El gobierno ha autorizado a agencias, municipios o entidades privadas el uso, mediante arrendamiento o compraventa, de 664 escuelas en desuso, según informó la directora del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, Sylvette Vélez.

Más, sin embargo, una investigación realizada por la organización ambiental Enlace Latino de Acción Climática (El Puente Puerto Rico) reveló esta semana que sólo 170 planteles que ya no se usan para fines educativos por parte del Departamento de Educación están ocupadas por alguna entidad.

Información oficial del Comité evaluador, que se encuentra bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), establece que se han registrado 367 transacciones de arrendamiento o usufructo a municipios o agencias y 242 a entidades privadas. Además, se registra 11 transacciones de compraventa a municipios y 44 a entidades privadas. Estas transacciones totalizan el traspaso de 664 escuelas cerradas.

Es el ente el que tiene el inventario de planteles o edificaciones gubernamentales disponibles para ser transferidas. El Comité aprueba la transferencia, pero la transacción la culmina la entidad titular.

En el caso de las escuelas, según explicó la funcionaria, la propiedad puede estar bajo Educación, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edificios Públicos o el Departamento de la Vivienda.

El portavoz de prensa de Educación, Alexis Ramos, señaló, sin embargo, que la agencia solo tiene en su titularidad las escuelas cerradas con las que se quedaron para servir de almacén o para fines administrativos. Dijo que son pocas.

Cabe destacar que la investigación de El Puente apuntó a que entre los años 2011 y 2020 se cerraron 649 escuelas. De estas, se indicó que 470 estructuras se encuentran sin uso o en estado de abandono, nueve han sido demolidas, mientras 170 escuelas son usadas por entidades públicas o privadas.

La disposición de estas escuelas cerradas se da por parte del Comité en base a lo que dispone la Ley 26 el 2017 para el Cumplimiento con el Plan Fiscal. La misma “pone en vigor la política pública de una mejor utilización de las propiedades inmuebles en desuso del Gobierno para allegarle mayores recursos al erario y/o propiciar que dichas propiedades sean utilizadas para actividades de bienestar común, desarrollo económico, entre otros ofrecimientos en beneficio de ciertos sectores de la ciudadanía con necesidades específicas que requieren atención o servicios particulares”.

Vélez indicó que existe un reglamento que dispone cómo se cedería a su uso estas escuelas o edificios del gobierno cerrados.

Explicó que el Comité evalúa, entre otras cosas, “la propuesta de uso, su impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía o población que sirve, la capacidad económica del proponente para validar que pueda poner en marcha su propuesta, más proveer el mantenimiento necesario al inmueble en desuso de que se trate, entre otros, de manera que se cumpla con el objetivo de fomentar la utilización adecuada de los inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva, así como propiciar actividades que propendan al bienestar común y desarrollo económico o social”.

“La experiencia del Comité ha sido que, a parte de las solicitudes de municipios, se reciben múltiples peticiones de entidades sin fines de lucro para desarrollar proyectos, por sí mismas o a través de alianzas o acuerdos con los municipios donde ubican los planteles escolares en desuso. El Comité, al evaluar favorablemente la transacción, autoriza a la entidad gubernamental titular a otorgar el acuerdo escrito, según los términos y condiciones contenidos en una resolución que adopta. A base de esa autorización, la entidad gubernamental titular concreta el acuerdo y comparece en el contrato o escritura, según corresponda. El Comité no efectúa el cierre de las compraventas o el otorgamiento de contratos de arrendamiento, sino que es de la competencia del titular concretar las transacciones”, añadió.

Por mencionada razón, la funcionaria no pudo detallar cuáles de las escuelas cedidas estaban o no en uso.

Asimismo, Vélez no pudo precisar la razón por la cual la mayoría de las escuelas cedidas se encuentran en las regiones de Humacao y Arecibo, como identificó la investigación de El Puente. Sólo pudo dar a conocer el número de las que han autorizado transferir en dichas zonas.