El gobernador Pedro Pierluisi vetó 32 medidas legislativas, entre estas el Proyecto de la Cámara 1270 que prohibía el discrimen en el empleo público y privado contra personas que tienen tatuajes, perforaciones corporales (piercings) y el pelo teñido en colores no tradicionales.

De inmediato, uno de los autores de la medida, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, se expresó insatisfecho con la determinación del Ejecutivo y no descartó traer el tema nuevamente ante la consideración de la Asamblea Legislativa.

“Luego de recibir el apoyo, pero sobretodo los testimonios de los empleados públicos, policías y organizaciones que defienden los derechos de este sector de la población, hicimos el esfuerzo de insistir… pero este veto no significa que no volveremos en un futuro a insistir en este tema”, indicó Márquez.

Al impartir el veto, el gobernador argumentó que -aunque coincide en que no existe relación alguna entre la eficiencia de una persona vis a vis sus tatuajes o perforaciones-, la medida “extiende injustificadamente” al sector público la aplicación de la “Ley contra el discrimen en el empleo” (Ley 100-1959) y contiene “lenguaje ambiguo respecto a las facultades de los patronos en cuanto al manejo del personal con tatuajes, perforaciones corporales y cabellos teñidos”.

Pierluisi señaló, además, que la medida está fundamentada en premisas que no están respaldadas por hechos y estadísticas, y “no incluye excepciones que son necesarias para el respeto adecuado a un derecho de esta naturaleza, y se fundamenta en premisas”.

“No comprendo cómo es posible que tú plantees que se está extendiendo asuntos de la Ley 100 a los empleados públicos cuando es la ley que establece el principio general de las prohibiciones de discrimen en el ámbito privado… lo que estamos haciendo es creando una nueva categoría y no extendiendo la ley. Es un subterfugio para no apoyar el proyecto de ley”, argumentó Márquez.

El legislador independentista señaló, igualmente, que la medida contiene un detalle, en la Sección 14, de aquellas instancias en las que el patrono podrá establecer “normas razonables” sobre el uso de perforaciones, tatuajes y cabello teñido, como, por ejemplo, cuando la naturaleza del empleo lo requiera, según ordenado por el Departamento de Salud o el Gobierno.

Es la segunda vez que el primer mandatario tiene ante sí una medida que busca impedir el discrimen contra este sector de la población. En marzo de 2022, Pierluisi vetó el Proyecto del Senado 286 porque contenía “errores en un artículo del Código Municipal de 2020″.

Márquez reconoció que ante la oposición que recibió la medida en la Cámara de parte de algunos legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), sería cuesta arriba ir sobre el veto del gobernador. “Quizás con una nueva legislatura con una nueva visión estemos planteando este tema nuevamente”, señaló.

Entre las medidas vetadas por el gobernador estaba también el Proyecto de la Cámara 378, dirigido a que se haga público el resumen de informes financieros de los integrantes de la Rama Legislativa y Rama Judicial; y la Resolución Conjunta de la Cámara 383, que le ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y LUMA Energy establecer una moratoria para abonados en retraso.

La misma suerte corrió el sustitutivo al Proyecto de la Cámara 626, que enmienda la Ley de Permisos (Ley 161-2009). Al respecto, Pierluisi señaló que la implementación de la propuesta legislativa representaría un retraso de 13 años, ya que convertiría a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en una agencia “solo para recibir y remitir solicitudes de permisos oficiales a las agencias concernidas”.

“La OGPe pierde su facultad de evaluar y de tomar decisiones en representación de su agencia y de hacer cualquier referido que sea necesario a las entidades gubernamentales concernidas. Además, se pierde también la facultad de realizar acuerdos inter-agenciales”, lee la comunicación enviada a la Legislatura.

Otra medida rechazada fue el Proyecto del Senado 973, que establecía un fideicomiso de becas como incentivo para los estudiantes de medicina que se encuentren en cursando estudios en aquellas especializaciones y subespecializaciones de mayor escasez en la isla, porque “no asigna una cantidad recurrente y suficiente para cumplir con su propósito”, sino que “depende de la identificación de fondos”.

La medida ordena al Departamento de Salud y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a identificar y transferir al fideicomiso $30 millones. “El dinero aludido en el proyecto de ley no está disponible en el presupuesto existente del Gobierno de Puerto Rico”, dijo Piuerluisi.