Para la gobernadora Wanda Vázquez Garced, no hubo ninguna irregularidad en el intento de gobierno de adquirir 1 millón de pruebas rápidas de coronavirus en medio de la emergencia de la pandemia a través de una compañía inexperta en productos médicos y con vínculos al Partido Nuevo Progresista.

Así lo defendió esta tarde en una conferencia de prensa citada para las 5:30 de la tarde en el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) y en la cual estuvieron presentes varios jefes de agencia y miembros del “task force” médico.

Aunque aseguró que todo se hizo en ley, instó a quienes tengan evidencia de algo irregular, a llevarla a las autoridades estatales y federales, “que se llegue hasta las últimas consecuencias”.

“En esta administración yo no voy a permitir que nadie haga cosas incorrectas, como fiscal que fui, como secretaria de Justicia, no se lo voy a permitir a nadie…Voy a continuar enfocada, no me van a desenfocar”, añadió la mandataria.

Según la línea de tiempo expuesta por Vázquez Garced, todo comenzó el pasado 20 de marzo cuando el Departamento de Salud solicitó cotizaciones para la compra de un millón de pruebas de pruebas rápidas.

Ese mismo día, se recibió la primera cotización de la empresa 313 LLC en el cual ofrecía 100,000 “rapid kits” a $40 cada una.

Esta compañía, cuando empezó la emergencia por el coronavirus en Puerto Rico, cambió sus objetivos en el Registro de Comerciantes para añadir “servicios médicos”. Anteriormente, se dedicaba a dar servicios de informática, tecnología, construcción, rehabilitación de infraestructura y mantenimiento.

Por otro lado, la gobernadora indicó que la compañía Apex General Contractors se le acercó por mensaje de texto al coordinador del “task force” médico, Segundo Rodríguez Quilichini, para ofrecerse a traer 1 millón de pruebas rápidas. El también rector del Recinto de Ciencias Médicas refirió la oferta al Departamento de Salud.

Esta pequeña compañía se dedicaba a la construcción y nunca había manejado la venta de productos médicos. Su presidente, Roberto Rodríguez López, es un donante del PNP.

Entonces, el pasado 26 de marzo, Apex envió una primera cotización de 1 millón de pruebas a $42 cada una. Posteriormente, ese mismo día, envió otra corregida, en la cual bajó el precio a $38 cada una, pero pidiendo el 50% de adelanto.

El 31 de marzo, esta empresa no cumplió con la entrega de los productos y el contrato fue cancelado. Además, de que las pruebas no cumplían con el aval de las autoridades federales.

Ambas compañías han sido relacionadas con la firma de consultores y cabilderos fundada por el activista del PNP Juan Suárez Lemus, Grupo Lemus.

Las empresas le vendieron las pruebas al gobierno de Puerto Rico a sobreprecio, de acuerdo a un reportaje de investigación de El Nuevo Día. Y es que los exámenes que detectan el coronavirus se consiguen entre $1 y $16.

La gobernadora reiteró que estas órdenes siguieron “el mismo procedimiento como cualquier compra”. En el tracto, Vázquez Garced mencionó que, al menos, cinco personas estuvieron involucradas en la contratación y que ninguna de las involucradas le mencionó que recibieron presiones indebidas para avalarlas.

Entre las empleadas que mencionó se encuentran: Mariela Rivera (Salud), Evelyn Cumba (Manejo de Emergencia), Graciela Malavé y Maritza Sanabria.

El domingo pasado, la mandataria también se distanció de las empresas involucradas y de la compra.

“¿Mi relación? Ninguna, absolutamente. Primero, que no tengo ninguna relación y, segundo, que no tuve absolutamente nada que ver con la contratación, con las órdenes de compra”, sostuvo.

–Gobernadora, ¿usted como primera ejecutiva no tenía ningún conocimiento de que estas pruebas rápidas que se compraron entre el 20 y 26 de marzo estaban por encima del costo del mercado a nivel global y no tenían ningún aval del gobierno federal?, le cuestionó la prensa.

“Ninguna intervención. Eso es una función del Departamento de Salud. No tenía por qué dudar de las actuaciones que tomaran los secretarios y la secretaria interina. Al contrario, entiendo que son personas que conocen su trabajo así que confío, obviamente, en el funcionamiento de estos secretarios”, contestó.

También respondió que nunca nadie le consultó sobre la compra, y que la misma no tenía que tener el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal, a pesar del monto de la transacción, “porque no era un contrato, sino una orden de compra”.

“No pasó por Fortaleza porque no era un contrato sino una compra en una emergencia. No tenía que pasar por la Junta. Yo me dejo llevar por la Ley Promesa y en ningún sitio dice eso sobre órdenes de compra. Se cumplió todo el procedimiento”, dijo.

Sobre por qué nadie cuestionó por qué una compañía de construcción hacía la compra, Vázquez se limitó a repetir “no puedo hablar de la intención que tenían. Se le canceló porque no cumplió, y recobramos el dinero. Lo que queríamos era traer las pruebas. Lo importante es que se siguió el procedimiento y los funcionarios dijeron que nadie influyó sobre ellos en el proceso”.

No pudo explicar que acción se tomaría por el hecho de que finalmente no llegaron las pruebas ni tampoco por qué se le dio esa compra a una compañía de construcción que no contaba con el aval de la Administración Federal de Drogas y Medicamentos (FDA, en inglés).

Tampoco aclaró cuál había sido el proceso de Salud para solicitar cotizaciones a compañías para la compra de pruebas, que aparentemente solo respondieron dos firmas, incluyendo a Apex.

De igual forma, dijo desconocer cuál era el margen de ganancia que esperaba la compañía Apex por la venta de las pruebas al gobierno, o las razones por las que nunca llegaron a cumplir con traer las pruebas.

Y sobre cómo esperaba que trajeran en cinco días un millón de pruebas desde Australia, se limitó a decir que la compañía dijo que lo podía hacer, “y les creímos”.

Ayer, el Departamento de Justicia informó que iniciará una investigación en torno a la compra de un millón de pruebas a la empresa Apex General Contractors, por parte de Salud.

La determinación se tomó luego de una solicitud por escrito hecha por el candidato a representante Néstor Duprey y la candidata al Senado, Ana Irma Rivera Lassén, ambos del Movimiento Victoria Ciudadana.

Vázquez dijo que, hasta el momento, no ha sido llamada a testificar como parte de alguna investigación ni sabe de nadie en Fortaleza que haya sido llamado. Aclaró que estaba dispuesta a testificar bajo juramento en la investigación que sea.