Mientras transcurren de manera paralela las pesquisas de Justicia y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en cuanto a la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, el gobierno comenzará un análisis sobre los permisos que se otorgaron en el área para actuar contra los que halle sean ilegales.

“Se está analizando la legitimidad de los documentos sometidos para poder accesar a energía eléctrica y el servicio de agua”, sostuvo la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

En una conferencia convocada en La Fortaleza en horas de la tarde de hoy lunes, García explicó que exigirán los documentos que permitieron la instalación de los servicios de agua y luz para determinar si son “fraudulentos”. Concederán cinco días para proporcionar los documentos y si eso no ocurre “el servicio y la utilidad van a ser suspendidos”, agregó.

Junto a la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo; la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez y Gabriel Hernández, secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE, García aseguró que no habrá impunidad para los responsables de las construcciones y la otorgación de permisos ilegales, que puede involucrar a funcionarios públicos.

“Perseguimos la restauración de nuestros recursos naturales y la mitigación de lo que entendemos son crímenes ambientales”, apuntó la secretaria de la Gobernación.

Rechazó, a preguntas de la prensa, que La Fortaleza sabía, previo a que trascendiera públicamente, de las ilegalidades que ocurrían en la Bahía de Jobos.

Además, defendió el manejo que dio a este asunto el ahora exsecretario del DRNA, Rafael Machargo.

“La estrategia de Machargo fue una acertada. Él encaminó el proceso de investigación a través de un bufete, no lo delegó en Justicia, lo contrató el propio Departamento de Recursos Naturales para atender el problema de raíz”, dijo García.

Pagán Crespo, por su parte, precisó la cantidad de conexiones ilegales de agua que hay en la reserva.

“Son trece acometidas. Hay ocho activas y cinco inactivas. Quiere decir que de esas ocho que pudimos identificar, ya nosotros internamente procedimos a hacer la evaluación de la documentación y contenían los permisos que nosotros requerimos a cualquier cliente en la Autoridad”, afirmó la presidenta de la AAA.

Dijo que la información va a ser compartida con la OGPE.

Pese a que se le preguntó, García no precisó cuántos permisos fraudulentos han encontrado.

“Hay varios tipos de permisos: de titularidad, de construcción y de utilidad. Lo que hoy podemos certificar que no son legítimos son los permisos de utilidad. Esos son los que la AAA va a comenzar con el proceso de verificación directamente con el cliente para proceder con la desconexión”, indicó García.

“La documentación de las utilidades es lo que más pronto se puede verificar, así es que ese proceso ya se comenzó con OGPE. En el caso de la AAA ya hay siete casos que pudo identificar que hay un documento que no es legítimo. Por lo tanto, vamos a tocar la puerta del cliente”, agregó.

En un aparte, Hernández mencionó al ingeniero Ángel Rodríguez autorizó con su firma construcciones en la reserva.

Las expresiones de los funcionarios se produjeron luego de participar de una vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara.