“No hay que ser abogado ni exsecretario de Justicia para ver que aquí tenían una víctima bien vulnerable, que necesitaba del Estado... y el Estado le falló”.

Así describió el gobernador Pedro Pierluisi la inconformidad que siente con el manejo del caso de Andrea Cristina Ruiz Costas, quien antes de ser asesinada por su expareja Miguel Ángel Ocasio, había buscado auxilio en las autoridades judiciales procurando una orden de protección que no le fue concedida.

Las declaraciones del Primer Ejecutivo se llevaron a cabo tras reunirse con los jefes de agencias de seguridad del gobierno, con quienes discutió el tema de violencia de género en Puerto Rico un problema social que, según dijo, le “avergüenza” e “incomoda” muchísimo.

El cónclave sirvió también para evaluar el manejo de los últimos dos feminicidios reportados en la isla con los asesinatos de Andrea Cristina y Keishla Marlen Rodríguez Oriz, cuyos nombres se suman a una larga lista de mujeres que han muertro en sistuciones vinculadas a la violencia machista que impera en la isla.

Trascendió públicamente que Andrea Cristina había culminado una relación con el agresor, a quien denunció por violencia doméstica el pasado 26 de marzo cuando acudió ante la jueza municipal de Caguas, Ingrid D. Alvarado Rodríguez, solicitando una orden de protección que no le fue concedida. El pasado jueves 29 de abril, la mujer fue encontrada muerta en un paraje solitario en Cayey. Su cuerpo estaba parcialmente calcinado. El sábado, Ocasio confesaba el crimen.

En el caso de Andrea Cristina, el gobernador reveló que leyó la denuncia presentada por la mujer cuando buscó ayuda judicial, y aunque resaltó que no estuvo presente en la sala donde se llevó a cabo la vista en la que se le denegó auxilio, sostuvo que la misma contenía información suficiente para hallar causa y expedir una orden de protección. De otra parte, la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez ordenó una investigación de los pormenores que llevaron a la desestimación de las denuncias judiciales de Andrea Cristina.

“Yo leí la denuncia y yo no sé lo que transcurrió en la vista de causa para arresto, bajo la Regla 6, ante la jueza municipal. Pero sí sé que no hubo representante del Ministerio Público en esa vista y eso es lo primero que hay que corregir aquí”, manifestó.

En los casos de violación al artículo 3.1 (maltrato emocional) de la Ley 54 (Violencia Doméstica) no se exige que haya un fiscal presente en la sala de un tribunal.

“De ahora en adelante le he dicho al secretario de Justicia (Domingo Emanuelli) que busquemos la manera, ya sea por reglamentación o legislación, de que siempre haya un fiscal presente en este tipo de vista”, dijo Pierluisi al cuestionar también el hecho de que el victimario tenía antecedentes por violaciones a la Ley 54 y ese “ficheo”, aparentemente, no se presentó ante la jueza Alvarado Rodríguez.

Insistió que de la propia denuncia de Andrea Cristina “se veía que esta víctima estaba bajo asecho, se veía que había que protegerla y la mejor manera era arrestando al imputado, ordenando su arresto”.

“No me protegieron a la víctima en ese momento... eso llora ante los ojos de Dios”, agregó el gobernador que el pasado enero declaró un estado de emergencia por el problema de violencia de género que existe en Puerto Rico.

El Primer Ejecutivo puntualizó que el fin del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE) que se creó a partir de la declaración de emergencia busca fiscalizar, movilizar y recomendar acciones concretas para combatir el problema de violencia machista. De hecho, mencionó que a raíz de los asesinatos de Keishla y Andrea Cristina ayer el grupo tuvo una reunión extraordinaria en la que se discutieron las deficiencias que se pudieron haber dado en ambos casos.

En el caso de Keishla - una mujer embarazada que tenía 27 años y que, según alegaciones de las autoridades federales, fue secuestrada y asesinada por el púgil Félix Verdejo- se activó por primera vez la Alerta Rosa. Este es un mecanismo que deben seguir las agencias de seguridad y entidades públicas ante la posible desaparición o secuestro de una mujer de 18 años o más.

La investigación del caso de Keishla se trabajó por la policía estatal y federal. Pierluisi catalogó de “excelente” la pesquisa para lograr el esclarecimiento del caso en menos de 48 horas. De hecho, se evalúa radicar cargos por asesinato a Verdejo a nivel de tribunal estatal. Sin embargo, el gobernador reconoció que hay que trabajar con las notificaciones a través de mensajes de textos de los celulares cuando se active la Alerta Rosa, algo que no ocurrió en el caso de Keishla.

De otra parte, el gobernador y los miembros de PARE reconocieron la importancia de implementar el currículo con perspectiva de género en el sistema público del país, lo que prevé que ocurrirá a partir del próximo semestre escolar en agosto.

“Mi deseo personal es que comience a partir del mes de agosto cuando se retome la educación presencial en el sistema público, asumiendo que la pandemia estará bajo control en ese entonces”, expresó el gobernador.

A los que critican la iniciativa del currículo con perspectiva de género los invitó a hacer un análisis de lo que se propone.

A mediados de abril el juez Anthony Cuevas Ramos desestimó una demanda incoada por las legisladoras del Proyecto Dignidiad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos, quienes buscaban detener la implementación del currículo.

“Tienen que dejar ya de estar etiquetando esto y despechándolo como algo ideológico o de agenda. Se trata de propiciar que nuestros niños y jóvenes aprendan que todos somos iguales”, añadió.

Además, manifestó que hay que mejorar las estadísticas relacionadas a la violencia de género pues “no son confiables”.

“Hay que tener mejores estadísticas y que los casos que constituyen feminicidio se tipifiquen de esa forma. Sé que hay proyectos en la legislatura para tipificar el delito de feminicio y lo apoyamos”, dijo en referencia al Proyecto del Senado 130.

Gobernador insiste en que la Junta no concedió fondos para PARE

De otra parte, el gobernador insistió en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha negado la petición de $7 millones que solicitó para poner en marcha las estrategias contra la violencia de género que se desarrollan a través de PARE y otras agencias gubernamentales. El gobierno persiste en que sólo se aprobaron $250,000 del monto solicitado.

Anoche la JSF envío una declaración catalogando de “incorrecta” la información, aludiendo que Pierluisi solicitó los fondos del prespuesto propuesto, uno que aun no ha sido certificado. Asimismo, afirmaron que el organismo aprobó $225,000 del fondo general para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y $3 millones para el reclutamiento de personal especializado para las unidades de violencia doméstica, crímenes sexuales y de abuso de menores.

“Es bien importante que cada cual asuma sus responsabilidades... todavia pueden corregir y pueden rectificar. Los $7 millones que este servidor incluyó para el comité PARE no los concedieron. Sólo dieron $250,000. En cuanto a eso de que asignaron $3 millones que yo pedí para el Departamento de Justicia, que quede claro que eso fue para el reclutamiento de fiscales en general. Que no traten de confundir las cosas. Los $7 millones que pedí no los han concedido. ¡Que los concedan!”, dijo eufórico el gobernador.

No obstante, aclaró que se buscan recursos en el presupuesto actual, en el propuesto y en los fondos federales por la pandemia para asegurar “que cumplimos con al seguridad de nuestra gente”.