En Puerto Rico hay un déficit mínimo de 20,000 trabajadores que ayuden en los proyectos agendados para la reconstrucción de la infraestructura de la Isla, lo que supone un reto que el gobernador Pedro Pierluisi busca aliviar mediante una petición que hizo al gobierno de Estados Unidos para establecer un programa de visados especiales y exclusivos para obreros que puedan movilizarse al archipiélago.

Explicó que recientemente conversó directamente con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, sobre la necesidad de obreros para los proyectos de reconstrucción en la Isla tras los azotes de los huracanes Irma y María (2007) y los terremotos (2020). Los trabajos en agenda buscan mejorar la resiliencia de las viviendas, edificaciones, carreteras y los sistemas de acueductos y energía eléctrica.

“Lo que yo he hecho es que he levantado un reclamo al secretario Alejandro Mayorkas, del Departamento de Seguridad Doméstica de Estados Unidos para que se establezca un programa particular para Puerto Rico, pero con miras a que tengamos el personal que necesitamos para reconstruir la Isla con los fondos federales que tenemos disponible. Yo he levantado ese reclamo. Se está estudiando en el Departamento de Seguridad Doméstica o Seguridad Interna a ver cómo se pudiera llevar a cabo y estoy a la espera de ver cuál es la decisión final del secretario Mayorkas”, puntualizó.

¿Cuántos trabajadores se necesitarían?, le preguntó Primera Hora.

“Eso es medio especulativo. O sea, en el área de la construcción, pues ahora mismo están laborando alrededor de 35,000 trabajadores. Algunos dicen que necesitamos 20,000 más, otros hasta exceden ese número. Cualquier cantidad adicional va a ser bienvenida”, respondió.

De otra parte, el gobernador no se mostró asombrado con el hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional no haya escogido a ninguna de las seis empresas puertorriqueñas que solicitaron ser parte del programa federal H2-B para traer a la Isla trabajadores extranjeros para obras temporeras no agrícolas. Según publicó El Nuevo Día, la mayoría de las compañías que solicitaron visas entre enero y abril estaban ligadas a la industria de la construcción y buscaban un total de 41 trabajadores, tal como fue confirmado por Isis Jiménez del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

“Si se fijan, yo nunca hice expresiones como que esa vía brindaba la solución, porque al revés, siempre dije públicamente de que ese programa tenía un tope. Si mal no recuerdo, son 65 o 66 mil personas a nivel de todo Estados Unidos. O sea que el impacto que podía tener ese programa en Puerto Rico es muy limitado. Vi con buenos ojos de que se permita que trabajadores de la República Dominicana participen de este programa H2-B Pero siempre yo estaba al tanto de que ese programa es muy limitado”, subrayó el gobernador.

De otra parte, el Primer Ejecutivo dijo estar consciente de que la paga por hora en la industria de la construcción está “pagando más” de lo que tal vez se ofrece a nivel local para la obras de reconstrucción.

“Yo mismo emití una orden ejecutiva requiriendo que en proyectos de construcción con fondos federales se pague un mínimo de $15 la hora para los obreros diestros. Para los no diestros establecí que el mínimo debe ser $11 la hora. Pero me consta que la industria está pagando más, porque así es que esto funciona”, expresó sobre la orden ejecutiva que emitió el pasado mes de febrero y en consistencia con la política pública de la administración del presidente Joe Biden que ordenó una paga mínima de $15 por hora para empleados contratistas del gobierno federal.

La Orden Ejecutiva estableció el Programa Piloto para la Incorporación de Acuerdos Laborales de Proyectos que se implantará únicamente en los proyectos de construcción de más de $5 millones y que sean sufragados total o parcialmente con fondos federales destinados a la reconstrucción provenientes del programa de Asistencia Pública de FEMA bajo la Sección 406 de la Ley Stafford. Es importante mencionar que no aplica a proyectos de municipios, ni entidades no gubernamentales. El Acuerdo Laboral será requisito para licitar en una subasta relacionada a un proyecto piloto. Además, se aplicará a todos los trabajos cubiertos bajo la subasta adjudicada y no incluye ningún otro trabajo adjudicado bajo licitaciones anteriores o posteriores. Tampoco incluye contratos otorgados y ejecutados para trabajo de limpieza o remoción de escombros.

Entre las asignaciones de FEMA y CDBG-DR para propósitos de la reconstrucción de la Isla, así como las partidas de las leyes CARES y ARPA, con motivo de la pandemia del COVID-19, Puerto Rico tendrá acceso a casi de $80,000 millones en fondos federales de recuperación. De ese monto, más de $67,000 millones han sido obligados, pero solo $23,000 millones se han desembolsado.