La gobernadora Jenniffer González Colón anunció esta sábado que presentó dos nuevas medidas legislativa en las que busca regular los contratos de las Alianza Público Privada para crear la Junta Apelativa de Relaciones Laborales de Puerto Rico.

Con estas radicaciones, según informó en comunicado de prensa, ya ha presentado 36 medidas ante la Legislatura, dos de ellas ya convertidas en ley. Ambas estaban relacionadas al tema energético.

La primera de las propuestas recién impulsadas busca enmendar el Artículo 9 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”. La finalidad es que “en todo contrato, subasta, licitación y, particularmente en contratos de alianza, se incluya certificación, en la cual la persona o empresa que interesa tener o luego obtenga un acuerdo de alianza público privada con el gobierno de Puerto Rico, establezca que no subcontratará la provisión de bienes o servicios objetos del acuerdo a miembros de su unidad familiar, sus accionistas, socios, entidades relacionadas ni exempleados; para establecer la facultad de reglamentar”.

La gobernadora dijo que “seguimos cumpliendo con nuestro programa de Gobierno que le ofrecimos al pueblo, en donde nos comprometimos en hacerle frente a la corrupción y esta medida es parte de esos esfuerzos ya que tiene como objetivo prevenir la corrupción y la posibilidad de que el Pueblo de Puerto Rico pague en sus facturas de luz por las ineficiencias y contratos a sobreprecio. Con esto en mente, se busca extender a las empresas energéticas las prohibiciones de las leyes locales anti-nepotismo que prohíben la contratación de familiares o exempleados en el servicio público; y prohibir contratos a otras empresas relacionadas a exdirectivos, a menos que no sean la única y mejor opción en términos de precios y servicios”.

La otra propuesta crea la Junta Apelativa de Relaciones Laborales de Puerto Rico como el ente cuasi-judicial exclusivo encargado de la adjudicación de controversias laborales en Puerto Rico.

“El objetivo de la medida es fortalecer los derechos de los trabajadores y patronos mediante procesos uniformes, expeditos y accesibles. Además de optimizar los recursos públicos, mejorar la calidad del servicio, e impulsar la confianza pública mediante mayor transparencia y rendición de cuentas. La existencia de múltiples foros conllevaba decisiones contradictorias sobre temas similares. La Junta permitirá unificar criterios y promover seguridad jurídica y estabilidad laboral, tanto en el sector público como privado”, explicó la gobernadora.

Con la creación de esta Junta, se consolidan funciones actualmente dispersas entre la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).