El gobernador Pedro Pierluisi reiteró hoy que, al momento, no se ha aprobado ningún cargo adicional a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) relacionado con las negociaciones de su deuda. Agregó en tono optimista que, incluso, existe la posibilidad de que no se imponga cargo alguno, porque la corporación pública podría generar ahorros sustanciales una vez comience a incorporar más energía renovable de varios proyectos a escala industrial que están “encaminados”.

De acuerdo con Pierluisi, las cifras y estimados sobre posibles tarifas o cargos que estarían pagando los clientes del AEE tras un eventual acuerdo de restructuración de la deuda de esa corporación pública, “no son reales, ni es lo que está sobre la mesa”.

Insistió en que, en su administración, “estamos concentrados, enfocados, en la reducción de la deuda. Queremos que esa reducción sea bien sustancial”.

Recordó, sin embargo, que se trata de una deuda que “se acumuló por décadas en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y al final de este proceso de restructuración, se va a tener que pagar la cantidad que se acuerde y que el tribunal apruebe”.

El gobernador comentó que hay análisis que “están partiendo de la premisa de que esto va a conllevar un aumento significativo en el costo de la luz. Y la contestación es que, no necesariamente. Porque, primero que nada, es la Autoridad de Energía Eléctrica la que va a tener que pagar, de sus propios recursos, el servicio de la deuda restructurada que se acuerde. Y será el Negociado de Energía el que va a establecer cuáles son los cargos que los consumidores tendremos que pagar”.

El pasado viernes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó el primer borrador del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la AEE ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en el que expone que los consumidores tendrán que asumir un cargo “híbrido” en la tarifa de conexión y el cargo “volumétrico” por unos 35 años para atender la deuda de más de $9,000 millones de la corporación pública. No se especificó de cuánto sería el cargo por abonado residencial o comercial.

“En su momento, cuando se sepa a ciencia cierta cuál es la cantidad a pagar, luego del proceso de quiebra, entonces esa cantidad hay que incorporarla en el presupuesto de la Autoridad. Es el Negociado de Energía el que aprueba ese presupuesto, y es el Negociado de Energía el que evalúa si el cargo base que tenemos en la factura da para cubrir ese presupuesto”, insistió Pierluisi, en declaraciones ofrecidas durante la inauguración oficial de las instalaciones de la terminal de carga International Public Terminal en el puerto de San Juan.

Recordó que “la parte del combustible, de compra de combustible y compra de energía es aparte”, y varía según el costo del petróleo en el mercado y los contratos de compra de energía que tenga la AEE con generadoras privadas.

Agregó que el gobierno está apoyando a la JSF en su gestión para impugnar unas reclamaciones que están ante el tribunal sobre derechos de los bonistas de la AEE. Sostuvo que, “como lo ha planteado la Junta en el plan de ajuste es que, les da dos opciones a esos bonistas: o aceptas una reducción del 50% en el pago del principal del bono, o litigas. Y si litigan lo que se buscan es que entonces lo que van a cobrar es sustancialmente menor, porque serían tratados en términos generales como acreedores generales de la Autoridad”.

Reiteró que se trata de “un asunto complejo”, y que hay personas “creando unos escenarios negativos, cuando no estamos ahí”.

“Ahora lo importante es que esto continúa ante el tribunal federal, y sabremos en su momento cuál es la cifra, cuál es la reducción de esa deuda, y yo quiero que sea la mayor posible”, insistió.

No obstante, el gobernador admitió que sí “está la posibilidad” de los abonados tengan que pagar más en su factura. Pero insistió que podría darse el escenario de que no ocurra ese aumento, con los aumentos que se esperan una vez se vayan apagando las viejas unidades generatrices a base de combustibles fósiles, con la entrada de más energía renovable al sistema.

Asimismo, reconoció que la deuda es parte de los gastos de la Autoridad, que los paga el pueblo, y que “el pensar que la deuda va a bajar a cero, no es correcto. No voy a estar creando esa expectativa, porque sería engañar al pueblo”.

“Ahora lo que estamos es en un proceso de reducir esa deuda. Eventualmente, vamos a saber cuánto de la deuda que acumuló la Autoridad, que cuando incluyes las pensiones estás hablando de alrededor de $12,000 millones, vamos a saber cuánto de esa deuda es lo que va a quedar a pagar”, reiteró el gobernador. “Así que no nos anticipemos. Lo importante es enfocarnos en que baje la deuda. Queremos que sea un porcentaje sustancialmente menor”.

“Extraña” petición a Hacienda

Por otro lado, el gobernador calificó como algo “un tanto extraño” que “me parece que no es correcto” el supuesto de que se le pediría al Departamento de Hacienda la información contributiva de los clientes para un eventual aumento de la tarifa de los clientes, y refirió el tema al secretario de Hacienda.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, explicó a Primera Hora que la Carta de Derecho del Contribuyente en Puerto Rico e incluso la Constitución de los Estados Unidos, principalmente bajo el derecho de la protección de la intimidad de los ciudadanos, prohíben que información incluida en la planilla de contribución sobre ingresos sea compartida por la agencia a un tercero.

Por ello, estableció que “pienso que se necesita legislación” para que la JSF logre lo propuesto en el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE, que es que Hacienda entregue a LUMA la información contributiva de los abonados para fijar el cargo en la tarifa que se impondría para pagar la millonaria deuda de la corporación pública.

“Recordemos que la información contributiva viene protegida por la Carta de Derechos del Contribuyente, que ahí está la famosa tarja (que ubica en el vestíbulo de la agencia). Y, de igual manera, nos requiere a nosotros, por regla general, que cuando se le va a compartir información a un tercero, los contribuyentes deben ser notificados y, por regla general, el contribuyente debe refrendar (autorizar) el compartir esa información”, sentenció en conferencia de prensa realizada en la sede de Hacienda, en San Juan.

El secretario informó que la JSF no le consultó a la hora de escribir en el Plan de Ajuste este requisito para poder fijar el cargo que pagarán los abonados a LUMA para saldar la deuda. Pero, aludió a que tampoco tenían que hacerlo, ya que dicho ente “es representante del Gobierno de Puerto Rico”.

Lo que dejó claro fue que el gobierno sí fijó una postura en contra de que les requiera compartir información contributiva para fines de fijar un cargo.

De paso, Parés Alicea aceptó que comparten información contributiva con la Junta, pero de manera genérica. No incluyen nombres, números de Seguro Social, dirección o cualquier otro dato que identifique a un contribuyente, ya que dijo está prohibido.

“Se le ha provisto información que se llama ‘protegida’, que se borra la información de contribuyentes en particulares y sí se envía información de índole contributiva para que ellos puedan hacer sus análisis económicos, pero siempre preservando la identidad”, expuso.

Comentó que hay jurisprudencia de casos que han llegado a los tribunales en las que, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos no ha podido obtener información contributiva de personalidades importantes.

Dijo que, en ocasiones, cuando una persona es acusada criminalmente, se ha requerido información contributiva mediante una orden judicial. Señaló que el único uso que se le puede dar a la misma es para “fines investigativos”.

“No es típico que en un trámite masivo se compartan datos contributivos entre instrumentalidades de gobierno o entre el gobierno y una entidad privada. Eso yo no lo he visto, al momento. No quisiera entretener un escenario como ese, puesto ya que el gobierno en su inicio rechazó ese tipo de oferta. Sin embargo, hago hincapié en que el Departamento Hacienda tiene una responsabilidad de velar por los derechos de los contribuyentes”, afirmó.

Por último, el titular de Hacienda no se aventuró a proyectar una decisión en contra de los derechos de los contribuyentes por parte de la jueza a cargo del proceso de quiebra, Laura Taylor Swain, al explicar esta controversia.

“No voy a entretener ideas o especulaciones sobre esto. Yo, obviamente, oriento a la ciudadanía de que hay unas garantías de protección ante esa información contributiva. Que los tribunales puedan decidir de X o Y manera, eso es trámite, verdad, de los tribunales. Ellos son los que tendrán que responder ante los cuestionamientos que se puedan levantar. Yo sí traigo que nosotros velamos por la información privilegiada de los contribuyentes con mucho celo y sabemos que es información sumamente sensitiva y que los contribuyentes tienen unos derechos sobre la confidencialidad de esa información”, sentenció.