El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que en beneficio de los trabajadores y su derecho a la salud tomó la determinación de extender por tres meses más —hasta el 31 de marzo de 2019— la aportación patronal que reciben los empleados de las corporaciones públicas.

El primer ejecutivo recalcó que conforme a la Ley 26 de 2018, los empleados o sus dependientes que tengan una enfermedad catastrófica, crónica o terminal mantendrán la actual aportación patronal.

El Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) establece una reducción en la aportación patronal al plan médico de los empleados de las corporaciones públicas.

“Ante esta determinación de la JSF, hemos realizado esfuerzos con las corporaciones públicas y los sindicados para reducir el impacto negativo que recibirán nuestros empleados públicos con dicha medida fiscal. Llegamos a un acuerdo histórico con las uniones para permitirle cotizar planes médicos para todos los empleados públicos unionados en las corporaciones públicas”, expresó el gobernador en un comunicado.

Asimismo, el primer mandatario señaló que “de esta forma, que abaratan costos y se buscan mejores pólizas para nuestros empleados al ser un grupo mayor. El fin nuestro y de los sindicatos es ofrecerles a los empleados que verán una reducción en su aportación patronal un plan médico más económico y accesible”.

En la Ley 26 de 2018 se reconoce que todo empleado de una corporación pública o su dependiente que padezca de una enfermedad catastrófica, crónica o terminal prexistente mantendrá la aportación patronal vigente para su seguro médico de manera inalterada, durante todo el tiempo que permanezca vinculado en el servicio público.

Estos no sufrirán algún cambio en su aportación patronal. Sin embargo, los demás empleados públicos verían una reducción en la aportación del plan médico conforme al Plan Fiscal de la JSF.

Como resultado de reuniones y trabajos realizados con líderes sindicales de las principales corporaciones públicas, se emitió por parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Orden Administrativa 2018-8, según enmendada por la Orden Administrativa 2018-12.

Mediante esta orden, se instruyó a las corporaciones públicas a participar de los procesos de negociación y contratación que lleva a cabo de la Administración de Seguros de Salud (ASES) al amparo de la Ley 95 de 29 de junio de 1963.

Además, se procura obtener eficiencias mediante la negociación y contratación a una escala y volumen mayor.

De igual forma, se viabiliza que los empleados de las corporaciones públicas democráticamente puedan estar cubiertos bajo un mismo plan de salud cotizado a través de la corporación pública, de la organización sindical Pro Salud, de la unión u asociación bona fide a la que pertenezcan o a través de ASES.

Con las medidas tomadas se podrá centralizar la negociación y contratación de los planes de salud para poder obtener mejores y más económicas cubiertas médicas para beneficio de todos los empleados públicos.

La implementación de esta iniciativa y el ajuste en la aportación patronal al plan médico estaba programada para el 1 de enero de 2019. No obstante, ASES ha estado llevando a cabo los trabajaos necesarios para poder cotizar a los empleados de las corporaciones públicas dentro de las cubiertas del gobierno y poder ofrecerles opciones más económicas.

Debido al poco tiempo que se ha tenido para llevar a cabo los cambios necesarios para la implementación de este tipo de medidas, ASES extendió los contratos que tienen actualmente con las aseguradoras hasta el 31 de marzo de 2019.

De este modo, efectivo el 1 de abril de 2019, estarían entrando en vigor los planes médicos disponibles para todos los empleados públicos, incluyendo los de las corporaciones públicas y las ofertas de los planes grupales ofrecidos por las organizaciones sindicales.

A estos efectos, AAFAF emitirá una directriz a las corporaciones públicas para extender las actuales aportaciones patronales a los planes médicos hasta el 31 de marzo de 2019.