A Puerto Rico “se le va la vida” si no consigue cuanto antes una herramienta efectiva que le permita renegociar la abultada deuda que arrastran sus corporaciones públicas con los acreedores, afirmó este domingo el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.

El líder cameral instó al Gobierno a apelar de inmediato en el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston la decisión del juez federal Francisco Besosa que declaró la inconstitucionalidad de la “Ley para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas” (Ley 71-2014), conocida popularmente como la “Ley de Quiebra Criolla”.

“Yo respeto la decisión del juez Besosa, pero se nos va la vida. Hay que ir a Boston porque la realidad es que Puerto Rico no tiene los mecanismos que tienen los otros estados para establecer un proceso de quiebra de sus corporaciones públicas. Puerto Rico no se puede quedar sin herramientas. Necesitamos una herramienta para poder sentarnos con los acreedores protegiendo el mejor interés público”, indicó Perelló en un aparte con periodistas tras una rueda de prensa en la que anunció los hallazgos de la primera fase de análisis de la reforma contributiva.

“Si el Gobierno no tiene un mecanismo de protección, ¿con qué vas a negociar? Vas a negociar sin las herramientas para proteger lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, y esto amerita ir a Boston para apelar la decisión del juez”, añadió.

El juez federal Besosa determinó el viernes que la Ley 71, aprobada en junio pasado, es nula por violentar la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos al tratar una materia que es campo ocupado por el ordenamiento federal. Como parte de la decisión, se prohíbe a la administración de Alejandro García Padilla poner en efecto el estatuto, creado para que las corporaciones públicas puedan ajustar sus obligaciones sin menoscabar los servicios que prestan.

Perelló recordó que Puerto Rico, como territorio no incorporado de Estados Unidos, no puede acogerse a las disposiciones del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, que sí provee para la reorganización de municipios y otras estructuras organizativas en quiebra en los estados.

La ley invalidada, argumentó Perelló, buscaba suplir ese vacío en el ordenamiento jurídico local.

“La decisión de Besosa nos quita esa protección. El paso natural es ir a Boston para apelar esa decisión, y de no ganar en Boston, sentarnos con el propio gobierno federal y que nos diga qué protección les va a dar a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, insistió.

“Estamos negociando la deuda del País, y esa deuda está amarrada a nuestros edificios, a nuestro desarrollo económico, al servicio que le damos a la población, y hay que tener una protección cuando tú te sientas a negociar con un acreedor que lo que quiere es recuperar todo su dinero”, abundó.

El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien participó en la actividad con el líder cameral, evitó comentar sobre los fundamentos del fallo judicial federal y sobre el proceder que seguirá el Gobierno en el caso.

Precisó que el secretario de Justicia, César Miranda, evalúa la decisión del juez Besosa, y una vez concluya ese análisis, se sentará a discutir la estrategia legal con el equipo fiscal.

“Es una herramienta menos que tenemos, así que yo me imagino que el análisis del secretario (de Justicia) va a considerar eso, el efecto de perder esa herramienta”, señaló Zaragoza.