La gobernadora Wanda Vázquez Garced catalogó como una “tragedia” y un ataque político a su persona que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes haya referido a 11 funcionarios y contratistas del gobierno por la compra fataula de pruebas del COVID-19 a diversas agencias estatales y federales.

“Si eso es cierto, es una tragedia para este pueblo que funcionarios íntegros y que han dedicado su vida al servicio público (hayan sido referidos) por una acción que no tengo la menor duda que está relacionada con política… por quererme hacer daño a mí le hacen daño al pueblo de Puerto Rico”, sostuvo la Primera Ejecutiva a preguntas de Primera Hora.

Notablemente enojada exhortó al pueblo a estar “pendiente” a quiénes votarían por ese informe que, insistió, “le hace un gran daño al pueblo de Puerto Rico”.

“No hemos visto una votación o qué represetante ha votado (a favor del informe)… incluyeron medicos que de manera desinteteresada han ayudado a este pueblo y me han ayudado a mí a proteger vida. Para mí es una tragedia”, repitió.

¿No le parece una tragedia también esa venta de pruebas?, le inquirió una periodista.

“Eso, ciertamente, fue incorrecto pero ir contra esas personas… el informe debe presentarse conforme a evidencia y no con ánimo de hacer daño porque, verdaderamente sería una tragedia para Puerto Rico”, reiteró.

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes refirió a los 11 funcionarios al Panel de ExJueces del Fiscal Especial Independiente (FEI), Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Contralor de Puerto Rico, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y al Tribunal Supremo.

Entre los funcionarios referidos a las autoridades, figuran el coordinador del Task Force Médico, Segundo Rodríguez, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, la sub secretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez y la ex jefa de Personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza.

También encaran referidos, el abogado Juan Maldonado, quien gestionó el contrato de $38 millones para la compra de las pruebas a nombre de Apex General Contractors, así como el presidente de la empresa, Robert Rodríguez López.

El informe de 138 páginas hace los referidos en forma general, pero no detalla a qué agencia del orden público es referido cada uno de los funcionarios y empresarios.

A Maldonado, por ejemplo, se le imputa fraude, perjurio, falsificación de documentos, así como, violaciones al Código Político, la Ley Notarial, Registro Notarial, y a los Cánones de Ética de la profesión legal.

Según el informe, Rodríguez López pudo haber incurrido en fraude, falsedad ideológica y falsificación de documentos, mientras, que el también contratista, Ricardo Vázquez, Presidente de la empresa 313, LLC, pudo haber cometido falsedad Ideológica y haber violado el Código Político.

En cuanto al Presidente del Task Force, el informe sostiene que pudo haber violado los Artículos 254, 255, 261, 262 y 263 del Código Penal de Puerto Rico (Intervención indebida en las operaciones gubernamentales, Usurpación de un cargo público, influencia indebida, Incumplimiento del Deber y Negligencia en el Cumplimiento del Deber) así como el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.

“Quedó demostrado con la compra de Apex General Contractors, que el coordinador del Medical Task Force, nunca se aseguró que las pruebas cumplieran -como mínimo- con la aprobación de la “Food and Drug Administration” (FDA, por sus siglas en inglés), ni se tomaron en cuenta factores tales como: aprobación, autorización, fabricación, registración, distribución, validación, efectividad, sensitividad, entre otros. Sin embargo, sí se ocupó de conocer cuál sería el precio, disponibilidad y tiempo de entrega, información que no requería de un ente experto para evaluar aspectos relacionados a la salud y seguridad pública”, sostiene el documento.

“Por encima de consideraciones partidistas, intra-partido o inter-partido, se tiene que evaluar el desempeño de los funcionarios públicos y personas privadas que intervienen en estas transacciones y se adjudiquen responsabilidades por irregularidades con los fondos públicos y violaciones a las leyes y reglamentos”, indicó el representante y presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales.