El exesposo de Alexandra Lúgaro, quien fuera candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Edwin Domínguez Torres, recibió un indulto condicional por parte de la gobernadora Wanda Vázquez.

Contra Domínguez Torres pesaba una sentencia de ocho años y un día de cárcel. Se le impuso la pena tras ser declarado culpable el 6 de diciembre 2019, por violar una orden de protección a favor de una menor, en este caso la hija de Lúgaro, ya que publicó fotos en las redes sociales. Además, fue declarado culpable de tres cargos de violación de órdenes de protección al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley 246 de Bienestar de Menores, en instancias distintas.

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Según un comunicado de prensa emitido por La Fortaleza, “la clemencia es de cuatro años con varias condiciones, como no comunicarse, dirigirse ni relacionarse, directa o indirectamente, ni por ningún medio de comunicación o electrónico, con las partes perjudicadas ni con sus familiares, y permanecer bajo arresto domiciliario por el término de dos años, entre otras restricciones. Advirtiendo que cualquier violación a las condiciones resultaría en la revocación del indulto condicional”.

La petición de indulto la radicó su abogado, Roxanna Soto Aguilú, a finales de noviembre.

No se informó cuándo Domínguez Torres saldría de prisión.

Mientras, Lúgaro reaccionó al indulto de su exesposo mediante una transmisión en vivo por Facebook.

La excandidata a la gobernación rememoró que Domínguez Torres “se negaba a dejarme ir de su vida”, y que en el 2016 intentó atropellar a ella y su hija Valentina con su guagua en la avenida Ponce de León.

“En el 2017, él retuvo a la niña y me dijo que no me la iba a devolver hasta que le diera 10 mil dólares”, agregó.

Lúgaro reiteró que Valentina no es hija de Domínguez Torres.

“Mientras muchos celebran en las redes y dicen: ‘ay cuánto daría por verle la cara hoy a Lúgaro’, pues me la estás viendo, y esta no es la cara de una mujer derrotada, es la cara de una mujer molesta, triste, con miedo de lo que le puede pasar a su hija”, dijo.

“Para que ustedes tengan idea, este ca... no solamente nos intentó atropellar a las dos, esta persona puso pasquines con la foto de mi hija amarrada de manos y pies metida en una botella con las palabras ‘secuestro’, ‘maltrato’, en tres avenidas principales por las que yo tenía que pasar con mi hija”, expresó en llanto.

“Quien fue Procuradora de las Mujeres, quien fue fiscal, leyendo un informe de fiscales, oficiales probatorios, trabajadores sociales, donde todos le dicen que esta persona representa un claro peligro para mi seguridad y la de mi hija, con todo y eso decidió pisotear todo ese proceso que yo tuve que seguir, que el mismo Estado me exigió que siguiera”, precisó sobre la determinación de la primera mandataria.

“Todos los que hoy celebran ese indulto porque lo ven como una victoria política, yo jamás les desearía que estén en mis zapatos”, sostuvo entre lágrimas.

La gobernadora, además, indultó a Sharelys López Pérez, quien el 30 de julio de 2013 fue sentenciada a cumplir 15 años de prisión. Ella era una enfermera de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) que fue acusada por agredir sexualmente a dos adolescentes.

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La primera ejecutiva indicó que le concedió un indulto condicional por el término de cinco años, cumpliendo restricciones que incluyen estar en su residencia de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., entre otras que, de no cumplir, el indulto sería revocado.

Estos dos indultos, junto a la de la joven madre Ashley Marie Torres Feliciano, forman de las 31 clemencias ejecutivas, incluyendo 19 indultos totales de personas que ya no están convictas, tres conmutaciones de pena y nueve indultos condicionados que concedió Vázquez ante su salida del gobierno.

Según explicó, la mayoría de estos son personas beneficiadas ya cumplieron su sentencia, a los fines de que puedan solicitar tener el récord limpio. En otros casos son personas que llevan algún tiempo en la libre comunidad cumpliendo con todas las condiciones impuestas por la Junta de Libertad Bajo Palabra de manera satisfactoria.

Explicó que, aunque típicamente un exconvicto puede limpiar su récord luego de cinco años de cumplida la sentencia, en muchos de estos casos las personas han demostrado su deseo de superación al culminar grados universitarios o encontrarse ya reinsertados en el mundo laboral. De esta forma, se acelera ese proceso.

“Estas acciones fueron evaluadas con detenimiento, responsabilidad y cumpliendo con nuestra facultad constitucional, y con el beneficio de tener la óptica desde las distintas posiciones que he ocupado en el sistema de justicia de Puerto Rico. Creo firmemente en la ley y el orden y que cada acción conlleva unas consecuencias, pero también sé que muchas personas tienen la oportunidad y el empeño de rehabilitarse y superarse, y esa es la oportunidad que les otorgo hoy. Luego de varios días evaluando detenidamente todas las solicitudes, y de sostener reuniones junto a mi equipo y a la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, he decidido que estos casos son meritorios para una oportunidad de demostrar su rehabilitación”, destacó la gobernadora.