Como parte de su defensa en medio del escándalo causado por la compra irregular de unas pruebas rápidas de coronavirus a sobreprecio y a una empresa constructora con vínculos en el Partido Nuevo Progresista, la gobernadora Wanda Vázquez reveló este viernes una comunicación por texto que tuvo con la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, en el que alude a que esta realizó “gestiones y decisiones con repercusiones multimillonarias”.

La comunicación, que ocurrió el 25 de marzo a las 11:12 p.m. no especifica qué tipo de gestiones y decisiones era las que tomaba para atender la emergencia de salud pública causada por el coronavirus COVID-19.

La exfuncionaria, quien es madre de la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, aprovechó la comunicación para exponerle que no posee una carta con el nombramiento interino que tuvo desde el 13 de marzo, día en que se registró la renuncia de Rafael Rodríguez Mercado, hasta el 26 de marzo a las 11:30 a.m.

Según informó ayer Vázquez, durante una extensa conferencia de prensa, el mensaje de Quiñones de Longo sustenta que esta estuvo al tanto de todas las transacciones en la agencia.

Específicamente, cuando se le cuestionó a la gobernadora si había prueba documental de que la extitular estuvo involucrada en la contratación de Apex, esta precisó que “en las propias vistas (que realiza la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para indagar en esta controversia) que han mencionado aquí, donde habían correos electrónicos de que ella tenía conocimiento, los mismos documentos que tiene la Cámara, allí hay documentos donde ella recibía información de todas estas transacciones por correo electrónico. Así que lo que podemos anticipar es que la doctora Quiñones de Longo tenía conocimiento y estaba al tanto de todas las transacciones”.

“A mí directamente ella me escribió y me dijo que ella estaba tomando unas decisiones multimillonarias. Esa información me la escribió ella a mí”, agregó al prometer que daría a conocer el mensaje que tenía de prueba y que se publicó hoy.

Quiñones de Longo quiere que “salga la verdad”

Como reacción a esta implicación que quiso hacerle la gobernadora, Quiñones de Longo afirmó que mantendrá silencio para que en las investigaciones que se realizan sobre la controvertible compra salga a relucir la verdad

“Yo no quiero hablar con la prensa, ni dar más reacciones ni nada. Yo quiero que la investigación siga su curso y allí salga la verdad”, afirmó la exfuncionaria a Primera Hora.

Ha salido a relucir en las vistas que realiza la Comisión cameral de Salud que el trámite que se realizó en Salud para contratar a la empresa Apex General Contractors se realizó el 26 de marzo de entre 2:49 p.m. a 3:32 p.m., periodo para el cual ya Quiñones de Longo había renunciado.

Según ha trascendido, el exasesor del Recinto de Ciencias Médicas, Eduardo Laureano, le dio al abogado de la empresa Apex y quien fue director de la Autoridad para el Transporte Marítimo, Juan Maldonado, el teléfono del coordinador del task force médico, Segundo Rodríguez.

Maldonado, por su parte, le escribió un mensaje de texto a Rodríguez para ofrecerle un millón de pruebas para detectar el coronavirus a un precio de $42 millones. No se ha establecido cuándo fue este mensaje. Sin embargo, la exsecretaria auxiliar en Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa, informó ayer que ella evaluaba la contratación de Apex desde el 24 marzo.

El día 26 de marzo la empresa empezó la oferta con los $42 millones y luego se redujo a $38 millones, si la agencia le daba un adelanto del 50%. Ese descuento ocurrió y a Apex se le dio un adelanto de $19 millones, según se informó en las vistas camerales.

Una serie de correos electrónicos dan cuenta que Maldonado envió el contrato final a las 2:49 p.m. y que a las 3:32 p.m. ya Graciela Malavé, gerente de evaluación del área de bioseguridad bajo contrato de servicios profesionales en el Departamento de Salud, lo había evaluado y autorizado la compra.

La exsecretaria auxiliar en Administración del Departamento de Salud ha insistido durante su testimonio en la Cámara que fue el coordinador del task force médico quien ordenó conceder el contrato a Apex.

“La doctora nunca tuvo ante su consideración esa propuesta”, dijo Rosa, cuando desmintió la teoría de la gobernadora de que Quiñones de Longo conocía de la transacción.

Cabe destacar que el controvertible contrato no está firmado por la extitular de Salud, sino por una funcionaria del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Guarina Delgado.

Al renunciar a su cargo, Quiñones de Longo denunció que recibió presiones de asesoras de Vázquez para firmar contratos, así como que otros empleados de la agencia y asesores ligados a La Fortaleza actuaron por encima de su rol de secretaria interina.

“En realidad fue todo una situación incómoda y difícil donde mi autoridad como secretaria interina no fue reconocida. Me estaban pidiendo que yo fuera un sello de goma y yo no iba a acceder a eso”, reveló Quiñones de Longo.

Por otro lado, como parte de la irregular transacción que se dio para contratar a Apex ha salido a relucir que la firma de un empresario fue falsificada y que la constructora supuestamente nunca contactó a la compañía a la que prometió le compraría las pruebas, Promedical en Australia.

El contrato con Apex se deshizo el 31 de marzo, cuando la empresa no pudo entregar el millón de pruebas en los cinco días estipulados. El pasado 4 de abril le devolvieron al gobierno los $19 millones.