El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Hacienda, Francisco Parés, afilan sus últimos cañones a fin de convencer a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de que el proyecto que ajusta tasas contributivas a individuos y empresas tendrá un impacto fiscal menor al que señala el ente federal y, de paso, evitar que la controversia llegue a un encontronazo en los tribunales.

Sin embargo, Pierluisi anticipó que se presta a darle su firma a la medida que enmienda el Código de Rentas Internas para disminuir las tasas contributivas, principalmente a la clase media y las empresas locales (Pymes).

“Yo me veo inclinado a firmarla. Lo que pasa es que yo no quiero tener el choque con la Junta y que, para colmo de males, entonces, pues, el tribunal invalide la ley. Eso es lo que queremos evitar a toda cuenta”, indicó a la prensa, tras participar de una entrega de vehículo para el Departamento de Corrección y Rehabilitación en Bayamón.

Es que, en lo que parece ser una carrera contrarreloj, el pasado viernes el Primer Ejecutivo y el titular de Hacienda se reunieron a través de una videoconferencia con el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, con el propósito de discutir el impacto que tendría para el gobierno el sustitutivo Proyecto de la Cámara (PC) 1839 que fue aprobado el último día de la sesión ordinaria con enmiendas a la versión que había presentado el primer ejecutivo, aunque mantiene algunas disposiciones de la propuesta original de La Fortaleza, incluyendo la reducción en las tasas de contribución sobre ingresos a individuos.

Aunque Pierluisi tiene intención de convertir la medida en ley, no ha plasmado aún su firma en el proyecto, pues está agotando esfuerzos para demostrar a la JSF dos cosas: que el impacto al erario de los alivios contributivos es de $550 millones y no de $750 millones como calculó el organismo fiscal; y que las reducciones tendrían un efecto positivo “significativo” en la economía de Puerto Rico, generando ingresos adicionales en promedio de aproximadamente $283 millones anuales. La JSF insiste en que la legislación va contra la Ley Promesa, el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), el presupuesto actual del gobierno y el plan fiscal certificado.

Pierluisi adelantó que estas reuniones con Mujica y su equipo económico continuarán en los próximos días. La meta es buscar la manera de que la Junta actualice el Plan Fiscal para que lo ajuste a la realidad de los recaudos que tiene el gobierno, así como para eliminar la “ganancia neutral”, que establece que si se elimina un impuesto deber ser cambiado por otro.

“La meta nuestra es que la Junta permita que yo firme y que se implante sujeto a unos acuerdos. Por ejemplo, yo estoy hablando de reducción de gastos. Si es necesario, podemos reducir gastos. Yo estoy hablando de revisar el Plan Fiscal, pero eso lo queremos acordar con la Junta... Estamos siendo bien flexibles con la Junta. Lo que no queremos es que haya aquí un litigio innecesario. Lo que queremos es que se dé este alivio. Pero, obviamente, vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que el presupuesto se mantenga balanceado. Para que tengamos suficientes recaudos para los gastos del gobierno. Seguro que sí. Estamos en la mejor disposición de trabajar con la Junta a esos efectos”, puntualizó Pierluisi.

La JSF, por su parte, reaccionó a las expresiones del Primer Ejecutivo y a la exhortación del secretario de Hacienda, reiterando su oposición al proyecto y advirtiendo que la aprobación se da fuera del “proceso presupuestario” y constituye una “amenaza” para la estabilidad fiscal del gobierno.

“El Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1839, uno de los mayores recortes contributivos en la historia reciente de Puerto Rico, que se produce a tan solo un año de haber salido de la quiebra, amenaza la estabilidad fiscal del Gobierno. No fue evaluado suficientemente para conocer su costo o impacto económico y fue aprobado fuera del proceso presupuestario”, envío la JSF en declaraciones escritas.

“La Junta de Supervisión continúa instando al Gobierno a trabajar juntos en un plan de reforma contributiva que sea asequible y conduzca a un crecimiento económico a largo plazo. Juntos, debemos evitar que Puerto Rico recaiga en déficit al gastar ingresos antes de generarlos, una práctica que llevó a la quiebra y a la creación de la Junta de Supervisión”, se agregó en la comunicación del ente fiscal.

Cabe destacar que del gobernador firmar la ley (tiene hasta el 15 de diciembre) y esta ser impugnada por la JSF en los tribunales en un periodo de 15 días, por mecánica y disposición del mismo proyecto sustitutivo, se postergaría por un año la reducción de contribuciones. El posible encontronazo judicial entre las partes sería similar al que se creó con la Ley 41 o llamada Reforma Laboral, la cual fue impugnada por el organismo fiscal bajo el argumento de que el gobierno no había sustentado la iniciativa con estudios económicos. Finalmente, ese estatuto fue anulado por el Tribunal Federal, que falló a favor de la JSF.

“Como resultado del análisis económico a base de un ‘costo dinámico’, preliminarmente, el costo neto de los alivios aprobados se estima en $267 millones anuales. También estimamos que los alivios promoverán el regreso a Puerto Rico de unas 15,000 personas lo que movería la economía”, subrayó Parés en conferencia de prensa al mencionar que, según un estudio de asesores externos, por cada dólar invertido en la Reforma Contributiva, el gobierno recuperará 51.49 centavos.

Parés explicó que el cálculo de retorno de miles de individuos a la población de la isla se estima para el periodo entre 2026 y 2030. Además, añadió que por cada dólar invertido en la Reforma Contributiva el gobierno recuperará 51.49 centavos.

Insistió que el gobierno tiene la capacidad financiera para conceder los alivios sin impedir el cumplimiento con las obligaciones del Estado, incluyendo las contraídas en el PAD confirmado por el Tribunal Federal.

Asimismo, puntualizó que los asesores externos están en el proceso de actualizar los estudios de impacto económico de la Reforma Contributiva, según los cambios finales aprobados, y no anticipa alteraciones sustanciales. El mismo sería entregado a los miembros de la JSF, a quienes el gobernador y Parés han dicho que están dispuestos a escuchar alternativas a fin de evitar la oposición total al proyecto.

“El gobierno en general, ha tenido mucha disciplina y hemos tomado las medidas necesarias para absorber los costos. La Reforma Contributiva también cuenta con el endoso de organizaciones del sector privado, que entienden es necesaria para hacer justicia a los contribuyentes y estimular la economía en general”, dijo.

El proyecto aprobado por la Legislatura se mantuvo igual a la propuesta inicial del gobernador Pierluisi, en cuanto al ajuste en tasas contributivas. Se aprobó una tasa de 7% para ingresos netos entre $9,001 y $25,000; de 14% para ingresos netos de $25,001 a $41,500; de 22% para ingresos entre $41,501 y $81,500; 30% para ingresos de $81,501 a $300,000 y 33% para ingresos de$300,001 o más. El Ajuste por Costo de Vida, tendría vigencia a partir del año contributivo 2024, si se aprueba en o antes del 30 de junio del año que viene.

Otros beneficios aprobados para individuos incluyen un aumento en el crédito para personas de 65 años o más de $200 a $400; una nueva exención de hasta $40,000 para médicos residentes en Puerto Rico, por cinco años consecutivos, desde que son admitidos a la práctica de la medicina, a partir del año contributivo 2024 y el descuento del 5% y el 3%, decretado en las leyes 257-2018 y 40-2020, respectivamente, para contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado no exceda los $100,000.

Por otro lado, el proyecto establece tres nuevas escalas contributivas progresivas para corporaciones de 16%, 26% y 36%. Se elimina la contribución adicional de hasta 19%, al igual que el pago mínimo de $500 de la Contribución Alternativa.

El posible estatuto recomienda una tasa de 16% para ingresos netos sujeto a contribución entre $0 y $500,000; 26% para ingresos entre $500,001 y$2,000,000 y 36% para ingresos de $2,000,001 o más.

Otras medidas aprobadas incluyen la eliminación de la reconciliación de gastos, cuando el contribuyente está bajo el método de acumulación (accrual basis). Se elimina la obligación de rendir un Informe Anual de Corporaciones ante el Departamento de Estado a entidades domésticas y foráneas, aunque se mantiene el pago de los derechos anuales correspondientes. También se permite al Departamento de Hacienda entrar en acuerdos voluntarios con los municipios para manejar el Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal y la Declaración de Volumen de Negocios (Patente Municipal), por SURI.

Se aprobó también que el Informe Anual Exento de entidades con decreto de exención contributiva, se radique como parte de la Planilla de Contribución sobre Ingresos y se mantiene el pago de derechos anuales; mientras que las licencias de Rentas Internas, que actualmente se manejan a través de la plataforma de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), se gestionarán por SURI.

La exención sobre el ingreso de renta de propiedad residencial bajo la ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles, Ley 132 de 2010, se extiende 15 años, del 2025 al 2040.

Lo que no se aprobó fue extender los beneficios de la Ley 22/Ley 60 a los residentes de Puerto Rico; tampoco consolidar los errores matemáticos en ajustes de planilla, (que era una medida de simplificación), ni eliminar el Impuesto sobre Ventas y Uso en la cadena de distribución para importaciones y compras de inventario para la reventa.