El gobernador Pedro Pierluisi vetó una medida legislativa que agregaba nuevas definiciones e imposiciones a la “Ley de Cannnabis Medicinal” (Ley 42-2017), ya que la industria está “altamente regulada” y que lo contemplado en el proyecto de ley no respondía a los mejores intereses del pueblo.

“Este proyecto de ley pretende servir como un acto de modernización de la ley original, la cual tiene tan solo cinco años de vigencia. Toda política pública debe revisarse para mantenerse al día. Sin embargo, esta legislación no responde a los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico”, indicó el gobernador en la comunicación enviada a la Asamblea Legislativa.

El Proyecto de la Cámara 1078, entre otras cosas, proponía ampliar la definición de cannabis para incluir todo derivado o compuesto con un contenido de THC mayor a 0.3% y hacía ajustes a las facultades de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, adscrita al Departamento de Salud.

Según se desprende de la medida, bajo las disposiciones actuales la industria no ha reflejado el crecimiento proyectado, sino que, por el contrario, ha visto una “merma sustancial” en el número de pacientes y volumen de ventas. En el 2019, por ejemplo, había 395 médicos certificados para expedir recomendaciones de cannabis medicinal y hoy hay 188.

La industria aporta al fisco sobre $28 millones en recaudos por concepto de IVU, y sobre $1.5 millones por el pago de aranceles. “De continuar esta tendencia de pocos pacientes registrados y la proliferación desmedida de dispensarios, se estaría provocando el colapso y fracaso de la industria a tan solo cinco años de su creación”, advertía la medida en su exposición de motivos.

En 2021, la industria de cannabis medicinal en la isla atendía a 120,000 pacientes autorizados. Al presente, existen y se mantienen vigentes 220 licencias de dispensario, 43 licencias de manufactura, 43 licencias de cultivo y cuatro licencias de laboratorio. Del total de dispensarios, 55 o el 25% de dispensarios están en el área de San Juan.

Entre los argumentos presentados por el gobernador, éste rechazó que le fuera retirada la facultad de evaluación y autorización de las licencias a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. “De esta forma promovemos una política pública de transparencia en la toma de decisiones y evitamos la arbitrariedad que pudiera producir el lenguaje aprobado”, argumentó.

Tampoco favoreció una de las enmiendas propuestas que, dijo, eliminaba el actual mandato de la Asamblea Legislativa a los efectos de que la Junta tuviera la facultad de imponer -mediante reglamento-las prohibiciones aplicables a los médicos autorizados. “Favorezco la política pública original que impone penas significativas a quien incumpla con las normas de la Junta”, dijo.

Agregó que la medida tendría un impacto fiscal estimado de unos $2.8 millones sobre el Departamento de Salud. “No contamos con los recursos disponibles para poder satisfacer esta pérdida de ingresos, los cuales son destinados precisamente a la regulación y fiscalización de esta industria de servicios de salud…Conforme a lo anteriormente expresado, le comunico que he impartido un veto expreso al P. de la C. 1078 (en reconsideración)”, concluyó.