El gobierno de Puerto Rico tiene hasta el 17 de junio para pagar $9,389,743 a los Centros de Salud Primaria de Puerto Rico 330, o podrían embargar las cuentas del Departamento de Salud (DS) para asegurar el pago.

Así lo ordenó hoy el juez federal Gustavo A. Gelpí, quien emitió su decisión por escrito luego de ver una vista con las partes el miércoles pasado, en la que el Gobierno sostuvo que tenía los cheques hechos, pero no los fondos para poder emitirlos, y que ya gastaron los $329 millones que recibieron para el programa Medicaid.

El juez fue enfático en que no permitirá más extensiones de tiempo y que, de no cumplir, emitirá una orden de embargo por dicha cantidad correspondiente al pago del primer trimestre del 2015.

"Por demasiado tiempo la corte, literalmente cada vez que termina un trimestre, recibe un bombardeo de mociones pidiendo el pago y extensiones de tiempo para pagar. Este ha sido el caso desde el inicio de este litigio (que comenzó en 2003). La corte ya no actuará como un 'kindergarten cop' (policía de kinder)", lee la orden de Gelpí, quien recordó que nombrará a un "special master" para velar por el cumplimiento de los pagos a tiempo.

Agregó que el pago correspondiente al segundo trimestre deberá pagarse en o antes del 17 de julio.

"La corte espera el cumplimiento de esta orden. La corte ha tenido deferencia con el Gobierno y, hasta ahora, ha evitado tomar pasos drásticos. Pero no puede continuar así 'per secula seculorum'. El Gobierno voluntariamente acordó participar en los programas de Medicare y Medicaid. Recibe millones de fondos federales y, a cambio, tiene que cumplir con las regulaciones federales. Los demandantes no son los malos. Simplemente piden lo que por mandato federal les corresponde, ni un centavo más ni un centavo menos. Y la corte tiene una obligación constitucional de hacer valer las leyes federales, aun entendiendo la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno desde administraciones pasadas. Esta no es una nueva obligación que enfrenta. Lo sabe desde hace mucho tiempo y debe presupuestar los millones de dólares que le competen", añadió el juez.

La directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Alicia Suárez, reaccionó complacida.

"Estamos satisfechos con la decisión del juez federal Gustavo A. Gelpí. Esta decisión atiende las necesidades de las comunidades vulnerables y de los pacientes Medicaid en Puerto Rico. Los centros 330 están enfocados en la excelencia operacional, la calidad y en rendir cuentas", indicó Suárez en declaraciones por escrito.

Por su parte, la abogada del DS, Beatriz Annexy, emitió la siguiente declaración escrita tras conocerse la determinación del juez federal:

"Al Departamento de Justicia, como representante legal del Departamento de Salud, le corresponde evaluar la determinación del juez federal Gustavo Gelpí. La misma concedió unos términos específicos para que el Estado pueda emitir ciertos pagos. La intención nuestra es y ha sido siempre la de pagar, aunque tenemos la obligación de asegurarnos responsablemente y procurar que las cantidades que se vayan a pagar estén sustentadas dentro de la fórmula y requisitos que exige la ley. Asimismo, habremos de considerar las opciones procesales que tenemos al alcance para que se considere verdaderamente tales cifras y poder tomar las determinaciones que mejor protejan los fondos públicos a desembolsarse por concepto de prestación de servicios en los centros de salud 330", manifestó la licenciada Annexy.

En cuanto a la deuda de $27,430,313 que se le deben a los centros de Arroyo, Barceloneta, Camuy, La Montaña, Morovis y Patillas, el juez indicó que el Gobierno deberá pagar una tercera parte en o antes del 30 de julio. El segundo pago deberá ser en o antes del 30 de septiembre, y el tercero, en o antes del 30 de noviembre.

"La corte ha sido lo más leniente posible para asegurar el cumplimiento y las obligaciones del Gobierno al participar del programa Medicare/Medicaid. Sin embargo, estas fechas límites están talladas en granito. No podrán ser ignoradas. La corte le ha dado más que tiempo al Gobierno para que presupueste y haga los pagos", sentenció.

En la vista del miércoles pasado, el Departamento de Salud confesó que no tiene los fondos para pagar los más de $9 millones que le deben a los Centros de Salud Primaria de Puerto Rico 330 y que ya gastaron los $329 millones que recibieron por parte del gobierno federal destinados al programa Medicaid.

Gelpí catalogó la situación como "vergonzosa", refiriéndose a tener que realizar una vista para que el gobierno del Estado Libre Asociado le pague a los demandantes en un caso que data del 2003, y señaló que nunca ha tenido que embargar fondos, pero que es una opción que no descarta.

"Nunca se ha pagado a tiempo. Esto es algo de todas las administraciones. Siempre he dado extensiones, pero no se puede esperar más. Los centros tendrían que cerrar sus puertas y esto afectaría a los pacientes de Puerto Rico y ese es el problema aquí", señaló Gelpí durante la vista.

En una moción, el Departamento de Salud dijo que no presupuestaron la cantidad que tienen que parear con fondos federales para estos centros y que pagaban con una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), pero que ya no tienen fondos. El juez indicó que eso "no es excusa".

"No veo defensa para no pagar los más de $9 millones que se les adeuda a los centros 330... No sé si el dinero se presupuestó o qué se ha hecho, pero hay que pagar. Bajo todas las administraciones ha pasado esto, pero ya es suficiente y hay que agarrar el toro por los cuernos", insistió el juez.

La abogada de Litigios Federales del Departamento de Justicia que representó al gobierno de Puerto Rico, Arlene Pérez Borrero, indicó durante la vista que los cheques están hechos, pero no tienen los fondos.

"Al momento, el problema es debido a la situación fiscal en el Gobierno. La intención es cumplir, pero en este momento se hicieron los cheques, pero no hay los fondos para sustentarlos. Esto podría crear un problema en la administración, los salarios. Estamos buscando el efectivo para poder emitir los cheques", confesó Pérez Borrero, quien dijo que ya no tenían fondos Medicaid disponibles.

Desde 2002, se estableció la ley para parear fondos federales y pagarle a los llamados centros 330, que ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.

Los centros demandantes son: Río Grande Community Health Center, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Dr. José Belaval Inc., Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc., Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Corporación de Servicios Integrales de Salud Integral de la Montaña, Inc., El Centro de Salud de Lares, Inc., El Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., Gurabo Community Health Center, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Migrant Health Center, Inc., Morovis Community Health Center, Inc., Rincón Health center, Inc., y Toa Alta Comprehensive Urban/Rural Advanced Health Services, Inc.