Tras mostrar indignación por las alegaciones de que existen empleados del Departamento del Trabajo que cobran entre $300 a $400 para ayudar a las personas que tienen problemas en la reclamación del desempleo, la gobernadora Wanda Vázquez y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, exhortaron este miércoles a las personas afectadas a que radiquen querellas ante el Departamento de Justicia y el Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Es que el hecho de que un empleado público cobre por tramitar o dar trato preferencial a una persona que intenta resolver sus problemas con el seguro por desempleo es ilegal, tanto en el foro estatal como federal.

“Eso es totalmente inaceptable. No solamente es inaceptable, es ilegal”, sentenció Vázquez.

“Aquel ciudadano que algún funcionario le haya solicitado alguna compensación económica, yo le hago un llamado para que radique una querella, para que notifique al Departamento de Justicia, porque eso no se va a permitir bajo ninguna circunstancia. El secretario (del Trabajo), Carlos Rivera, ha sido notificado para que verifique dentro de los funcionarios y fuera, que tengamos la información, para que esa conducta, de haber ocurrido, primero, que sea detenida y, segundo, que reciba el trato y la investigación de ley que corresponde. Una persona que hace eso está cometiendo un delito”, precisó, durante una conferencia de prensa en la que se presentó la tercera fase del proyecto de mitigación de inundaciones del río La Plata.

La controversia de la venta de trámites en el Departamento del Trabajo la presentó la periodista Tatiana Ortiz Ramírez, en el segmento “De frente con Jay” del programa “Día a Día”. Allí un ciudadano alegó que se cobraba $300 por auxiliar a las personas cuando los problemas eran con el desempleo regular y $400 cuando se trataba del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés).

González precisó que tanto el desempleo regular como el PUA recibieron fondos del Cares Act, aprobado en el Congreso de los Estados Unidos por la pandemia del coronavirus. Por tal razón, cobrar por el trámite de estos programas que reciben fondos federales debe ser investigado por el FBI.

“Esto es un delito federal, vamos a empezar por ahí”, planteó González, al pedir a los afectados a comunicarse con el FBI.

Agregó que, “por lo tanto, cualquier persona que haya solicitado o esté solicitando (dinero) está cometiendo un delito federal y créanme que ahí no va a haber leniencia ninguna contra esos funcionarios. Esto es bien serio. Las imputaciones, verdad, yo no conozco ningún caso de esos, pero de haberlo, no solamente para el Cares Act en término de desempleo, fondos federales que se hayan aprobado para el préstamo de Small Business (Administration), para los incentivos de $1,200 en el Departamento de Hacienda, cualquier funcionario o cualquier persona que intervenga, así sea empleado o no de la agencia, está cometiendo un delito federal”.

Por otro lado, la gobernadora informó que el secretario del Trabajo trabaja con un plan para poder hacerle llegar el cheque del desempleo a todas las personas que fueron afectadas con el error de “La Misma” en la dirección.

“Él notificará cómo resolverlo”, dijo Vázquez.

Además, se mostró complacida con la labor que Rivera ha tenido en los pocos días que lleva al frente de la agencia. Dijo que “ya no vemos fila” y que se continúan trabajando con las reclamaciones de los afectados.