 23 de diciembre de 2020, se adoptaron las nuevas tarifas temporeras mediante la Carta Circular Núm. XXXV-2020. Posteriormente emitimos la Carta Circular V-2021, en la cual reiteramos su vigencia”, detalló.

“Asimismo, nos hemos encargado de fiscalizar para hacer cumplir la ley y asegurar el pago de las tarifas vigentes. En ese sentido, hemos realizado operativos en los cuales se han expedido multas administrativas que ascienden a unos $40,000″, añadió.

Lafuente expuso las tarifas que impusieron no representa un aumento en los costos de los productos. “En cambio, simbolizan 15 años de justicia salarial para nuestros transportistas”, dijo.

Asimismo, indicó que las empresas deben pagar el pago ajustado a las tarifas.

No obstante, los camioneros han comenzado a denunciar que las empresas supuestamente no quieren pagar las nuevas tarifas ante la postura asumida por la Junta. Por esta razón, el Frente Amplio de Camioneros determinó decretar un estado de emergencia y el grupo Camiones Unidos llamó a un paro desde el próximo lunes, 5 de abril.