Desde el pasado 15 de noviembre, cuando culminó la pasada sesión ordinaria, el gobernador Pedro Pierluisi ha vetado 17 medidas legislativas, entre las que se encuentra el paquete de medidas energéticas que buscaba atender la crisis energética del país y ponerle punto final al contrato de LUMA Energy para la operación del sistema transmisión y distribución de electricidad.

“El señor gobernador nos sorprende en el inicio de este nuevo año con 17 nuevos vetos, así queremos hacer un gobierno compartido y encaminar las causas de este país. La buena noticia es que, de 17 vetos, solamente dos vetos han sido del Senado y muy lamentablemente el cuerpo hermano ha recibido la noticia de 15 vetos a la suma de los cientos de vetos emitidos por el señor gobernador”, indicó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau.

Las medidas energéticas vetadas fueron el Proyecto de la Cámara (PC) 1397, la Resolución Conjunta del Senado 326 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 235, 315 y 327.

Entre las medidas que no recibieron el aval del primer ejecutivo está también el PC 474, legislación que le hubiera permitido a todo ciudadano defender la protección de los recursos naturales bajo amenaza ante los foros administrativos y judiciales del país. En sus expresiones, el gobernador alegó que darle paso a la medida hubiera provocado una “proliferación desmedida de pleitos judiciales innecesarios” que atrasarían la reconstrucción del país, así como la recuperación económica y la creación de empleos.

Para el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, la determinación del gobernador de emitirle un veto de bolsillo al PC 474. “Nadie dedica ni tiempo, ni recursos, ni dinero a estar radicando recursos que saben que van a ser descartadas por los tribunales. A lo que se le teme son a las demandas justas, a las demandas con fundamentos que van a detener proyectos de los cuales algunas personas se lucran”, señaló Bernabe.

“Al no estar dispuesto a tomar esa posición, supuestamente extrema, de defender el ambiente, lo que el gobernador hace es convertirse en cómplice de los que quieren destruir el ambiente”, expuso Bernabe.

La misma suerte corrieron el Proyecto de la Cámara 1102, para que la Compañía de Turismo sea una corporación pública; y la Resolución Conjunta de la Cámara 416, que le ordenaba al Municipio de Mayagüez transferirle al Departamento de Salud $9 millones del Mayaguez Economic Development (MEDI) para la compra de equipo y materiales para el Centro de Trauma del Oeste.

Otra medida vetada fue la Resolución Conjunta de la Cámara 249 que le ordenaba a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a LUMA Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) establecer una moratoria voluntaria en el pago de los aumentos implementados en ambos servicios. Mientras, el Proyecto de la Cámara 1125, que establecía el uso del marbete electrónico, tampoco fue favorecido por Pierluisi.

Tampoco recibió el aval la Resolución Conjunta de la Cámara 410 que le ordenaba a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a paralizar cualquier trámite dirigido a modificar la Red de Farmacias dentro del Plan Vital.