El Gobierno de Puerto Rico incumple con la Ley 33 de 2019 que, firmada bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, buscaba atajar las consecuencias del cambio climático en la isla.

La referida ley establece, entre otras cosas, que todos los vehículos adquiridos desde entonces por el gobierno deben ser de naturaleza híbrida o de fuentes alternas a combustibles fósiles. Además, aborda la problemática del manejo de la basura en Puerto Rico que, hasta el momento, no se ha centralizado como se buscaba.

Ambas medidas estaban dirigidas a mermar las emisiones de gases de efecto invernadero en Puerto Rico con una baja de 50% para el 2025, según lo establece un informe del Comité de Expertos del Cambio Climático (CECCPR). Al 2021, las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte ocupaban un 26% del total de emisiones generadas en la isla, y las de residuos -desperdicios sólidos-, un 8%.

El reto que representa el manejo de la basura en Puerto Rico incrementó luego de que tras el huracán María (2017), los sistemas de relleno sanitarios recibieran escombros y restos equivalentes a 2.5 años de residuos sólidos, según el ya citado informe, lo que provocó una merma considerable en la vida útil de los vertederos.

En febrero de 2022, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) confirmó en una vista pública ante la Comisión de Innovación del Senado, que en los próximos años cerrarían siete de los 29 vertederos activos en la isla. Para marzo de este año, la agencia dijo que llevaría a cabo un análisis de los vertederos activos para certificar su tiempo de vida útil y medidas a tomar. Ese análisis, proyectaron, estaría listo este mes.

Ningún funcionario del DRNA estuvo disponible para abordar hallazgos del análisis, pese a múltiples intentos de este diario.

No obstante, al momento, Puerto Rico carece de un sistema centralizado de gestión de residuos. En sustitución, muchos municipios hacen, por su cuenta, el recogido y disposición de materiales a desechar y a reciclar.

Consultados por Primera Hora, en la región metropolitana, los pueblos de San Juan, Carolina, Guaynabo, Caguas, Gurabo y Aguas Buenas confirmaron tener activos programas de reciclaje.

Todos, de manera separada, confirmaron reciclar cartón y plástico de tipo 1 y 2, a través de un programa que costea enteramente cada municipio, para el cual no reciben fondos del Gobierno Estatal pese a que el reciclaje es una de las medidas que se contempla en el plan para ayudar a reducir los gases de efecto invernadero que provienen de los residuos.

En la zona sur, los pueblos de Guayanilla, Peñuelas, Juana Díaz, Salinas, Guayama y Arroyo dijeron mantener activos programas de reciclaje que también costean sin ayuda del Gobierno Central.

El costo de estos programas varía de municipio en municipio. Sin embargo, ronda entre $80,000 y $500,000 anuales en la mayoría de los pueblos. Guayama, por ejemplo, mantiene su programa de reciclaje a un costo de $80,000 anuales. Mientras, en Guayanilla destinan $166,806.87 al año a esa causa.

En la zona metropolitana, Caguas aseguró tener una cifra que ronda los $500,000 anuales para atender su programa de reciclaje, que incluye el recogido de material vegetativo, escombros, así como desperdicios sólidos.

Carolina y Guaynabo son los ayuntamientos con programas de reciclaje más abarcadores entre los pueblos que respondieron al pedido de información de este diario. En Carolina se destinan alrededor de $14 millones para el programa de reciclaje, según detalló a Primera Hora la directora del Departamento de Manejo de Desperdicios Sólidos, Reciclaje y Asuntos Ambientales, Déborah Rivera.

La operación en Carolina es mayor, porque a través del programa Carolina Bella, reciben además el reciclaje de los pueblos de San Juan, Río Grande, Canóvanas, Luquillo, Toa Baja y Comerío.

En Guaynabo se destinan $4,366,538 al programa de reciclaje, que involucra 35 rutas de recogido casa por casa. En este pueblo, que dirige Edward O’Neill Rosa, además existe una ordenanza que obliga a los residentes a reciclar.

Y es que la ordenanza #151 hace compulsorio el reciclaje en Guaynabo y establece que “todo residente no podrá depositar materiales reciclables en la basura”. Quienes violenten la orden se exponen a multas que van desde $100 hasta $1,000.

Aguas Buenas, por su parte, destina $138,152 anuales a la iniciativa que impacta residencias, comercios y fábricas ubicadas en ese pueblo.

Los pueblos de San Juan y Gurabo, aunque respondieron sobre sus programas de reciclajes y aseguraron no recibir fondos estatales, no detallaron cuánto dinero destinan para ello.

Ninguno de los municipios que respondieron la petición de información en la zona metropolitana, ni los de la zona sur, recicla vidrio pese a que es importante mirar este material por la huella ambiental que representa.

Durante años, el reciclaje de vidrio en el mundo se trató de lejos y sin mayor preocupación debido a que este material se consideró menos nocivo que otros, como el plástico, porque está hecho, principalmente, de componentes naturales. El vidrio se hace con arena de sílice. Pero, pese a tener como componente principal un elemento natural, una problemática importante del vidrio es la gran cantidad de horas que toma para formarse.

Los componentes del vidrio se calientan a altas temperaturas bajo el uso de energía eléctrica. El proceso, tanto para hacerlo nuevo, como para reciclar sus partes y reutilizarlas, requiere de horas de uso de energía.

Solo llegamos al 6%

En Puerto Rico el sector energético es el que más gases de efecto invernadero provoca con un 52%, según datos del CCCPR del 2021.

“Los gases de invernadero son varios, y con diferentes tiempos de residencia atmosférico. Eso quiere decir que unos se mantienen más tiempo en la atmósfera que otros. Entonces, los de mayor preocupación son el metano (ch4) y el CO2 que es el bióxido de carbono porque tienen mayor tiempo de residencia y tienen más capacidad de retener calor en la atmósfera por más tiempo”, explicó Ernesto Díaz, coordinador científico del CCCPR y también profesor universitario.

En Puerto Rico, la energía eléctrica se provee a través de la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural. Ese tipo de quema genera emisiones de Co2 que para el 2021 ocupaban el 84% de todos los gases de efecto invernadero en la isla.

La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico establece como meta que para el 2025 en Puerto Rico el 40% de la energía debe provenir de fuentes naturales. La disposición se está incumpliendo y actualmente, según el portal de Genera PR, que entró a operar la generación de energía eléctrica en Puerto Rico el pasado mes de julio, solo un 4% de la energía viene de fuentes renovables. A esa cifra, en cuestión de carga, debe sumársele otro 2% que se atribuye a la carga de sistemas que se han instalados individualmente en hogares puertorriqueños.

Con la suma de ambos datos se puede concluir que Puerto Rico produce alrededor del 6% de la energía que consume de fuentes renovables. La cifra implica que falta más del 30% para alcanzar la proyección que supone cumplirse en menos de dos años.

“En este momento no se está cumpliendo con las metas intermedias”, sentenció Díaz, al mismo tiempo que expuso que el avance que se ha registrado en los hogares boricuas que han decidido moverse a tener energía solar, ayuda a mermar las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no ocurren precisamente porque el ciudadano esté consciente de esa necesidad, sino para remediar los problemas que provocan los apagones que ocurren en Puerto Rico luego de que el huracán María arrasara con el sistema eléctrico del país en el 2017.

Para agosto del pasado año, el Negociado de Energía de Puerto Rico, ente regulador de la Reforma Energética, concluyó que el promedio anual de duración de interrupción del servicio eléctrico aumentó desde junio de ese año y se colocó por encima de la métrica de 1,243 minutos (20.7 horas).

“Eso (la adquisición de placas solares) contribuye a reducir emisiones, porque mientras menos energía eléctrica se produzca a partir de Bunker C, de gas natural o de carbón, habrá menos emisiones. La transición a más productores (de energía solar) va a resultar en menos emisiones, pero yo creo que la mayoría de la gente no lo está haciendo por eso… Lo hace por dos o tres razones: para resiliencia individual o de tu hogar, para no sufrir a expensas de apagones, que pueden afectar en particular a la gente que trabaja desde sus casas… y, por otra parte, para manejar los costos”, dijo Díaz.

La meta de energía renovable para Puerto Rico, según la ley, se extiende al 100% para el 2050.

Incumplimiento en disposición sobre vehículos híbridos

La Ley 33 establece que, a partir de su aprobación, el Gobierno de Puerto Rico deberá adquirir la totalidad de la flota pública “de vehículos de naturaleza híbridos o aquellos que funcionan con métodos alternos a combustibles fósiles, tales como electricidad, energía solar, hidrógeno y gasolina de forma combinada”, también con el fin de aportar a reducir los gases de efecto invernadero para así contribuir a mejorar las condiciones del Cambio Climático.

En lo que va de 2023, en al menos tres ocasiones, el gobernador, Pedro Pierluisi ha anunciado la entrega de flotas de vehículos para varias dependencias públicas. En ninguna de las entregas se ha cumplido con lo dispuesto en la ley.

En marzo, el Primer Ejecutivo hizo entrega de cuatro unidades para combatir incendios forestales y unas seis Dodge Charger para los comandantes de las áreas de San Juan, Carolina, Ponce, Aguadilla, Arecibo y Caguas del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. En esa ocasión los vehículos no cumplieron con el requisito de funcionar con métodos alternos a combustibles fósiles.

Unos meses después, el Departamento de Agricultura anunció la adquisición de 49 vehículos para personal de inspección de la agencia. Esa compra tampoco cumplió con la disposición.

En agosto pasado, Pierluisi Urrutia convocó a una conferencia de prensa en la que junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, celebró la entrega de más de 900 vehículos que se distribuirían por las diferentes zonas policiacas. Entonces, admitió a preguntas de Primera Hora que los vehículos tampoco cumplían con el requisito citado.

En sustitución, dijo que “en su momento”, el Gobierno de Puerto Rico comenzaría a adquirir vehículos híbridos.

“En su momento, gradualmente nos iremos moviendo. La flota del Gobierno se irá moviendo a vehículos eléctricos, vehículos híbridos. Pero eso es un proceso gradual”, dijo el Primer Ejecutivo a la prensa el pasado mes de agosto.

Este diario cuestionó sobre el incumplimiento a la Administración de Servicios Generales (ASG), que según dispone la ley, es la entidad encargada de promulgar esta guía y además la agencia facultada para tramitar todas las compras del Gobierno de Puerto Rico. Mediante declaraciones escritas, la ASG, que lidera la licenciada Karla Mercado Rivera, atribuyó el incumplimiento a los problemas de producción generados por la pandemia de COVID-19 en diversas industrias.

“La Ley fue aprobada en 2019, justo antes de la pandemia. Debemos recordar que, como consecuencia de esta, la producción y manufactura de prácticamente todas las industria se vio alterada por la falta de personal y otros renglones. La industria de autos, incluyendo el renglón de los híbridos o eléctricos, también se vio afectada, situación que se ha extendido al día de hoy”, expresó.

ASG no detalló si cada una de las compras aquí descritas cumplió con otro requisito de la Ley, que indica que para adquirir vehículos que no cumplan con las disposiciones establecidas, será necesaria una dispensa.

En cambio, aludió a que la administración de Pierluisi trabaja para presentar enmiendas a Ley que permitan “una transición por fases” a vehículos híbridos.

“Nos encontramos trabajando un proyecto de administración para contemplar enmiendas a la Ley, de modo que pueda darse una transición real, que no afecte las operaciones gubernamentales, particularmente aquellos renglones más susceptibles, como salud y seguridad. Además, es necesario hacer esa transición por fases, proceso que no está contemplado en la ley”, dice la comunicación enviada.

El Informe de Inventario de Gases de Efecto Invernadero del CCCPR detalla que además del cambio a vehículos híbridos, es necesario que en Puerto Rico se desarrolle un nuevo plan de transporte público a largo plazo que incluya la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como uno de sus objetivos principales.

El Tren Urbano es una opción que ayudaría a reducir los gases de efecto invernadero provocados por los autos, si muchos otros se suman a utilizar este método de transporte, por ejemplo, para ir al trabajo, en lugar de optar por ir en sus vehículos personales. No obstante, entre el 2020 y 2021, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) registró una baja considerable en el número de personas que optó por utilizar el tren.

Para 2020, unas 1,137,544 personas utilizaron el Tren Urbano. En el 2021 la pandemia redujo esa cifra a 647,417. Los datos actualizados de usuarios que utilizaron el Tren Urbano en 2022 no fueron provistos por ATI a este diario. No obstante, la dependencia trabaja en una propuesta para extender las rutas del tren al área noroeste de San Juan, lo que incluiría paradas en Miramar, Condado, el Centro de Convenciones de Puerto Rico, así como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, entre otros.