La gobernadora, Jenniffer González Colón envió tres nuevas medidas a la Legislatura de Puerto Rico, una de las cuales busca continuar atendiendo la situación de propiedas en La Parguera en Lajas.

El envío de una medida relacionada a la Parguera llega a menos de 24 horas de que el designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, se presentara ante el Senado para explicar la orden administrativa que firmó, y que que archiva los casos relacionados a construcciones ilegales en La Parguera.

Desde su firma, la orden fue cuestionada por beneficiar a los suegros de la gobernadora, José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, quienes estaban siendo investigados por el DRNA, por violaciones a artículos del Reglamento 4860, que regula la zona marítimo terrestre; por infringir un artículo de la Ley de Bosques de 1975; y por el incumplimiento de la Ley de Vida Silvestre de 1999.

Quiles, no obstante, enmendó el inciso F de la orden administrativa para aclarar que oficiales administradores evaluarán la aplicabilidad de esa orden en cada caso.

Tras esa enmienda, la gobernadora de Puerto Rico, envió una medida a la Legislatura que busca “armonizar la existencia de estas estructuras en La Parguera con la conservación del medio ambiente”.

Según detalló González Colón en declaraciones escritas, la pieza legislativa establece “el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público”.

Aunque en el comunicado de prensa que envió la gobernadora no especifica de cuánto sería el cobro, esta indicó que el producto de dichas rentas se utilizaría “para beneficio del medio ambiente y la comunidad de La Parguera”.

González Colón envió otras dos medidas legislativas, relacionadas a la situación energética, que según dijo, fueron recomendadas por el Comité para la Transformación Energética de Puerto Rico.

La primera de esas dos medidas eliminaría de la Ley 17 de 2019, las metas intermedias de energía renovable para Puerto Rico. La ley establecía que Puerto Rico debía alcanzar este 2025 el 40% de su energía a través de fuentes renovables, y en el 2040, el 60%.

González Colón únicamente mantendría la meta de que en 2050 el 100% de la energía de Puerto Rico se produzca a través de energía verde.

La última medida enviada a la Legislatura por la gobernadora enmendaría el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014 para aumentar las multas que puede imponer El Negociado de Energía y facilitar el cobro de las mismas.

El fin es darle al Negociado de Energía de Puerto Rico mayor autoridad fiscalizadora sobre sus regulados, como LUMA Energy, “empoderando esa entidad a imponer sanciones verdaderamente punitivas”.

La medida también facultaría “al Negociado a ordenar la incautación de cualquier acreencia a favor del regulado que cualquier agencia, dependencia, oficina, corporación pública, programa o entidad del Gobierno de Puerto Rico pueda poseer para asegurar el cobro de dicha penalidad”.