Lograr una exención a la ley de cabotaje aéreo que le permita el desarrollo de la industria de carga aérea en la Isla es lo que busca el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, al solicitar una dispensa de restricciones al Departamento de Transportación de los Estados Unidos.

Mediante el recurso, el ejecutivo pretende emular lo que logró Alaska hace décadas en el Congreso y que ahora le permite ser uno de los aeropuertos de mayor actividad económica en el mundo en relación a la carga aérea y transferencia de pasajeros internacionales.

La dispensa se solicitó por primera vez en junio. Collazo viajará el lunes a la capital federal, Washington, para seguimiento y de lograrla, resultarían beneficiados los aeropuertos Luis Muñoz Marín en Carolina, Mercedita en Ponce y Aguadilla. De esta manera, Puerto Rico lograría entrar dentro del negocio que, fuera de Estados Unidos, acapara Colombia, Panamá y República Dominicana.

“Si el Departamento de Transportación de los Estados Unidos nos da esa flexibilidad a través de esta dispensa como ya se lo dio Guam, a las Islas Marianas y al propio estado de Alaska pudiésemos estar hablando de que ahora esos aviones pararían en Puerto Rico porque no tendrían esa restricción y estarían flexibilizando la actividad de transferencia de carga aérea entre avión y avión internacional y también entre pasajeros”, explicó.

Laboy indicó que, el año pasado, la comisionada residente, Jenniffer González, sometió legislación para que Puerto Rico pudiese estar junto a Alaska en ley congresional y recibiera ese beneficio de ley de cabotaje aéreo. Sin embargo, el Congreso aún no ha actuado al respecto.

“Adicional a ese esfuerzo, que todavía el Congreso no ha actuado sobre eso, también había una vía administrativa a través del Departamento de Transportación de los Estados Unidos que pudiese permitir cierta flexibilidad a ese requisito de la Ley de Cabotaje en términos generales. Hoy hay aviones internacionales que pasan por encima de Puerto Rico desde Suramérica, Centroamérica hacia Europa y viceversa. No paran porque tenemos esas restricciones a nivel administrativo”, indicó.

Según el secretario, se espera que en los próximos seis u ocho meses el Departamento de Transportación tome una decisión sobre la solicitud.

“Nosotros creemos que tenemos un caso muy sólido. La Junta de Supervisión Fiscal apoya porque no le cuesta nada al constituyente norteamericano, es una medida de desarrollo económico que le permitiría a Puerto Rico, a tres aeropuertos, poder capturar mayor actividad de carga aérea y transferencia de pasajeros del mercado internacional que paren en Puerto Rico y eso aumentaría el comercio internacional, la transportación y el sector de turismo”, dijo.