El gobernador Ricardo Rosselló Neváres rechazó el proyecto de la Cámara 1018 que le permitiría a una persona negarse a realizar algo por razones religiosas, una medida que ya ha recibido críticas por tratarse de una forma de legalizar la discriminación.

“Nuestra Administración ha establecido de forma clara que no va a limitar derechos que han sido otorgados a distintos sectores de nuestra sociedad, tanto a nivel judicial como por vía legislativa. Rechazamos cualquier legislación, como el P. de la C. 1018, que impida que un ciudadano reciba servicios gubernamentales por la religión que practique o por su orientación sexual. Este tipo de medidas no tienen paso en esta Administración.  El Gobierno continuará procurando brindar servicios de calidad y de forma eficiente a todos los sectores de nuestra población”, declaró Rosselló Neváres a través de un comunicado de prensa.

La exposición de motivos del P. de la C. 1018 establece la "Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico" y dispone en su exposición de motivos que "numerosos movimientos religiosos en Estados Unidos y Puerto Rico han venido denunciando en los tribunales la aprobación de leyes de aplicación general que atentan contra sus principios y actividades religiosas" y que "en respuesta a lo anterior" el presidente Bill Clinton aprobó el Acta de Libertad religiosa.

Esa ley federal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero el Congreso la enmendó y desde entonces se han creado 21 leyes estatales similares a la que ahora se intenta aprobar en Puerto Rico.

La medida prohíbe "imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona" y se define ejercicio religioso como "realizar un acto o el rechazo a realizar un acto el cual es motivado sustancialmente por una creencia religiosa".