Se asoma intenso litigio entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico ante la determinación -aprobada por unanimidad por los miembros del ente federal- de reducir la jornada de los empleados públicos tan pronto como al 1 de septiembre.

La advertencia inicial sobre el desacuerdo que, a todas luces se resolverá en un tribunal, la hizo Christian Sobrino, representante del Gobierno ante la Junta, quien prácticamente desafío al ente adelantando que no acatarán bajo ninguna circunstancia lo determinado.

“Si nos demandan vamos a ganar y no va haber reducción de jornada. Eso no va a ocurrir. Punto…pero, si ellos quieren ir al tribunal, nosotros nos vamos a defender”, dijo Sobrino al finalizar la reunión durante una conferencia de prensa en la que sostuvo en repetidas ocasiones que la opción de recortar dos días al mes a los empleados públicos -exceptuando a los que trabajan en áreas de seguridad, como los policías- nunca fue incluido en el plan fiscal certificado por la Junta el pasado marzo. Además catalogó lo dispuesto como una “recomendación” por lo que dijo que la Junta no tiene autoridad de obligar al Gobierno a cumplir.

Mientras, José Carrión III, aseguró que el tema de reducción sí se había informado y que sí está establecido en el plan fiscal certificado. Indicó, además, que el Gobierno nunca objetó el asunto.

Carrión reconoció que la medida es “dolorosa” pero es necesaria para evitar consecuencias mayores. De hecho, dijo “aplaudir” las iniciativas del Gobierno “pero no son suficientes para cumplir con el plan trazado”.

El ajuste del plan fiscal certificado tiene como objetivo un ahorro de $880 millones en el año fiscal 2017-2018. El Gobierno, reconocieron en la reunión, ha logrado un progreso marcado al someter $662 millones en medidas de ajuste dirigidas al objetivo. En cambio, queda aún un desfase de $218 millones. Es esta cantidad la que se proyecta ahorrar durante un año con la reducción de jornada laboral.

Con este escenario, Carrión insistió que lo más saludable para el País es evitar un litigio  pero debido a la “actitud asumida por el señor Gobernador (Ricardo Rosselló)” se consultarán a los abogados.

Destacó que recurrir a tribunales generará unos gastos extras “y ya ustedes saben lo que cobran los abogados”. Pero dijo que lo más que le preocupa es que  un pleito judicial retrasaría la implantación de la reducción de la jornada laboral y eso implicaría que, al final del camino, se tendrían que descontar más días mensualmente a la nómina de los empleados.

“Tendremos que incrementar la cantidad de días para cumplir con los números del plan fiscal que están contemplados desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio de 2018, cuando culmina el año fiscal”, expresó. Por el momento, destacó, no se eliminará el bono de Navidad, sino que se aplicará la disminución que propuso el gobierno cuando presentó el plan fiscal que se certificó.

Por su parte, Gerardo Portela, director de AAFAF, dijo que el impacto de la reducción a la jornada laboral será “detrimental” para la economía y los efectos se perpetuarán por más de dos años y podrían alcanzar los $600 millones. Esta cifra, insistió, no está contemplada en el plan fiscal, aunque los miembros de la JSF aseguraron que sí.

“Si hay una reducción del 10% en el salario de los empleados públicos habrá un efecto grande al consumo (venta de alimentos, entretenimiento, gastos de hipoteca, etc.)”, dijo Portela.

Al inicio de su reunión, la Junta aclaró que aunque han mencionado la necesidad de adoptar reformas en los programas de asistencia a las personas de menos recursos, como el PAN, el TANF o la sección 8, eso no significa que estén impulsando eliminarlos como han sugerido algunas personas.

También se aclaró que en esta reunión no se abordaría el asunto del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico.

La Junta acogió recomendaciones para hacer cambios en las normativas de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec). Entre esos cambios, se propuso un nuevo sistema de gobierno que asumiría el control de Cossec. También se propuso enmendar la ley orgánica de Cossec para poder vender activos de cooperativas en liquidación a entidades no cooperativas. Además se pidió a Cossec crear un comité que supervise la implementación del Plan Fiscal dentro de la agencia, así como adoptar unos modelos que provean información más actualizada y detallada.

La JSF aceptó las enmiendas propuestas y recomendó la aprobación del plan fiscal presentado para Cossec, con el respaldo unánime de los miembros de la Junta.