Pedro Pierluisi no descartó recurrir al Departamento de Justicia si no surten efectos los intentos de recobro de $186,300 de fondos públicos identificados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) como un monto acumulativo que se pagó incorrectamente a través de la Oficina del Gobernador -durante las administraciones de los exgobernadores Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló- a contratistas y una ayudante. La alegación de la agencia fiscalizadora, que recomendó recobrar el dinero, es que los pagos se hicieron contrarios a los reglamentos y procesos de contratación.

“Siempre ha sido mi postura que los señalamientos de la Contralora (Yesmín Valdivieso) hay que atenderlos sea lo que sea... estaré pendiente sí, y si no surte efecto, por ejemplo, un intento de cobro de algo que se deba, que lo tengo que confirmar, pues entonces es que uno refiere el asunto al Departamento de Jusiticia y yo estoy seguro que si yo hiciera el referido, Justicia lo atenderá”, acotó el Primer Ejecutivo.

Pierluisi estableció que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) ya ha recuperado parte del dinero señalado en auditoría. Hizo referencia a que la OCE ordenó al comité de Rosselló restituir cerca de $230,000 al Departamento de Hacienda. Este monto había sido pagado a Allied Car & Truck Rental por el gobierno, luego que el comité político del exgobernador lo contrara durante la campaña electoral de 2016. Se trataba de ocho vehículos utilizados por Rosselló y la exprimera dama Beatriz Rosselló, las escoltas y otros funcionarios de su oficina. En cambio, la Oficina del Contralor de Puerto Rico determinó que el comité todavía adeuda $84,744. Pierluisi insistió que ese diferencial debe ser cobrado por el Contralor Electoral y no por la Oficina del Gobernador.

La dependencia fiscalizadora pidió recobrar también $90,862 pagados por el arrendamiento de un local utilizado como archivo inactivo durante períodos en que no existía un contrato escrito válido. Esta situación ocurrió entre enero de 2013 a octubre de 2018, cuando se sucedieron en el poder ejecutivo García Padilla y Rosselló. Con relación a ese mismo establecimiento se encontró que el director de Finanzas de la Oficina del Gobernador autorizó 10 pagos que se excedían en $174, cada uno, lo pactado en el contrato de arrendamiento pactado.

Asimismo, el informe pide también la restitución de $9,000 pagados como salario a una funcionaria que ocupó el puesto de ayudante de gobernador bajo Rosselló y dirigía la Oficina de la Primera Dama sin haber prestado juramento al cargo. La empleada, Yamilette Flores Díaz, ocupó el cargo del 1 de julio al 16 de agosto de 2019, al tiempo en que también poseía contratos con la Autoridad de Tierras y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Esto es contrario a la Constitución del Estado Libre Asociado y al Código Político, señaló la Contralora.