El gobernador Pedro Pierluisi no le temió este miércoles a la posibilidad de que la recién extensión del contrato suplementario a LUMA Energy culmine en demandas.

En varias ocasiones, destacó que un posible litigio sería ganado por el gobierno.

“Los tribunales están abiertos al pueblo”, soltó en primera instancia cuando se le cuestionó de una posible demanda, en momentos en que realizaba una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González para hablar de la extensión del contrato.

“Pueden recurrir al tribunal, pero estamos totalmente convencidos de que nos asiste la razón”, añadió en otra oportunidad.

Según explicó, el gobierno realizó una consulta legal sobre la acción que se tomó para extenderle el contrato a LUMA, toda vez que no se ha cumplido un punto importante para transicionar al acuerdo de 15 años, que es que se haya reestructurado la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Se suponía que hoy, miércoles, venciera dicho contrato suplementario. No obstante, las juntas de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) y de la Autoridad de Energía Eléctrica acordaron por mayoría extender el acuerdo.

El gobernador, quien es abogado y fue secretario de Justicia bajo la administración del exgobernador Rosselló González, dijo que las acciones que se tomaron estuvieron sustentadas bajo dos leyes. Se trata de la Ley 29 de APP y la Ley 120 para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.

“Las dos leyes, la 29 y la 120, son muy claras. Yo las leí, las estudié personalmente. Aquí no hay margen de interpretación, no hay ambigüedad alguna en las leyes. Lo dije en arroz y habichuelas. Esta transacción no conlleva la creación o el establecimiento de una nueva APP para administrar activos de la Autoridad”, precisó.

Dijo que, al no crearse una nueva APP, pueden extender el contrato bajo consulta con las juntas mencionadas. Al hacer la expresión, rechazó uno de los argumentos para demanda que expusieron los miembros del interés público en la Junta de Directores de la Autoridad para las APP, los abogados Liza M. Ortiz y Eduardo Ferrer.

Del mismo modo, el primer ejecutivo destacó lo preparado que está el gobierno para enfrentar demandas sobre esta controversia.

“Conocemos estas leyes al dedillo y el equipo legal está más que preparado. Aquí se sometió una opinión legal a la Junta (de la Autoridad de la APP). Entonces, se ha hecho como Dios manda. Hay hasta una opinión legal a la Junta, que la tuvieron los miembros”, sostuvo, al reiterar que hubiese sido “nefasto” cancelar el contrato con LUMA.

También llegó a decir que “estoy plenamente convencido de que nos asiste la razón, porque las dos leyes son muy claras en su expresión. No hay ningún tipo de ambigüedad, no hay margen de interpretación”.