El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que, aunque está consciente de lo mal pagos que están los empleados del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y otros servidores públicos, no puede hacer promesas que no pueda cumplir respecto a cuándo pudieran ver justicia salarial en el cheque que cobran cada quincena.

Las declaraciones del Primer Ejecutivo surgen luego que Primera Hora le preguntara cuál era la postura del gobierno referente a la petición que hizo la directora del ICF, María Conte, para que se conceda una partida de $3 millones dirigida a reclasificar y retribuir ecónomicamente a los 270 empleados de la agencia. La asignación solicitada está dentro del presupuesto de sobre $20 millones que peticionó Conte al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal.

“No quiero decir eso de esa manera (que no se van a aprobar los $3 millones) porque el presupuesto incluye a más de 100 agencias, todas haciendo reclamos, y nosotros lo que hacemos es que establecemos prioridades dentro del monto que nos permite la Junta. Ese proceso presupuestario está apenas comenzando. Así que mantengan firme ese reclamo y nosotros, dentro de la realidad fiscal que tenemos, haremos lo indecible por cumplirlo. Sino, como quiera trazáremos una ruta para que todos sepan que es lo que viene. Yo no voy a estar prometiendo lo que no puedo cumplir, obviamente. Yo sí tengo un compromiso de mejorarle la paga y la compensacion a todos los servidores públicos en Puerto Rico”, manifestó el gobernador.

Precisamente, este miércoles los empleados del ICF realizaron en su hora de almuerzo un piquete frente a la agencia exigiendo que se asignen fondos que viabilicen aumentos salariales y el reclutamiento de otra veintena de profesionales.

Portavoces sindicales como Carlos Vélez, de los Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), han explicado que con el monto requerido por la doctora Conte se les daría un aumento de $1,000 a los 270 empleados del ICF y se reclutarían uno 25 expertos adicionales que requiere la agencia para operar.

La propia directora del ICF ha explicado, a modo de ejemplo, que actualmente hay plazas vacantes para investigadores forenses, ayudantes de patólogos para la realización de autopsias y químicos, entre otros.

“Tenemos una situación grave con los químicos. Tenemos plazas, pero el sueldo que les podemos pagar a ellos no compara en lo más mínimo con lo que pagan las farmacéuticas o en Estados Unidos”, dijo recientemente a este diario la también patóloga forense al añadir que los salarios en estas vacantes apenas pagan mensualmente entre $2,000 y $2,100.

“Hay mucha gente que está fascinada de trabajar en ciencias forenses porque es un trabajo interesante, pero cuando les dices lo que van a ganar ahí se acaba la ilusión”, manifestó Conte Miller.

Al ser cuestionado con estos ejemplos, el gobernador dijo estar consciente del escenario de precariedad salarial que tienen muchos servidores públicos.

“Los ejemplos sobran. Tenemos un gran número de servidores públicos que no están recibiendo la paga que se merecen... todos tienen derecho a expresarse. Lo único que yo pido es que no interrumpan las labores esenciales que le ofrecen al pueblo”, subrayó el Primer Ejecutivo.

Agregó que en estos momentos el gobierno está en un proceso presupuestario dentro del Plan Fiscal que la JSF certificó y que se hace de “tripas corazones” para complacer las peticiones de todos los empleados del gobierno central. Nuevamente, aludió a que la esperanza de la adminsitración está en los fondos federales que llegarán a futuro, si se aprueba en el Congreso legislación que garantice cientos de millones de dólares anuales a los fondos de Medicaid. Esto liberaría al gobierno estatal de cubrir una gran parte de lo que se asigna al Plan Vital. También hay miras puestas sobre los fondos que se generarían con el llamado impuesto mínimo global a corporaciones foráneas, así como en los recaudos del Departamento de Hacienda.

“Tendremos oportunidades para que la Junta revise ese Plan Fiscal... hay que entender que el Plan Fiscal es como si fuera una ley suprema que va por encima del presupuesto de Puerto Rico. Pero, nosotros estamos haciendo el trabajo y vamos a seguir insistiendo. Ya tenemos un compromiso de la Junta de revisar las escalas salariales de prácticamente todos los empleados del gobierno central, y eso incluye a los del Instituto. Eso sería comenzar el año que viene, pero no claudicamos, vamos a seguir en lucha”, puntualizó Pierluisi.

Precisamente, esta semana el gobernador ordenó a la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales a que se avance con el desarrollo del Plan de Clasificación y Retribución de empleados, el cual estaba pautado a presentarse a la JSF en enero de 2023. En cambio, Pierluisi fue enfático en que para esa fecha “es tarde”.

Y es que si bien es cierto que el Plan Fiscal certificado recientemente por la Junta habla de un proceso de clasificación y retribución de empleados -el cual se estima en unos $84 millones anuales-, esto está condicionado a que se establezca un plan que involucra que las agencias presenten estados financieros auditados.

“La Junta sí le está dando paso a un nuevo plan de clasificación y retribución para todos los servidores públicos del gobierno central. Ese es el que se está elaborando y aunque la secretaria dijo que para enero debe estar listo, eso es tarde. Se lo estoy diciendo mirándola de frente, haz lo que tengas que hacer para que esté antes. Mi compromiso con los medios es que lo vamos a compartir tan pronto esté elaborado”, sostuvo el gobernador en una conferencia de prensa en la que anunció un aumento de $1,000 a más de 25,000 maestros utilizando fondos federales del programa ESSER, dirigido a contrarrestar efectos de la pandemia del COVID-19. Este aumento está garantizado hasta septiembre de 2024, aunque el gobernador insiste en que hay fondos identificados que le darán permanencia recurrente al aumento en el magisterio.