La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este miércoles sus primeras dos leyes y están relacionadas a su meta de transformar el sistema de energía eléctrica del país.

Detalló que las nuevas regulaciones permitirán al zar de energía, Josúe Colón, evaluar la posibilidad de atraer nuevas plantas generatrices de energía, así como refuerza el poder del Negociado de Energía para poder imponer multas a las empresas a cargo de la generación de energía, Genera PR, así como a la que está a cargo de la transmisión y distribución de energía, LUMA Energy.

La ley número 1 de González Colón, específicamente, “actualiza las metas de energía renovable, eliminando las metas intermedias que son imposibles de cumplir y permitir una transición realista y asequible. Esto fue parte de las propuestas que lanzó el Comité Multisectorial de Energía”, precisó en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Es esta medida que permitirá a Colón buscar fuentes de energía alterna para la Isla.

“Ahora con esta legislación el zar de energía va a poder hacer requerimientos, propuesta de distintas compañías para establecer generación en Puerto Rico. Nosotros estamos abriendo esto a diversidad. Excepto la energía nuclear, toda la demás de energía estará sobre sobre oferta. Nosotros tenemos que buscar que disponibilidad tenemos, qué precio se va a estar dando”, explicó González Colón.

Esta ley también extiende hasta diciembre de 2032 la generación de energía a base de carbón. Esta generación representa el 25% de la demanda energética de Puerto Rico.

La segunda ley firmada por la primera ejecutiva enmienda la “Ley de Transformación y Alivio Energético” para aumentar las multas que puede imponer el Negociado de Energía y facilitar el cobro de las mismas.

“El fin es darle al Negociado de Energía de Puerto Rico mayor autoridad fiscalizadora sobre sus regulados, empoderando esa entidad a imponer sanciones verdaderamente punitivas. Además, se faculta al Negociado a ordenar la incautación de cualquier acreencia a favor del regulado que cualquier agencia, dependencia, oficina, corporación pública, programa o entidad del Gobierno de Puerto Rico pueda poseer para asegurar el cobro de dicha penalidad”, detalló.

Por otro lado, la gobernadora reconoció que hay problemas con el Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, el cual se quedaría sin fondos en abril próximo para pagar a los jubilados.

Aseguró que la semana pasada se reunió en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGF) para comenzar a establecer alternativas. Entre las agencias que también laboran en este esfuerzo está la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, así como la Junta de Supervisión Fiscal.