Una Alianza Público Privada (APP) podría ser la solución para “poner a volar” el controversial helicóptero que el Departamento de Salud compró por $8 millones el cuatrienio pasado y que ha estado inoperante en un hangar en Ponce por falta de equipos, certificaciones y licencias requeridas para funcionar como ambulancia aérea.

El posible plan con la aeronave fue expresado por el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, quien reiteró que, precisamente, esta semana el gobernador Ricardo Rosselló ordenó en una reunión al secretario de Salud, Rafael Rodríguez, una evaluación en torno a “los posibles usos” que se le podría dar al helicóptero, un Bell 429 doble turbina que desde que se adquirió por el Gobierno no ha dado ni un solo servicio al pueblo de Puerto Rico. Actualmente, el helicóptero está en un hangar del aeropuerto Mercedita, en Ponce.

Haciendo hincapié en que la administración de Alejandro García Padilla obtuvo la nave de forma “irregular” y que los detalles de la misma se hicieron públicos en las vistas de transición de Gobierno,  Rosario dijo que “hay que pasar la página”.

“El gobernador dio instrucciones al secretario (de Salud) para que busquemos qué podemos hacer con el helicóptero de manera que, a pesar de que la inversión haya sido buena o mala, podamos utilizarlo… y no se descarta el proceso de hacer una alianza público privada”, dijo Rosario al agregar que el Gobierno tuvo que hacer una inversión adicional en el helicóptero para prepararlo como una ambulancia aérea. Ese proceso culminó en mayo. No se informó el gasto total para estos fines.  

Pero el asunto no es tan fácil como se expresa porque para poder operar la nave se requieren unas licencias y certificaciones locales y federales que, al momento, no se han podido obtener. Entre ellas, se destaca la Certificación 135 del reglamento de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), un proceso de solicitud que puede dilatarse hasta por un año, según había adelantado hace un par de meses el director de Emergencias Médicas, Abner Gómez.  El panorama se complica porque sin la Certificación 135, no se puede obtener el aval de la Comisión de Servicio Público ni de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades del Salud.

En las vistas de transición trascendió que el cuatrienio pasado Salud compró el helicóptero a la empresa Ecolift, pero se hizo sin el debido proceso de subasta. Esto levantó una bandera roja e impulsó una investigación federal y una pesquisa por la Oficina de la Contralora. Estas agencias tendrían que dar luz verde a cualquier acción que quiera tomar el Gobierno y,  al respecto, también se expresó Rosario quien insistió en que lo más importante para el Gobernador es que se hagan los “análisis legales y las consultas con agencias federales que están investigando la compra para asegurarnos que lo que haremos, será por ley”.