La gobernadora Wanda Vázquez firmó este miércoles una orden ejecutiva para otorgar inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que asisten al gobierno de Puerto Rico en la respuesta a la emergencia del COVID-19.

Según la orden, la acción responde al hecho de que es “la más alta prioridad del Gobierno de Puerto Rico llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar la salud, la vida y la seguridad de todos los puertorriqueños”.

“Esta Orden Ejecutiva tiene el propósito de establecer inmunidad sobre cualquier reclamación y/o responsabilidad impuesta por daños y perjuicios sufridos por un caso de alegada impericia médica y/o reclamación por negligencia a las facilidades y los profesionales de la salud envueltos en el tratamiento y cuidado de salud de pacientes admitidos, atendidos en sala de emergencia, referidos, transferidos, recibidos por un trasladado, o que fueran trasladados a otra institución durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Puerto Rico, siempre y cuando no conlleven actos u omisiones que constituyan un crimen, delito, fraude, en los que medie malicia o negligencia crasa, actos intencionales, o aquellos que constituyan una reclamación falsa”, reza parte del documento.

Agrega la orden que no existe ni vacuna ni tratamiento antiviral específico para tratar este coronavirus, y por tanto los tratamientos a los enfermos se hacen “a base de la experiencia de los profesionales de la salud en la utilización de distintos medicamentos y la respuesta individual de los pacientes”.

Explica, además, que no hay guías específicas de tratamiento para el COVID-19, y eso trae una preocupación entre profesionales de la salud, de que puedan ser sujetos reclamaciones futuras, pese a esa ausencia de un tratamiento efectivo contra el virus.

Ante ese panorama, explica el documento, al menos 19 estados han decidido “extender inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que de buena fe prestan servicios de salud a la ciudadanía como parte de la respuesta de emergencia establecida por el Estado para combatir el COVID-19 ante una reclamación de responsabilidad civil, daños o muerte por alegados actos u omisiones mientras se estaban administrando cuidados de salud”.

Indica que la extensión de inmunidad busca que los profesionales de la salud puedan laborar “sin la aprehensión o el temor de sentirse amenazados por una reclamación de impericia médica mientras prestan asistencia al Gobierno de Puerto Rico como parte de la respuesta a la emergencia”.

Sin embargo, parte de la orden establece que la inmunidad “no se extenderá en ninguna circunstancia a los actos u omisiones que constituyan un crimen, delito, fraude, en los que medie malicia o negligencia crasa, actos intencionales, o aquellos que constituyan una reclamación falsa”.