El gobernador Pedro Pierluisi decidió no estampar su firma en el Proyecto de la Cámara 474 que buscaba la creación de la Ley de Legitimación Activa Ambiental.

Esta ley hubiese permitido a la ciudadanía, así como a grupos de la sociedad civil, tener acceso a recursos legales para hacer valer las regulaciones ambientales que no solo protegen los recursos naturales, sino que también la propiedad y la vida.

Pierluisi tenía hasta hoy firmarlo, pero quedó vetado.

“En nuestro ordenamiento legal actual, los ciudadanos tienen el derecho de presentar reclamaciones al gobierno y solicitar del Estado la reparación de agravios. Además, existen procesos rigurosos de permisos que requieren el cumplimiento con las leyes de protección ambiental y permiten que cualquier persona o entidad realmente afectada por cualquier proyecto que impacte el ambiente participe en los procesos y se oponga a la concesión de los permisos requeridos”, explicó por escrito el gobernador.

Añadió que dar paso a esta medida “tendría como consecuencia una proliferación desmedida de pleitos judiciales innecesarios que atrasarían la reconstrucción en curso, así como la recuperación económica y creación de empleos que hemos logrado en los pasados dos años”.

“Más aún, la medida hace caso omiso de la legislación y jurisprudencia actual que permite la revisión administrativa y judicial de los procesos y las decisiones de agencias del gobierno. Por consiguiente, no hay razón para trastocar el estado de derecho actual que propicia tanto la conservación como el aprovechamiento de nuestros recursos naturales como bien lo establece nuestra Constitución”, indicó.

El primer ejecutivo recordó, además, que ha tomado otras medidas para proteger el ambiente, como “la asignación de mayores recursos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el cual precisamente reclutará más vigilantes para velar por el cumplimiento de nuestras leyes ambientales, algo que no se hace desde hace casi 20 años”.