La gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó esta noche que su gobierno se presta a contestar oportunamente la carta del senador Charles Grassley en la que comparte sus impresiones sobre eventos recientes en la isla.

“Contestaremos las inquietudes del senador Grassley, sin desviar nuestra atención del trabajo que están realizando miles de ciudadanos americanos en la isla para combatir y controlar la amenaza invisible que representa el COVID-19 para toda la nación”, expresó Vázquez Garced mediante comunicación escrita.

Añadió que “hubiera preferido que Grassley o cualquier otra persona que hubiera intervenido en la redacción de la misiva, hubiese tenido la cortesía de comunicarse con nuestro equipo de trabajo o con nuestra comisionada residente Jenniffer González antes de atacar al pueblo de Puerto Rico por situaciones que se replican en otras jurisdicciones, tanto de nuestra nación americana como del extranjero”.

Para Vázquez Garced, “esta comunicación representa otra oportunidad para demostrar que Puerto Rico, a pesar de las adversidades que trae consigo esta novel emergencia, no ha malversado fondos estatales ni federales en su afán de servir bien a nuestra gente. Más allá de responder a la narrativa y al tono de su misiva, el senador nos presenta una gran oportunidad para que el liderato de la Isla y los verdaderos amigos y amigas de Puerto Rico en la capital federal nos unamos para demostrar que somos ejemplo y punta de lanza, tanto en cuanto a la forma destacada en la que hemos manejado esta emergencia, como en la manera en que nos uniremos a la iniciativa de presidente Donald Trump para la ordenada reapertura de los mercados”.

Lee la carta que le envió el senador republicano a Wanda Vázquez:

En la misiva, el senador le solicita a la gobernadora información sobre una variedad de temas relacionados, incluidas las recientes renuncias de funcionarios de Salud, la decisión de utilizar contratistas sin experiencia previa en suministros médicos para las pruebas COVID-19, las posibles consideraciones políticas hechas en ese proceso de toma de decisiones, la falta de notificaciones a la Junta de Supervisión Fiscal con respecto a estas grandes órdenes de compra o contratos y el ‘descubrimiento’ de medicamentos expirados por un valor millonario que estaban bajo el control del Departamento de Salud.