El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal llegaron hoy, jueves, a un acuerdo para comenzar a implementar el programa de retiro temprano que creó la Ley 80 de 2020 de manera parcial, lo que permitirá que algunos empleados puedan jubilarse con un 50% de su salario en o antes de agosto de 2022.

Pese a que se anuló en diciembre de 2021 la medida que buscaba desarrollar un mecanismo para la jubilación incentivada de agentes de la Policía y otros servidores públicos por falta de información, el organismo federal confirmó en declaraciones escritas que aprobaron el acuerdo de la administración del gobernador Pedro Pierluisi luego que diversas agencias certificaran que eliminar permanentemente los puestos propuestos de los empleados elegibles para este beneficio no generará adversidad en la capacidad del gobierno de brindar servicios esenciales a los residentes de la Isla.

“El Gobierno acordó notificar a los empleados que ocupan los puestos que se acordó eliminar, antes del 28 de julio de 2022, que sus puestos serán eliminados permanentemente conforme a su elección previa de retiro temprano a menos que opten por no participar en el programa de retiro temprano establecido en la Ley 80 en o antes del 15 de agosto de 2022″, apuntaló la Junta.

Según el gobernador Pierluisi, dicha determinación permitiría a unos 1,700 empleados no esenciales de la Rama Ejecutiva “que cotizaron al Retiro bajo las Leyes 447 y 1″ puedan jubilarse con el 50% de su salario.

“El 50 por ciento será calculado a base de la retribución bruta anual más alta devengada por los empleados en cualquiera de los últimos 3 años anteriores al momento de acogerse al retiro incentivado. Asimismo, los empleados que se acojan a este programa recibirán $100 de aportación al plan médico hasta los 62 años y tendrán hasta el 12 de agosto para decidir si aceptan el retiro incentivado”, manifestó el Primer Ejecutivo, reconociendo esta acción como “un paso importante para continuar haciéndole justicia a nuestros servidores públicos”

Sin embargo, Pierluisi reconoció que dicho acuerdo “no logra todo lo que hemos estado reclamando” y que continuará “buscando alternativas y la identificación de fondos disponibles para lograr mejorar el retiro de aquellos trabajadores que no cualifican para este retiro incentivado”.

“Cabe destacar que este gobierno logró evitar un recorte a las pensiones en la reestructuración de la deuda pública. Además, pudimos brindar un retiro digno y seguro social para nuestros policías, así como la aportación al seguro social para nuestros maestros y maestras”, alegó.

La Junta sostuvo que continuará la conversación con la administración en turno sobre la implementación de la Ley 80 de 2020, así como los procesos de informe, monitoreo y otros asuntos para el jueves, 25 de agosto de 2022.